Algunas personas liberadas, centenares detenidas arbitrariamente

Entre el 23 y el 24 de agosto de 2025, 13 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos fueron puestas en libertad en Caracas, Venezuela. Las 13 habían permanecido recluidas en El Helicoide, un centro de detención gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y entre ellas se encontraban Pedro Guanipa, Rafael Ramírez y Américo de Grazia. Mientras tanto, 816 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según la ONG Foro Penal, y siguen practicándose nuevas detenciones de manera casi sistemática. Pedimos a Nicolás Maduro que ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y que proteja sus vidas, su integridad física y sus garantías procesales mientras permanezcan recluidas.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Presidente de la República

Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores, Av. Nte. 10, Caracas 1012,

Caracas, Venezuela

 

Presidente Maduro:

 

Tomando nota de la reciente decisión de poner en libertad condicional a 13 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, nos dirigimos a usted para reclamar que se retiren todos los cargos en contra de estas personas liberadas y que se ponga en libertad incondicional a todas las personas que continúan sometidas a detención injusta en Venezuela.

Tras las controvertidas elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, más de 2.200 hombres, mujeres, niños y niñas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a juicios injustos, muchos de ellos sin ningún motivo. Muchas otras personas fueron detenidas por ejercer su derecho de protesta pacífica sólo para ser acusadas de delitos discrecionales como “terrorismo”, conspiración o incitación al odio. Decenas de las personas recluidas fueron detenidas por mantener y expresar opiniones políticas discrepantes; entre ellas se encontraban algunas de las que han sido liberadas recientemente de El Helicoide, en Caracas.

Amnistía Internacional ha emitido varias acciones urgentes en las que pedía la liberación y protección de estos miles de víctimas. En abril de 2025, la organización recibió con preocupación los informes que indicaban que las autoridades venezolanas habían retenido y ocultado la información sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas, o habían mantenido a personas en régimen de incomunicación prolongada para dejarlas en una situación de indefensión y facilitar actos de tortura y malos tratos. Muchas de esas situaciones constituían desapariciones forzadas. El 23 y 24 de agosto de 2025, Américo de Grazia, Pedro Guanipa y Rafael Ramírez fueron puestos en libertad. Los procedimientos contra De Grazia continuarán con éste en libertad, mientras que Guanipa y Ramírez están bajo arresto domiciliario. Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Luis Somaza, Alfredo Díaz, Luis Palocz, Ricardo Estévez, Jesús Armas, María Oropeza, Nélida Sánchez, Roland Carreño y Edwin Moya permanecen en detención arbitraria.

Aunque saber que algunas de estas personas ya no están separadas de sus familias ofrece un cierto grado de alivio, nos siguen preocupando tanto los procedimientos penales en curso contra ellas como los derechos y la seguridad de quienes permanecen en detención arbitraria en Venezuela. Una vez más, recordamos a las autoridades venezolanas que la desaparición forzada y la tortura son actos terminantemente prohibidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Los responsables de cometer estos crímenes de derecho internacional podrían enfrentarse a investigación y a procesamiento penal por parte de tribunales de justicia independientes fuera de Venezuela.

Le pedimos que ponga de inmediato en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidas las mencionadas más arriba. Mientras esté bajo custodia del Estado, toda persona detenida debe gozar de protección de su vida y su seguridad, así como de todas las garantías procesales, como por ejemplo abogados de su elección, atención médica adecuada y visitas familiares.

 

Atentamente, [NOMBRE]

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

Venezuela lleva más de un decenio sufriendo una profunda crisis de derechos humanos. Durante este tiempo, Amnistía Internacional ha informado de graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y de una compleja emergencia humanitaria que ha llevado a más del 25% de la población a huir del país. La represión política en curso ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro, destinada a silenciar cualquier forma de disidencia o presunta disidencia, alcanzó niveles históricos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Los patrones de persecución registrados después de esa fecha coincidían con los denunciados en el decenio anterior, y aún continúan en agosto de 2025.

Desde el 28 de julio de 2024 se han registrado más de 2.200 detenciones arbitrarias de manifestantes, opositores políticos, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos e incluso transeúntes. Estos miles de víctimas se unieron a las, al menos, 300 personas detenidas desde antes de las elecciones. Casi todas estas personas han sido sometidas a procedimientos penales arbitrarios, acusadas de cargos de “terrorismo” e incitación al odio, muchas de ellas simplemente por discrepar del actual gobierno. También ha habido niños, niñas y adolescentes, y personas con algún tipo de discapacidad, que han sido víctimas de estas violaciones de derechos humanos, y en muchos casos han sufrido tortura y otro trato cruel, inhumano o degradante. Según la ONG venezolana Foro Penal, a 21 de agosto de 2025 había 815 personas sometidas a detención arbitraria por motivos políticos, y se desconocía el paradero de 45 personas. Estas cifras aún no se han actualizado desde las liberaciones llevadas a cabo entre el 23 y el 24 de agosto.

Basándose en la Acción Urgente emitida en abril de 2024, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe en el que exponía los casos de 15 personas cuyas historias demostraban el uso generalizado de la desaparición forzada en Venezuela, concretamente entre agosto de 2024 y junio de 2025. A 11 de agosto de 2025, ocho de esas personas seguían en situación de desaparición forzada: Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Eudi Andrade, Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Rory Branker y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano). Se ha determinado el paradero de Alfredo Díaz, Dennis Lepaje, Eduardo Torres, Raymar Pérez y Rosa Chirinos, que permanecen en detención arbitraria.

Como parte de su política de represión, el gobierno venezolano ha intimidado, criminalizado y censurado a organizaciones de la sociedad civil y activistas, que trabajan en un entorno sumamente represivo sin acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación o el alimento. Esta combinación mortal ha llevado a un número sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir del país en busca de seguridad y protección. A diciembre de 2024, 7,9 millones de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela habían huido del país.

Desde 2020, los informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIDH), de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecución extrajudicial, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos cometidos en el país desde 2014. La Misión también ha documentado las maneras en que se utiliza el sistema de justicia como instrumento para la política de represión del gobierno, y ha concluido que algunos de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. En particular, en 2024 la Misión concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, específicamente sobre “privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (...); tortura (...); violación y/u otras formas de violencia sexual (...); y persecución por motivos políticos” cometidos por fuerzas de seguridad estatales, autoridades civiles y colectivos progubernamentales desde al menos abril de 2017.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 31 de enero de 2026

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas detenidas por motivos políticos (no procede)

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/9257/2025/es/

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