Represión sin precedentes en Venezuela sumerge a la nación en una grave crisis de derechos humanos, dice la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU

Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el informe.

"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.

El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.

En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas. Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.

Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso.

La Misión de Determinación de los Hechos reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.

"Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso", dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.

Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria.

"El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima", dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”.

El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.

"Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato", concluyó el informe.