Global: Confrontar la economía política global que facilita el genocidio, la ocupación y el apartheid por parte de Israel

“Estados, instituciones públicas y empresas de todo el mundo están facilitando con su complicidad, su apoyo o su parálisis autoimpuesta, las prolongadas violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidos su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, su ocupación ilegal de todo el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y su cruel sistema de apartheid contra toda la población palestina cuyos derechos controla, o beneficiándose de ellas”, afirma Amnistía Internacional en un documento publicado hoy que incluye llamamientos urgentes a Estados y empresas.

“Ya es hora de que los Estados, las instituciones públicas, las empresas, las universidades y otros actores no estatales pongan fin a su adicción letal a las ganancias y los beneficios económicos a toda costa. La prolongada ocupación ilegal por parte de Israel y décadas de apartheid han requerido un apoyo a fondo y continuo a ese país mediante las relaciones económicas y el comercio. Mantener 23 meses de bombardeos incesantes y un genocidio en curso ha requerido un suministro interminable de armas y equipos de vigilancia respaldado por unas relaciones comerciales privilegiadas y unos Estados y unas empresas dispuestos a ignorar lo indefendible”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Esto debe terminar. La dignidad humana no es una mercancía. Mientras las madres palestinas de Gaza tienen que ver cómo sus hijos e hijas se consumen de inanición bajo el genocidio israelí, las empresas armamentísticas y de otra índole siguen cosechando importantes beneficios. Amnistía Internacional pide a sus miembros y simpatizantes de todo el mundo que exijan el fin inmediato de la economía política que sustenta los crímenes de derecho internacional de Israel.

“El documento que publicamos hoy identifica las medidas que deben tomar los Estados para cumplir sus obligaciones: desde prohibir e inhabilitar a las empresas que contribuyen o están directamente vinculadas a los crímenes de Israel, hasta promulgar leyes y normativas efectivas, pasando por la desinversión y el cese de compras y contratos. También enumera las acciones que deberían adoptar las empresas, como la suspensión de ventas y contratos, y la desinversión”.

“Además, el documento nombra 15 empresas que, según ha identificado Amnistía Internacional, contribuyen a la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional de Israel. Entre ellas figuran las multinacionales estadounidenses Boeing y Lockheed Martin; las empresas armamentísticas israelíes Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); la empresa china Hikvision; el fabricante español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); el conglomerado surcoreano HD Hyundai; la empresa de software estadounidense Palantir Technologies; la empresa tecnológica israelí Corsight y la empresa de aguas estatal israelí Mekorot”.

“Pero no nos equivoquemos: estas 15 empresas son sólo una pequeña muestra de todas las empresas responsables de sostener un gobierno que está provocando una hambruna artificial y cometiendo un homicidio masivo de civiles, que niega sus derechos fundamentales a la población palestina desde hace décadas. Todos los sectores económicos, la inmensa mayoría de los Estados y muchas entidades privadas han contribuido a sabiendas al genocidio israelí en Gaza y a su brutal ocupación y apartheid en el Territorio Palestino Ocupado o se han beneficiado de ellos.

Amnistía Internacional publica este conjunto de llamamientos urgentes a Estados y empresas el aniversario de la resolución de 18 de septiembre de 2024 de la Asamblea General de la ONU que exigía que Israel pusiera fin a su ocupación ilegal del territorio palestino en el plazo de 12 meses desde su adopción. La resolución se adoptó para implementar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024 que declaraba que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal, que sus leyes y políticas discriminatorias contra la población palestina en el TPO violan la prohibición de la segregación racial y el apartheid, y que se debe poner fin rápidamente a la presencia de Israel en el TPO.

Estas empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos o sufrir las consecuencias de sus actos.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

La Asamblea General de la ONU pidió a los Estados miembros que tomaran medidas concretas para implementar la declaración de la Corte y poner fin a la ocupación israelí del TPO, lo que incluía tomar “medidas para impedir que sus nacionales, empresas y entidades bajo su jurisdicción participen en actividades que respalden o sostengan la ocupación israelí […] cesar la importación de productos originados en asentamientos israelíes y poner fin a la transferencia de armas, municiones y equipos afines a Israel en casos en los que haya motivos razonables para sospechar que podrían ser usados en el Territorio Palestino Ocupado” y “aplicar sanciones, como prohibiciones de viajar y congelación de bienes, a personas y entidades implicadas en el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio” [traducción de Amnistía Internacional].

