Myanmar: El ejército comete crímenes de guerra en su última operación en el estado de Rajine

• Nuevos abusos tras la orden del gobierno de “aplastar” a un grupo armado

• Unidades militares que cometieron atrocidades en el pasado están perpetrando crímenes de guerra, mientras que el despliegue de más unidades sugiere la implicación de generales de alto rango
• La comunidad internacional no actúa - Se necesita urgentemente la remisión a la CPI

Tras una reciente investigación en el estado myanmaro de Rajine, Amnistía Internacional ha reunido nuevos indicios de que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. La operación militar sigue en marcha, lo que incrementa las probabilidades de que se cometan más crímenes.

En un nuevo informe, titulado “No one can protect us”: War crimes and abuses in Myanmar’s Rakhine State, la organización expone detalladamente cómo el ejército de Myanmar, (Tatmadaw) lleva matando e hiriendo a civiles en ataques indiscriminados desde 2019. Las fuerzas del Tatmadaw también han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas.

En el informe se examina el periodo de intensas operaciones militares que siguió a los ataques coordinados del Ejército de Arakán, un grupo armado de etnia rajine, contra varios puestos de la policía el 4 de enero de 2019. Las nuevas operaciones se iniciaron tras las instrucciones del gobierno de “aplastar” al Ejército de Arakán.

“Menos de dos años después de que la indignación sacudiera al mundo por las atrocidades en masa perpetradas contra la población rohingya, el ejército de Myanmar vuelve a cometer terribles abusos contra los grupos étnicos en el estado de Rajine”, ha dicho Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático. “Las nuevas operaciones en el estado de Rajine muestran a un ejército no rehabilitado, que sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas aterroriza a la población civil y perpetra violaciones generalizadas como táctica deliberada.”

Amnistía Internacional llevó a cabo 81 entrevistas, 54 sobre el terreno en el estado de Rajine a finales de marzo de 2019 y 27 a distancia con personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto. Las personas entrevistadas son de etnia rajine, mro, rohingya y khami, y de religión budista, cristiana y musulmana. La organización analizó también fotos, vídeos e imágenes de satélite, y entrevistó a autoridades de ayuda humanitaria, activistas de derechos humanos y otras personas expertas.

Aunque en las comunidades de etnia rajine hay desde hace largo tiempo un descontento político hacia el gobierno central de Myanmar, el Ejército de Arakán está dirigido por una nueva generación de nacionalistas de etnia rajine. Hoy se calcula que el Ejército de Arakán tiene una fuerza de combate de hasta 7.000 soldados. Establecido en 2009, ha combatido junto a otras organizaciones étnicas armadas en el norte de Myanmar, y en los últimos años se ha enfrentado esporádicamente con el ejército en Rajine y en el vecino estado de Chin. Los combates se intensificaron a finales de 2018.

Despliegue de nuevas unidades, mismo patrón de atrocidades

El nuevo informe de Amnistía Internacional desvela indicios de abusos cometidos por las tropas del ejército implicadas en atroces crímenes cometidos en el pasado, incluidos determinados batallones y divisiones bajo el Mando Occidental. Amnistía Internacional, además, ha confirmado que las unidades recién desplegadas de las Divisiones de Infantería Ligera números 22 y 55 son responsables de muchas de estas nuevas violaciones.

Basándose en entrevistas y en otros indicios, como imágenes de satélite, Amnistía Internacional documentó siete ataques ilegítimos en los que murieron 14 civiles y resultaron heridos al menos 29. La mayoría de estos ataques fueron indiscriminados, y algunos pueden haber sido ataques directos contra la población civil. A finales de enero, un niño de 7 años de etnia rajine murió en el pueblo de Tha Mee Hla, municipio de Rathedaung, durante los combates entre el ejército myanmaro y el Ejército de Arakán a consecuencia de un disparo de mortero efectuado casi con certeza por el ejército de Myanmar. A pesar de la gravedad de las heridas del pequeño, los soldados de Myanmar no permitieron a sus familiares llevarlo al hospital hasta varias horas después. El niño murió al día siguiente.

En otro incidente sucedido a mediados de marzo en el pueblo de Ywar Haung Taw, municipio de Mrauk-U, la explosión de un proyectil de mortero del ejército de Myanmar hirió como mínimo a cuatro personas y destruyó una casa perteneciente a Hla Shwe Maung, hombre de etnia rajine de 37 años, que declaró: “Oí una explosión muy fuerte y una gran bola de fuego cayó sobre nosotros [...] tomé en brazos a mi hija [...] al mirar hacia atrás vimos que la mitad del tejado de nuestra casa había desaparecido.”

El análisis de las imágenes de satélite confirma la destrucción de un edificio en el pueblo de Ywar Haung Taw, así como la presencia de nuevos elementos de artillería en la base de policía cercana.

Si bien las comunidades de etnia rajine se han llevado la peor parte de las violaciones perpetradas por el ejército en esta campaña, otras comunidades, incluida la rohingya, también han sufrido. El 3 de abril de 2019, un helicóptero del ejército disparó sobre jornaleros rohingyas que cortaban bambú y mató al menos a seis hombres y muchachos, hiriendo al menos a otros 13. “El helicóptero salió de detrás de la montaña”, dijo a Amnistía Internacional un superviviente del ataque. “Al cabo de unos minutos, lanzó unos misiles. Salí corriendo para salvarme, pensando en mi familia y en cómo sobrevivir.” Los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles, constituyen crímenes de guerra.

