Del dolor a la acción: Madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales siguen de pie para exigir justicia

“Escuchamos unos disparos y empezamos a correr, toda la gente subía al barrio. Yo creía que tenía a mi hija detrás de mí, pero cuando volteo me dicen que estaba más abajo, en el piso”. Así comenzó el último día del 2017 para Eubardis Herrera, madre de Alexandra Conopoy y abuela de una bebé que todavía estaba en gestación, ambas asesinadas ese día por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Cada 31 de diciembre las familias deberían estar esperando el conteo regresivo para recibir el año nuevo. En Venezuela, el deseo de que la situación del país mejore va de la mano con las metas personales que se tienen y que, en circunstancias normales, podrían cumplirse; pero para Eubardis apenas comenzaba un largo y doloroso camino para exigir justicia.

Los venezolanos vivían el peor diciembre que haya podido registrarse en el país, debido al recrudecimiento de la emergencia humanitaria. Esta situación obligó a las familias de los sectores populares de Antímano, en Caracas, a protestar esa madrugada para exigir que se cumpla la promesa de las autoridades de distribuir y vender el tradicional pernil navideño, un alimento que pasó de ser festivo a un paliativo al hambre que sufren las personas.

Tras este fatídico hecho, Aracelis Sánchez consiguió contactar a Herrera, llegando a visitar su vivienda para transmitir no solo un mensaje de aliento, de madre a madre, sino también para asegurarle que juntas harán hasta lo imposible para obtener justicia. La misión es no permitir la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.

“Yo fui a la casa de Eubardis después de leer la nota de prensa en la que decían que su hija y nieta habían sido asesinadas”, relató Sánchez, fundadora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh).

Sánchez siente en carne propia el dolor de Eubardis Herrera, porque ambas perdieron a sus hijos a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, en ejecuciones extrajudiciales aún sin justicia.

Ese mismo dolor es el que mueve a ambas a seguir en pie frente a los atropellos y abusos de las autoridades, quienes con subterfugios tratan de frenar el avance de las investigaciones y así, como meta final, dejar impune la muerte de jóvenes inocentes.

Cambio de vida

Un 11 de junio de 2013, Aracelis Sánchez se encontraba junto a su familia en su vivienda ubicada en el sector popular de los Jardines del Valle, tratando de vivir en paz tras 3 meses de acoso, extorsión y amenazas por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Esa mañana tocaron la puerta de mi casa. Yo me levanté y cuando abrí, un hombre vestido de negro me apuntó con un arma larga. Como pude intenté decirle a mi hijo que se levantara, pero no pude”, relata la ahora defensora de derechos humanos y madre de Darwilson Sequera, un joven de 20 años víctima de ejecución extrajudicial.

Con el dolor y la seriedad de una madre herida, Sánchez recuerda cómo los efectivos entraron a la fuerza a su vivienda. “Nos tenían rodeados, como si estuvieran buscando a un capo”, describe.

“De repente empezaron a disparar. Yo corrí a buscar a mi hijo, pero no lo conseguí. Pensé que se lo habían llevado a una subdelegación del Cicpc en Coche (Caracas), pero cuando llegué me dijeron que había llegado alguien, pero muerto”.

Este fue el punto de inflexión que generó en Sánchez una transformación, como ella misma lo describe. “Pensé que me iba a volver una mujer mala porque no creía en nada, pero sucedió lo contrario. Esa fue la transformación que yo tuve. Me he convertido en una mujer con mucho dolor, pero creyente en los derechos humanos de todas las personas, defendiéndolos a capa y espada”.

Tras este hecho, Sánchez se dedicó a prepararse, con el apoyo del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), para dar la cara ante las autoridades y exigir que cumplan con su deber, que es investigar de forma efectiva el asesinato de su hijo a manos de un efectivo de las fuerzas de seguridad del Estado y llevar al responsable ante la justicia.

Sin embargo, su ímpetu no podía quedarse solo en su caso, por lo que conformó grupos de madres víctimas de ejecuciones extrajudiciales y conformó Orfavideh para unirse y trabajar con más fuerza para hacer justicia.

“Lo más difícil fue convencer a las víctimas de que podíamos hacer justicia y lograr que perdieran el miedo, porque eso me impedía integrarlas para fundar la organización”.

“Yo siento a estas mujeres como mi familia, porque compartimos el dolor y nos entendemos, nos complementamos, siempre estamos unidas y eso no se consigue en otro lado. Con ellas me siento fortalecida”.

Son inocentes

Una de las madres que se ha integrado a Orfavideh es Glory Tovar, madre de dos hijos y tía de otros dos jóvenes, todos asesinados en su vivienda en un mismo día por funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolanas.

“Ese día era 18 de mayo a las 10:30 de la mañana. Ellos rodearon toda la zona, nadie bajaba ni subía, cerraron las entradas hacia San Bernardino y Cotiza para que nadie pasara y así poder decir que fue un enfrentamiento”, relata Tovar tras recordar que aun cuando sus hijos y sobrinos eran inocentes, fueron asesinados sin derecho a nada.

Las cuatro fatídicas pérdidas de Tovar forman parte de los más de 50 casos que defiende y acompañan las miembros de Orfavideh, de la mano de Aracelis Sánchez, quienes han registrado el aumento de la fuerza y magnitud de los crímenes en cada actuación ilícita de los cuerpos que deberían proteger a los ciudadanos, no asesinarlos.

“La fiscal 83º del Área Metropolitana de Caracas, Yuleidy Pérez, me decía que mis dos hijos y sobrinos formaban parte de una banda de delincuentes que estaba identificada, pero si era así ¿por qué no se los llevaron a la sede de la policía, en vez de tenerlos acostados en el piso de la sala de mi casa para después matarlos?”.

En este caso, Glory Tovar ha recibido el apoyo de Orfavideh a través de la redacción de documentos para los diferentes procedimientos que debe realizar el Ministerio Público para esclarecer el crimen, pero además se ha formado en materia de derechos humanos con talleres que se realizan de la mano de Cofavic.

La injusticia, el dolor y las ganas de limpiar el nombre de sus familiares hacen que Eubardis Herrera, Aracelis Sánchez y Glory Tovar no decaigan en su labor. Todas, unidas en una sola voz, piden a las madres que exijan a las autoridades que investiguen las ejecuciones extrajudiciales, que lleven ante los tribunales a los responsables y cesen, de una vez por todas, los asesinatos en el país.

“Ya no tengo nada que pedirle al Estado más que justicia para mi caso y para los demás”, concluyó Sánchez.

 

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