Venezuela: Libertad inmediata para centenares de personas detenidas

Desde el 14 de agosto, han sido excarceladas decenas de personas detenidas arbitrariamente, entre ellas Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado y Danner Barajas. Nunca debían haber sido detenidas y muchas siguen estando sometidas a procedimientos penales y restricciones de derechos. Por otra parte, continúa sin conocerse la suerte y el paradero de Jorgen Guanares desde su presunta detención el 2 de agosto de 2024; Juan Carlos Marrufo, detenido arbitrariamente desde el 19 de marzo de 2019, necesita atención médica urgente; y Damián Rojas, Roberto Pérez, Renny González, Jonathan Delgado y centenares de personas más siguen detenidas arbitrariamente. Exigimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y que se proteja la vida y la integridad de quienes están bajo custodia.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Larry Devoe

Fiscal General

Edificio Ministerio Público, PB

Av. Urdaneta, esquinas de Ánimas a Platanal

Caracas, Venezuela

  

Señor Fiscal General:

 

El reencuentro de las personas recientemente liberadas de la detención arbitraria con sus seres queridos debió haberse producido hace tiempo. Lamento que la decisión de excarcelar a las personas detenidas arbitrariamente no se haya extendido a todas las que sufren esta grave violación de derechos humanos y que las excarcelaciones estén sometidas a condiciones y restricciones de los derechos de las afectadas. Además, estas medidas llegaron junto con declaraciones públicas de autoridades de alto rango que han alimentado y aplastado las esperanzas de las víctimas y sus seres queridos de reencontrarse y engañaron a la opinión pública.

Las detenciones arbitrarias y las numerosas violaciones de derechos humanos relacionadas con ellas deben cesar ya, incluidas las de Jonathan Delgado, Nudre Chourio, Olbis Dirinot, Rafael Guedes, Renny González y Roberto Pérez, y centenares de personas más.

Es enormemente preocupante que se siga desconociendo la suerte y el paradero de Jorgen Guanares desde agosto de 2024, y que se siga negando a Juan Carlos Marrufo atención médica adecuada pese a que tiene necesidad urgente de ella. Informes recientes de presuntas torturas, desaparición forzada y malos tratos en la prisión Rodeo I ilustran las terribles condiciones en las que están recluidas las personas detenidas.

Ninguna víctima de detención arbitraria que haya sido excarcelada debe ser objeto de actuaciones penales arbitrarias y restricciones abusivas de sus derechos, como Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel y tantas otras que han sido liberadas tras sufrir detención arbitraria por motivos políticos, como Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado.La absoluta falta de transparencia de todo lo relativo a las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela es atroz. Se debe conceder pleno acceso a las personas detenidas en el país a la Misión de Investigación de la ONU y la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, con autorización para hacer el seguimiento de las violaciones de derechos humanos y documentarlas.

 

Le pido que garantice la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. En medio de la crisis humanitaria agravada por los recientes terremotos, se debe proteger la vida de cada persona detenida bajo custodia del Estado, conocer su suerte y paradero, y garantizar atención médica adecuada y visitas familiares.

 

Atentamente,

INFORMACIÓN ADICIONAL

Según las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, desde 14 de agosto, han sido excarceladas alrededor de 80 personas detenidas arbitrariamente por motivación política. Sus familiares y organizaciones de la sociedad civil siguen verificando las condiciones de estas excarcelaciones, pues a menudo conllevan procedimientos penales en curso y la restricción arbitraria de derechos. Por ejemplo, Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, que estaban detenidas arbitrariamente desde agosto de 2018 y marzo de 2019, respectivamente, fueron excarceladas como medida humanitaria, pero sigue vigente la condena que les fue impuesta en 2022 tras un juicio sin garantías procesales.

A fecha 25 de agosto de 2026, centenares de personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos pese a las reiteradas declaraciones de la presidenta encargada, el presidente de la Asamblea Nacional y otras autoridades desde enero de 2026, cuando anunciaron excarcelaciones inminentes que no se produjeron y dieron cifras falsas de excarcelaciones de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. A 24 de agosto, más de 300 personas seguían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según la ONG venezolana Foro Penal, mientras que otras ONG (como Justicia, Encuentro y Perdón) aumentaban esa cifra a 448.

Roberto Pérez, Olbis Dirinot y Rafael Guedez fueron detenidos en el estado de Falcón en septiembre de 2024 y declarados culpables en agosto de 2026 de cargos de tráfico ilícito de materiales estratégicos pese a que no había pruebas creíbles contra ellos. Igualmente, Renny González y Nudre Chourio fueron detenidos en el estado de Zulia en agosto de 2024, supuestamente por formar parte de un grupo de WhatsApp, y acusados de terrorismo. Jonathan Delgado fue detenido también en agosto de 2024, en el estado de Trujillo; según informes, durante el interrogatorio, las autoridades trataron de implicarlo en un supuesto complot para sabotear máquinas de votación electoral.

La tarde del 24 de junio de 2026, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente, golpearon Venezuela. El 25 de junio, Amnistía Internacional emitió un comunicado de prensa en el que expresaba alarma por el devastador impacto que tendrían probablemente estos terremotos y, el 30 de junio, la organización emitió una acción urgente en la que pedía una respuesta basada en derechos a los terremotos, incluida la excarcelación de todas las personas detenidas arbitrariamente.

Al menos desde 2014, el gobierno venezolano utiliza de forma continuada las detenciones arbitrarias por motivos políticos para silenciar cualquier forma de disidencia o presunta disidencia en Venezuela como parte de una política sistemática y generalizada de represión. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, las autoridades han liberado esporádicamente a víctimas de detención arbitraria, a la mayoría en libertad condicional, manteniendo los procedimientos penales contra ellas, como en el caso de los presos de conciencia y defensores de los derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas.

Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a huir a un número sin precedentes de venezolanos y venezolanas (en mayo de 2025, habían huido de Venezuela 7,9 millones de personas). Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones la derogación de la ley conocida como ley contra las ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen las actividades de estas organizaciones, legales y necesarias.

Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han determinado que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad […]; tortura […]; violación y/u otras formas de violencia sexual […]; y persecución por motivos políticos contra personas detenidas […], que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados ‘colectivos’)”.