A 76 años de la Declaración Universal, Venezuela y Colombia revelan el retroceso más profundo de derechos humanos en décadas
A 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaciones de Venezuela y Colombia reiteran que este documento sigue siendo la base ética y jurídica que recuerda que la dignidad humana no es negociable. En un momento global atravesado por retrocesos en derechos, criminalización de la sociedad civil y normalización de la violencia estatal y no estatal, su vigencia no solo se mantiene: se vuelve imprescindible. Para organizaciones venezolanas y colombianas, la Declaración continúa siendo la guía mínima frente a Estados que, por acción o por omisión, se alejan cada vez más de sus obligaciones.
En Venezuela, CEPAZ afirma que la Declaración “es el consenso común de la humanidad, el recordatorio de que los derechos existen y están reconocidos, aunque el Estado no los garantice”. Para la organización, su valor radica en que obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para proteger la vida, la libertad y la integridad: “No es una opción para los Estados respetarla, es un deber. Y en un país donde no se cumplen estos estándares, sigue siendo nuestro horizonte de dignidad”. CEPAZ describe el contexto actual como uno de los más hostiles de la región: persecución política, leyes diseñadas para criminalizar a organizaciones, cierre del espacio cívico, vigilancia, estigmatización y exilios forzados de defensoras y defensores. “El principal desafío hoy es poder existir —aseguran—. Es poder seguir trabajando, documentando, acompañando, en medio de un ambiente que castiga a quienes defienden derechos”. Aun así, destacan que la documentación ha sido clave para resistir: “Ha permitido que el país y el mundo sepan lo que ocurre, preservar la memoria, y sostener la esperanza de justicia y reparación”.
Desde Colombia, la Corporación Jurídica Yira Castro coincide en que la Declaración es un marco irrenunciable para enfrentar la violencia actual. Su importancia radica en que ofrece una ruta clara en un país donde la violencia sociopolítica se ha reconfigurado y ampliado. La organización enfatiza que el Acuerdo de Paz de 2016 abrió la puerta a mecanismos de participación y a espacios de protección, pero que la falta de continuidad institucional, el incumplimiento estatal y el escalamiento de las violencias han deteriorado la situación. “Hemos visto guerras recicladas, comunidades abandonadas y un Estado que delega en las organizaciones tareas de protección y monitoreo que debería asumir”, explican. Para la CJYC, su labor va más allá de la denuncia: trabaja en la construcción de capacidades legales y organizativas en comunidades rurales, campesinas, étnicas y de víctimas del conflicto armado para que puedan ejercer sus derechos en contextos donde el Estado no llega. “Los derechos no son un regalo —señalan—, son deudas históricas que deben ser saldadas. Nuestro trabajo busca que las comunidades tengan herramientas que perduren, incluso cuando la institucionalidad falle”.
En ambos países, el deterioro de las garantías para la defensa de derechos está marcado por dinámicas similares: criminalización de organizaciones, desinformación, debilitamiento de instituciones, retrocesos normativos, violencia en los territorios y ausencia de políticas coherentes de protección. Para CEPAZ, este contexto global exige recordar que los derechos no pueden darse por garantizados: “Hay influencias que siempre tenderán a oprimir. Frente al poder arbitrario, la resistencia y la conciencia de derechos son esenciales”. Yira Castro coincide: mantener la vigencia de la Declaración requiere acción colectiva y una defensa firme desde los territorios.
Ambas organizaciones destacan que el trabajo en derechos humanos hoy implica también adaptarse a nuevas amenazas, incluidas las tecnologías emergentes y su impacto en la privacidad, el control social y la discriminación. CEPAZ advierte que la lucha por los derechos en Venezuela ya no se libra solo en el terreno político o judicial, sino también en el digital: “La tecnología está cambiando todo, desde las violencias hasta la forma en que nos organizamos. La sociedad civil debe estar preparada para enfrentar estos riesgos”.
Desde Amnistía Internacional, la evidencia recogida en los últimos años confirma el deterioro acelerado del espacio cívico en ambos países. En Venezuela, las restricciones al derecho de asociación, la represión estatal y la falta de independencia judicial han sido sistemáticamente documentadas. En Colombia, la violencia armada en los territorios, los asesinatos de líderes sociales y los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz siguen siendo motivo de alerta. Los informes de Amnistía muestran que, sin verdad, sin justicia y sin políticas públicas sostenidas, la región continuará atrapada en ciclos de impunidad.
En este nuevo aniversario de la Declaración Universal, las tres organizaciones coinciden en un mensaje urgente: la defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva y no puede darse por hecha. Venezuela necesita acompañamiento internacional sostenido para enfrentar una crisis política y social que sigue profundizándose. Colombia requiere continuidad, compromiso estatal y protección real para quienes defienden la vida en los territorios. Y la región entera necesita reafirmar que los derechos humanos no son negociables, no son una concesión estatal y no pueden ajustarse a conveniencias políticas.
Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados, organismos multilaterales y a la comunidad internacional a reforzar la protección de personas defensoras, garantizar el espacio para apoyar a las organizaciones que sostienen la defensa de los derechos humanos en condiciones extremas. La Declaración Universal fue escrita para tiempos difíciles; su fuerza reside en que cada generación la mantenga viva.
Para conocer más sobre el trabajo de CEPAZ, la Corporación Jurídica Yira Castro y Amnistía Internacional, te invitamos a seguir sus canales oficiales @_CEPAZ Y @CJYIRACASTRO , informarte a través de sus contenidos y acompañar sus iniciativas en defensa de la dignidad y los derechos humanos en la región.