“El plazo de 12 meses que estableció la resolución de la Asamblea General de la ONU para que Israel se retirase del Territorio Palestino Ocupado expira hoy, pero Israel sigue sometiendo al hambre y matando a la población palestina a diario. La mayoría de los Estados miembros no han hecho casi nada para presionar al gobierno israelí para que cumpla la resolución. Deben poner fin a su inercia, indefendible y autoimpuesta, y suspender inmediatamente todas las actividades que contribuyan a las violaciones israelíes del derecho internacional; de lo contrario, serían cómplices del crimen de derecho internacional de apartheid, de genocidio y de otros crímenes previstos en el derecho internacional”, dijo Agnès Callamard.

Amnistía Internacional pide a los Estados que prohíban, con efecto inmediato, el suministro a Israel de todas las armas, equipos y servicios militares y de seguridad, y de todos los equipos de vigilancia, inteligencia artificial e infraestructura en la nube empleados para apoyar actividades de vigilancia, de seguridad y militar. Esto incluye prohibir el tránsito y el transbordo de armas, equipos militares y de seguridad y piezas y componentes relacionados destinados a Israel a través de su jurisdicción y sus puertos, aeropuertos, espacio aéreo y territorio.

La organización también pide que se ponga fin al comercio con, y a la inversión en, empresas con sede en cualquier parte del mundo que estén contribuyendo al genocidio, al apartheid o a la ocupación ilegal israelíes. Éstas incluyen, como mínimo, las empresas que figuran en el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado y en la base de datos de la ONU de empresas que contribuyen a los asentamientos ilegales. Los Estados deben asegurarse de que las empresas que operan dentro de su jurisdicción cumplen estas prohibiciones.

Empresas que contribuyen a la ocupación ilegal de Israel y/o a crímenes de derecho internacional

Amnistía Internacional ha documentado los abusos que cometen desde hace años varias de estas empresas, y ha escrito a todas las empresas citadas en este documento formulándoles preguntas sobre sus actividades en Israel y el TPO, y les ha expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos expuestas en este documento. En 2025, sólo cinco empresas enviaron sendas respuestas, que se reflejan en el documento.

Amnistía Internacional ha documentado el uso de bombas y kits de guiado de Boeing en ataques aéreos ilegales realizados en la Franja de Gaza ocupada. En concreto, es probable que el ejército israelí usara armas fabricadas por Boeing, incluidas municiones de ataque directo conjunto (JDAM) y bombas GBU-39 de pequeño diámetro, en una serie de ataques aéreos mortales que causaron la muerte de decenas de personas civiles palestinas en Gaza, incluidos numerosos niños y niñas.

Lockheed Martin suministra y mantiene aviones F-16 y la creciente flota israelí de aviones de combate F-35, la columna vertebral de la Fuerza Aérea Israelí que se está usando ampliamente durante el bombardeo de Gaza.

Las tres mayores empresas armamentísticas israelíes —Elbit Systems y las empresas estatales Rafael Advanced Defense Systems e IAI— suministran al ejército israelí bienes y servicios militares y de seguridad por valor de miles de millones de dólares anuales que incluyen drones de vigilancia y drones armados, municiones de merodeo y sistemas de seguridad de fronteras que Israel usa continuamente en su ofensiva militar en Gaza y en todo el resto del TPO. Elbit Systems —la única empresa armamentística que respondió a la petición de información adicional formulada por Amnistía Internacional— desestimó los motivos de preocupación de Amnistía Internacional y alegó que la empresa operaba de forma legal, suministrando “a un gobierno soberano, no sancionado, reconocido por la comunidad internacional”.

Israel también usa actualmente productos y servicios de vigilancia de Hikvision en su sistema de apartheid contra la población palestina, mientras Corsight está especializada en el desarrollo y venta de software de reconocimiento facial que el ejército israelí usa en su ofensiva en Gaza.

No podemos permitir que el sufrimiento inmenso, inconcebible, de la población palestina sea ignorado un minuto más.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Palantir Technologies, empresa estadounidense de inteligencia artificial, viene suministrando productos y servicios de inteligencia artificial al ejército y a los servicios de inteligencia de Israel que están ligados a las actividades militares de Israel en Gaza.

Mekorot contribuye a la ocupación ilegal de Israel del Territorio Palestino mediante la gestión de la infraestructura y las redes de agua en Cisjordania en formas que discriminan a la población palestina y favorecen a los asentamientos ilegales israelíes. CAF apoya el proyecto de tren ligero de Jerusalén que facilita la expansión de los asentamientos israelíes, mientras HD Hyundai produce, mantiene y presta servicios de maquinaria pesada utilizada en demoliciones ilegales en el TPO.

En 2019, Amnistía Internacional también puso de relieve que las destacadas empresas de turismo online Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor han contribuido al mantenimiento, la consolidación y la expansión adicional de asentamientos ilegales israelíes en el TPO. Aunque Amnistía les pidió que se desvincularan responsablemente de hacer negocios en asentamientos israelíes, estas empresas siguen teniendo anuncios en ellos.

“Estas empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos o sufrir las consecuencias de sus actos. Deben asegurarse de que no están implicadas en forma alguna en la ocupación ilegal y los crímenes de derecho internacional de Israel. De lo contrario, tanto las empresas como su personal y los miembros de sus juntas directivas corren el riesgo de incurrir en responsabilidad civil y, en algunos casos, incluso de posible responsabilidad penal por complicidad en los crímenes de Israel”, prosiguió Agnès Callamard.

Amnistía pide a estas empresas que suspendan inmediatamente todas las ventas y entregas a Israel de armas y otros equipos militares, de seguridad y de vigilancia, y de otras maquinarias pesadas, piezas o bienes y servicios que contribuyan o estén directamente ligadas a violaciones de derechos humanos en el TPO. Los Estados, las instituciones públicas y demás empresas deben usar su influencia a través de sus inversiones en estas empresas —lo que incluye la desinversión responsable y el cese de adquisiciones— para detener estas ventas.

Los Estados deben asimismo prohibir a estas empresas su participación en ferias comerciales, reuniones con el gobierno, contratos, fondos de investigación y actividades con entidades públicas relacionadas con los tipos de productos que venden a Israel. Todas estas medidas deben permanecer en vigor hasta que dichas empresas puedan demostrar que no están contribuyendo a la ocupación ilegal de Israel ni a crímenes de derecho internacional.

“Amnistía Internacional pide a todas las personas del mundo que emprendan acciones pacíficas. La sociedad civil y la ciudadanía en general deben movilizarse y actuar para que todos los Estados cumplan sus obligaciones y exijan cuentas a las empresas que contribuyen a, o están directamente relacionadas con, los crímenes de Israel. Es inaceptable que los Estados y las empresas sepan que sus ingresos proceden de la muerte, la destrucción y el inmenso sufrimiento de la población palestina, y aun así hayan decidido mirar a otra parte, mantener sus modelos empresariales sin importar el coste humano, y disfrutar de su riqueza. No podemos permitir que el sufrimiento inmenso, inconcebible, de la población palestina sea ignorado un minuto más”, concluyó Agnès Callamard.

Información complementaria

En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró que existía un riesgo real e inminente de que se produjera un daño irreparable a los derechos de la población palestina de Gaza en aplicación de la Convención sobre el Genocidio, y ordenó a Israel que tomara todas las medidas posibles para impedir actos genocidas. La Corte confirmó también que todos los Estados tienen la obligación de prevenir, reprimir y castigar el genocidio y reiteró sus peticiones a Israel en dos órdenes más, emitidas, respectivamente, en marzo y mayo de 2024. Ninguna de ellas se está acatando.

En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel está cometiendo un genocidio de la población palestina de Gaza y, desde entonces, hay un consenso creciente entre especialistas de toda la comunidad internacional de que se está perpetrando un genocidio.

En septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que dio un plazo de 12 meses a Israel para que se retirase del TPO. En diciembre del mismo año, aprobó otra resolución en la que pide que “Israel se retire del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental; [s]e realicen los derechos inalienables del pueblo palestino” y que los Estados “[n]o presten ayuda ni asistencia a las actividades ilegales de asentamiento, lo que incluye no prestar a Israel asistencia alguna que pueda usarse específicamente en relación con los asentamientos” del TPO.