Ecuador: las Guerreras por la Amazonía exigen eliminar los mecheros cinco años después de una sentencia histórica

Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento. 

«Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática. Sin embargo, se siguen enfrentando a la indolencia de las autoridades, a acciones que simulan el cumplimiento de la sentencia, así como con actos de estigmatización e incluso ataques en su contra”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática.” 

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

La eliminación de los mecheros: avances parciales y simulaciones 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador, para 2023 en la Amazonía Ecuatoriana existían 486 mecheros, 424 operados por la empresa estatal Petroecuador, y 62 por empresas privadas. La sentencia ordenó su eliminación progresiva hasta 2030, comenzando por aquellos cercanos a centros poblados. Estos últimos debían ser eliminados en un plazo de 18 meses, que venció el 29 de marzo de 2023. Para cumplir con esta obligación, el MAE emitió en 2022 un reglamento que considera cercanos a centros poblados únicamente a los mecheros situados a menos de 100 metros de una concentración de al menos 20 viviendas contiguas.  

En su informe “Arde la Amazonía, Arde el Futuro”, Amnistía Internacional documentó en agosto del 2024 al menos 52 mecheros ubicados a menos de cinco kilómetros de centros poblados, distancia hasta donde pueden llegar contaminantes. Pese a ello, las autoridades consideraron cumplido el primer plazo tras eliminar únicamente dos mecheros situados dentro del criterio restrictivo de 100 metros. 

Petroecuador informó en julio de 2026 que había eliminado 183 mecheros y comprometido 600 millones de dólares para continuar con el proceso de eliminación. Para finales de 2025, solo nueve de los 62 mecheros operados por empresas privadas habían sido eliminados. 

Según el monitoreo satelital anual del Banco Mundial que rastrea el progreso mundial hacia la meta de cero quema rutinaria de gas en mecheros para 2030, aunque el volumen de gas quemado de Ecuador cayó en 9% de 2024 a 2025, este sigue estando 34% por arriba del volumen en 2021, año en que tenía que arrancar el programa de eliminación de mecheros. 

Cinco años después, los mecheros siguen afectando a las comunidades 

Amnistía Internacional verificó en julio de 2026, a través de datos del Banco Mundial, documentos oficiales y entrevistas, que, al menos tres sitios de quema ubicados a menos de 5 km de las viviendas de las GxA (y en general de centros poblados), siguen activos. 

Dayra Shirap, de 16 años, es una de las GxA, integrante de la nacionalidad indígena shuar; vive a casi 2 km de la Estación Sur Oeste de Shushufindi. Según datos del Banco Mundial, el volumen de gas quemado en ese sitio aumentó 53% desde 2021. 

“Todos los días cuando voy al colegio puedo verlo [al mechero] y parece fuego forestal” relató Dayra. 

También, reportó que solamente una vez apagaron los mecheros de esa estación durante una visita de delegados de Ministerios que fueron a constatar el cumplimiento de la sentencia, pero luego lo volvieron a encender.  

Leonela Moncayo, de 15 años, Guerrera por la Amazonía, convivía con un mechero frente a su casa. Según su testimonio, este no fue eliminado: la tubería que transportaba el gas fue redireccionada hacia otra estación a casi 2 km de su casa. 

 “No lo eliminaron. Cambiaron la dirección de la tubería, la pasaron por la entrada de mi casa y llevaron el gas a la estación que estaba cerca”, explicó Leonela. 

Este gas fue redireccionado a la estación Lago Norte, la cual duplicó su quema de gas entre 2024 y 2025, alcanzando un máximo histórico de 7.32 millones de metros cúbicos anuales. Los dos mecheros del sitio están incluidos en el plan de eliminación progresiva, con desmantelamiento previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. 

Jamileth Jurado, de 18 años, alterna su residencia entre las casas de su padre y de su madre. La vivienda de su padre se encuentra a unos 150 metros de una plataforma petrolera afectada recurrentemente por derrames. La de su madre está en Shushufindi, una ciudad rodeada de mecheros. 

A poco más de 4 km de su vivienda está la Estación Norte Shushufindi, que, según los datos del Banco Mundial, registra el mayor volumen de quema de gas del país: alrededor de 69,1 millones de metros cúbicos al año. 

Jamileth también vive a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Estación Shushufindi Central, donde dos mecheros permanecerán activos hasta finales de 2028 de acuerdo con un informe de Petroecuador.  