Amnistía Internacional también ha documentado la toma de posiciones del ejército en el complejo de templos de Mrauk U y sus temerarios ataques en la zona. Las imágenes de satélite confirman la presencia de artillería cerca de los templos, y las fotografías muestran la destrucción de templos. Si bien la organización no ha podido determinar a quién cabe atribuir la responsabilidad de los ataques, al establecer su base cerca de los monumentos el ejército de Myanmar ha expuesto unos bienes históricos y culturales a la destrucción y el deterioro, violando así el derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional documentó además siete casos de detención arbitraria en el estado de Rajine desde enero de 2019. Las detenciones fueron solo de hombres, normalmente de etnia rajine y en edad de combatir, y con frecuencia fueron acompañadas de tortura y otros malos tratos para conseguir información sobre el Ejército de Arakán. Un hombre de etnia rajine de 33 años rememoraba: “[El soldado] preguntó, ‘¿Dónde guarda sus armas el Ejército de Arakán?’ Le contesté: ‘No lo sé, no soy uno de ellos’ [...] Recuerdo un puñetazo y una patada, y después un rifle que me golpeaba la cabeza [...] Traté de protegerme la cabeza con las manos, pero empezaron a darme patadas y golpes. Tenía sangre en las manos, la cara y la cabeza.”

Amnistía Internacional también documentó la desaparición forzada de seis hombres a mediados de febrero, uno de etnia mro y cinco de etnia rajine. Una mujer dijo haber visto a uno de los hombres bajo custodia del ejército. Desde entonces, los familiares de estos hombres no han tenido información alguna sobre su destino ni su paradero.

A pesar de que esta última oleada de violencia ha ocasionado el desplazamiento de más de 30.000 personas, las autoridades de Myanmar han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

“Las autoridades están agravando el sufrimiento de la población civil al bloquear el suministro de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, incluidos niños y niñas”, ha dicho Nicholas Bequelin. “La población civil del estado de Rajine está pagando un precio elevadísimo por los ataques del ejército y sus secuelas, pero el gobierno sigue optando por guardar silencio sobre esta crisis que se agrava vertiginosamente.”

Abusos cometidos por el Ejército, de Arakán

Si bien el ejército de Myanmar era responsable de la mayoría de las violaciones documentadas por Amnistía Internacional, el Ejército de Arakán también ha cometido abusos contra la población civil, incluidos secuestros, según muestra el informe. El 3 de mayo, combatientes del Ejército de Arakán secuestraron a cuatro hombres de etnia rohingya de la aldea de Sin Khone Taing, en el municipio de Rathedaung. Según una fuente con conocimiento directo del incidente, cuatro fueron llevados a un lugar remoto en el bosque. Dos de estas personas lograron escapar posteriormente, pero se desconoce la suerte y el paradero de las demás.

Los soldados del Ejército de Arakán han puesto en peligro a la población civil, llevando a cabo en ocasiones operaciones que han puesto pueblos en peligro. El Ejército de Arakán también ha amenazado e intimidado a autoridades y empresarios de los pueblos, con cartas en las que les adviertían de que no interfirieran con las actividades del grupo. En cada una de estas cartas, que tenían el sello oficial del grupo, iba una bala.

Amenazas a la libertad de expresión

A medida que aumentan los informes de violaciones por parte del ejército, las fuerzas de seguridad recurren a tácticas de eficacia probada para silenciar los informes críticos, y en los últimos meses han presentado denuncias contra los directores de tres periódicos locales que se publican en lengua birmana.

“Aunque este mes las autoridades han puesto por fin en libertad a los periodistas de Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo tras mantenerlos detenidos arbitrariamente durante más de 500 días, la indignación mundial por el caso no les ha impedido utilizar las mismas tácticas intimidatorias con otras personas”, ha afirmado Nicholas Bequelin.

“El gobierno de la Liga Nacional para la Democracia puede cambiar esto. Cuenta con la mayoría parlamentaria y debe usarla para derogar o reformar las leyes represivas que con tanta frecuencia se utilizan contra los periodistas.”

Es hora de intensificar la presión internacional

La última operación del ejército en el estado de Rajine se lanzó menos de 18 meses después de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad myanmaras contra la población rohingya. Más de 900.000 personas de etnia rohingya siguen viviendo en campos de refugiados en el vecino Bangladesh, y el nuevo informe de Amnistía proporciona aún más evidencias de que para ellas no es seguro volver.

Estos nuevos indicios hacen aún más acuciante que la ONU actúe frente a todo el abanico de crímenes atroces perpetrados por el ejército de Myanmar en el estado de Rajine y en los estados myanmaros septentrionales de Kachin y Shan. Una misión de investigación de la ONU ha pedido que los altos mandos del ejército myanmaro sean investigados y juzgados por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel nacional, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que remita con carácter de urgencia la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional e imponga un embargo total de armas. Los socios internacionales de Myanmar también deben replantearse sus relaciones con los líderes militares del país y aplicar sanciones dirigidas contra altos mandos a través de órganos multilaterales como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

“Con el ejército de Myanmar cometiendo atrocidades tan desafiantemente como siempre, está claro que la presión internacional debe intensificarse”, ha dicho Nicholas Bequelin. “La comunidad internacional ha fracasado reiteradamente a la hora de detener los crímenes del ejército de Myanmar y proteger a la población civil del país. El Consejo de Seguridad de la ONU se creó para responder exactamente a este tipo de situaciones, y ya es hora de que se tome en serio su responsabilidad.”