África Oriental y Austral: La libertad de los medios de comunicación bajo ataque en un contexto de impunidad generalizada

“Las autoridades de toda África Oriental y Austral continuaron con sus campañas de hostigamiento y arrestos y detenciones arbitrarias de periodistas independientes durante el último año”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La organización ha documentado actos de intimidación y hostigamiento, y ataques continuados contra medios de comunicación independientes en varios países de la región, así como el aumento de bloqueos o cierres de Internet y el uso de leyes de ciberseguridad restrictivas para limitar la libertad de los medios de comunicación, especialmente en países en los que hubo elecciones en 2025 y principios de 2026.

“En toda la región, los gobiernos —y, en algunos casos, los actores no estatales— intensificaron sus medidas represivas contra medios de comunicación y periodistas mediante cierres, y arrestos y detenciones arbitrarias; utilizaron el sistema de justicia penal para atacar a periodistas y siguieron usando leyes de amplio alcance y redacción imprecisa para silenciarlos e intimidarlos. Todo esto se produjo en un momento en el que los ingresos de los medios de comunicación eran bajos, lo que sometió a mayor presión aún a la libertad de prensa”, declaró Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

La libertad bajo asedio

En Etiopía, los periodistas afrontan desde hace unos meses una nueva oleada de medidas represivas de las autoridades en la que se han revocado arbitrariamente las licencias de medios destacados como Wazema Radio y Addis Standard.

En toda la región, los gobiernos —y, en algunos casos, los actores no estatales— intensificaron sus medidas represivas contra medios de comunicación y periodistas mediante cierres, y arrestos y detenciones arbitrarias.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

Se ha detenido a periodistas tras haber sido objeto de vigilancia ilegal, al mismo tiempo que han aumentado las denuncias de desapariciones forzadas. Más recientemente, según el medio independiente Addis Standard, el 15 de abril de 2026, miembros de la agencia nacional de inteligencia secuestraron a Million Beyene, editor jefe de dicho medio, en Adís Abeba, la capital de Etiopía. Beyene permaneció detenido dos semanas en un lugar no revelado sin acceso a un abogado ni a su familia. Su secuestro parece estar relacionado con su labor como periodista. Fue entregado a su familia y a su equipo jurídico el 28 de abril.

Las medidas contra periodistas y medios de comunicación etíopes se han ido extendiendo de forma creciente a los medios internacionales.

En Tanzania, en agosto de 2025, el ministro del Interior ordenó a la policía que hiciera “patrullas online”, aparentemente para vigilar a “personas que usaban las plataformas digitales para perturbar la paz y la seguridad”.

En septiembre, el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones de Tanzania impuso 90 días de inhabilitación a la plataforma online JamiiForums, alegando que había publicado contenido engañoso y difamatorio sobre el gobierno en violación de la Normativa sobre Contenido Online y sus reformas.

En octubre, las autoridades de Tanzania ordenaron el cierre parcial de Internet durante las elecciones generales y prohibieron tanto a los medios de comunicación locales como a los internacionales informar de la situación de los derechos humanos en el país en el periodo que precedió y siguió a los comicios.

En Uganda, las fuerzas de seguridad atacaron a decenas de periodistas que cubrían las elecciones legislativas parciales de marzo de 2025 en Kawempe en la capital, Kampala. Posteriormente, también se prohibió a periodistas de NTV Uganda y del diario Daily Monitor informar sobre los trámites parlamentarios y sobre la presidencia. La Ley contra la Homosexualidad de 2023, que criminaliza la “promoción de la homosexualidad” a través de la publicación, la radiodifusión, la distribución y la expresión en Internet e impone penas de suspensión o cancelación de licencias, siguió creando un entorno restrictivo e intimidatorio para periodistas, editores y editoras, creadores y creadoras de pódcast, reporteros y reporteras de derechos humanos, y medios de comunicación comunitarios que informaban sobre vidas LGBTQI+, salud pública, violencia, desalojos forzosos, casos judiciales o trabajo de incidencia.

En Zimbabue, el periodista Blessed Mhlanga sigue en el exilio tras pronunciar un discurso en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia el 18 de febrero de 2026, donde denunció la represión de los medios de comunicación y la reducción del espacio de la sociedad civil. Gideon Madzikatidze, periodista de Bulawayo24, está bajo custodia desde el 18 de febrero de 2026, tras ser detenido por publicar una noticia en la que denunciaba corrupción en relación con una empresa de gestión de residuos y está acusado de ciberacoso y de “emitir sin licencia” a pesar de que la noticia se publicó en Internet. Se le ha denegado tres veces la libertad bajo fianza.

Libertad de los medios de comunicación en conflictos armados

En la República Democrática del Congo (RDC), el control de amplias zonas de la región oriental del país por el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) ha tenido un efecto inhibidor en los medios de comunicación. Las detenciones, torturas y amenazas de periodistas por el M23 han hecho que muchos de ellos huyan de las zonas controladas por este grupo y han influido en la cobertura de otros periodistas independientes de los abusos a manos del M23 y otros temas delicados.

En Mozambique, en febrero de 2025, el Instituto Nacional de Comunicación suspendió 48 horas las emisoras Radio Vida y Radio Encontro, de la ciudad de Nampula, alegando, sin pruebas, que sus emisiones estaban perturbando la conexión entre la torre de control del aeropuerto local y los aviones. Al menos una de las emisoras —Radio Encontro— era conocida por sus críticas al gobierno y las elecciones de 2024.

En junio, las fuerzas de seguridad detuvieron a alrededor de 16 periodistas y confiscaron sus equipos en el distrito de Muidumbe, Cabo Delgado. Los periodistas fueron interrogados e intimidados durante dos horas en el vecino distrito de Macomia en relación con su intento de fotografiar la destrucción de infraestructura pública en Macomia durante el conflicto armado pese a que el administrador de distrito les había autorizado que hicieran fotos.

El periodismo no es delito. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades de la región para que pongan en libertad inmediata a todos los y las periodistas detenidos por hacer su trabajo, anulen sus sentencias condenatorias y sus penas, y retiren los cargos que siguen pesando en su contra. Además, deben abstenerse de promulgar leyes que restrinjan la libertad de los medios de comunicación.

Tigere Chagutah

En Somalia, las fuerzas de seguridad atacaron y sometieron a amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y enjuiciamiento a miembros de la profesión periodística. El gobierno intensificó sus intentos de controlar y censurar a quienes informan sobre asuntos de interés público, como la inseguridad, la corrupción y los desalojos forzosos.

En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir Mayardit sancionó la Ley sobre Ciberdelitos y Usos Informáticos Indebidos en febrero de 2026. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sursudaneses y el Comité para la Protección de los Periodistas dieron la voz de alarma sobre la Ley, advirtiendo de que podría criminalizar actividades online legítimas y ser usada indebidamente para restringir aún más la libertad de los medios de comunicación.

En Sudán, en el contexto del conflicto en curso, las dos partes han atacado a periodistas con arrestos, detenciones, secuestros y homicidios.

“En todos los casos de ataques contra periodistas que ha documentado Amnistía Internacional, nadie ha rendido cuentas. Además, se sigue negando a las víctimas el acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Este aumento de la hostilidad contra los medios de comunicación amenaza el acceso de la ciudadanía a la información y debilita la rendición de cuentas”, concluyó Tigere Chagutah.

“El periodismo no es delito. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades de la región para que pongan en libertad inmediata a todos los y las periodistas detenidos por hacer su trabajo, anulen sus sentencias condenatorias y sus penas, y retiren los cargos que siguen pesando en su contra. Además, deben abstenerse de promulgar leyes que restrinjan la libertad de los medios de comunicación”