“Vivir cerca de los mecheros es una amenaza diaria y una preocupación. Desde que entré al Caso Mecheros, he aprendido que esto puede causarme cáncer”, afirmó Jamileth 

El plan oficial de Petroecuador prevé eliminar 13 mecheros en 2026, 60 en 2027, 60 en 2028, 50 en 2029 y 54 en 2030. Sin embargo, Pablo Fajardo, abogado de las accionantes e integrante de la UDAPT, advirtió que han identificado nuevos mecheros y que solo un nuevo estudio nacional permitiría determinar con claridad cuántos permanecen activos.  

Petroecuador ha señalado que el cumplimiento de la planificación depende de condiciones operativas y de posibles pérdidas de producción petrolera. Para Amnistía Internacional, subordinar la eliminación de los mecheros a la continuidad de la producción implica privilegiar intereses económicos de la industria petrolera por encima de los derechos humanos, manteniendo a la Amazonía ecuatoriana como una “zona de sacrificio”.  

Las reparaciones siguen pendientes 

La sentencia también estableció reparaciones relacionadas con los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente limpio, saludable y sostenible de las comunidades afectadas, que cinco años después siguen sin cumplirse.  

Según la UDAPT, el Ministerio de Salud Pública no ha presentado el estudio médico-científico que debía entregar a seis meses de establecida la sentencia, sobre el grado de afectación en la salud de las comunidades. Al no determinar la gravedad de esta afectación, tampoco ha implementado una Unidad Clínica Oncológica.  

“Yo siento que voy a seguir luchando por los derechos de los amazónicos. Seguiré luchando por los pacientes de cáncer de la Amazonía, yo sé lo que es vivir este sufrimiento en carne propia. Algún día se va a acabar esto”.  – afirmó Jamileth Jurado, hija de una de las 749 pacientes con cáncer registrados por UDAPT en las cercanías de los mecheros. 

Las autoridades tampoco han evaluado idóneamente la calidad del agua ni garantizado acceso a agua apta para consumo humano. Las personas de la zona tienen que usar agua de lluvia o subterránea, en muchos casos contaminada, o deben comprar agua embotellada.  

“No tenemos agua potable, usamos agua lluvia. Aunque intentemos hervirla, no se eliminan todas las toxinas.” – afirmó Leonela Moncayo, Guerrera por la Amazonía.  

Finalmente, la sentencia ordenó un sistema efectivo de monitoreo y verificación ambiental para identificar vulneraciones a los derechos de la Naturaleza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se resume a oficios formales. 

“Todos responden con reglamentos, con informes, pero maquillando, no responden el acatamiento de la sentencia, sino cosas que les permita evadir el cumplimiento de la sentencia”, señaló Pablo Fajardo, de la UDAPT.    

La lucha continúa 

Frente al incumplimiento reiterado, las Guerreras y la UDAPT han exigido justicia ante distintas instancias, como la Asamblea Nacional del Ecuador o la Corte Constitucional. En dicha Corte han presentado dos acciones legales, una desestimada y otra en evaluación. Si bien el Estado no ha cumplido integralmente con la sentencia, según UDAPT, estos cinco años de lucha y resistencia han logrado cambios como una mayor comprensión de los efectos de los mecheros sobre la población.  

En 2024, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporó una disposición que prohíbe la combustión al aire libre del llamado gas “natural” mediante mecheros que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas. 

A pesar de la estigmatización y ataques que han sufrido las Guerreras por la Amazonía y la UDAPT, así como la  falta de medidas de protección estatales, las niñas y jóvenes no han desistido de su lucha. En 2024, seis niñas representantes de los pueblos shuar, kichwa, siona, siekopai, waorani y cofán se incorporaron al colectivo de las Guerreras por la Amazonía. Las Guerreras han recabado solidaridad internacional en espacios como la COP30. 

En mayo de 2026, GxA, la UDAPT y Amnistía Internacional, entregaron al MAE 492.174 acciones de apoyo de personas de todo el mundo que piden el cumplimiento de la sentencia. Tras esa reunión, el Ministerio se comprometió a impulsar mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la eliminación de los mecheros y en las reparaciones.  

“Las Guerreras, la UDAPT y las comunidades que enfrentan los mecheros no son víctimas pasivas. Su resistencia activa está presionando al Estado ecuatoriano y se ha convertido en un referente regional e internacional de la lucha por la justicia ambiental y climática. El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana”. – afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana.”

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional