Siria: La ONU no debe suspender el envío de ayuda vital al noroeste de Siria en un contexto de crímenes de guerra sirios y rusos

• Investigación exhaustiva de 18 ataques por tierra y aire contra escuelas y hospitales
• Rusia y Siria atacaron deliberadamente hospitales incluidos en la lista de objetivos “inviolables” de la ONU
• Sólidos indicios de participación directa de Rusia en ataques aéreos ilegales

El Consejo de Seguridad de la ONU no debe suspender el envío de ayuda esencial para la supervivencia de la población civil en el noroeste de Siria, donde se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha pedido hoy Amnistía Internacional, antes de que, en las próximas semanas, expire una resolución que permite que la ayuda humanitaria llegue a Idlib a través de las fronteras sirias.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional, 'Nowhere is safe for us': Unlawful attacks and mass displacement in north-west Syria (“‘No estamos a salvo en ningún lugar’: ataques ilegales y desplazamiento masivo en el noroeste de Siria”), incluye detalles de 18 casos, la mayoría de los cuales tuvieron lugar entre enero y febrero de 2020, en los que fuerzas gubernamentales sirias, rusas o ambas a la vez atacaron instalaciones médicas y escuelas en la gobernación de Idlib, en el oeste de la gobernación de Alepo occidental y en el noroeste de la gobernación de Hama.

Como consecuencia de los ataques, antes del alto al fuego del 5 marzo, casi un millón de personas —la mayoría de las cuales se habían visto desplazadas ya en repetidas ocasiones— se vieron obligadas a huir de nuevo y en los últimos meses languidecen en penosas condiciones.

“Incluso para los estándares de la catastrófica crisis que azota Siria desde hace ya nueve años, los últimos ataques lanzados en Idlib han provocado desplazamientos y una emergencia humanitaria sin precedentes. El Consejo de Seguridad de la ONU no debe suspender el envío transfronterizo de ayuda humanitaria vital mientras miles de vidas pendan de un hilo”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La última ofensiva fue continuación de una espiral atroz de ataques generalizados y sistemáticos que tienen por objeto aterrorizar a la población civil. Mientras tanto, Rusia continúa proporcionando inestimable apoyo militar —incluso lleva a cabo directamente ataques aéreos ilegales— a pesar de los indicios de que está facilitando la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el ejército sirio.”

Numerosos datos corroboran los relatos de testigos

Amnistía Internacional entrevistó a 74 personas para elaborar el informe, entre las que había personas internamente desplazadas, docentes, profesionales de la salud y personal humanitario. Los relatos de los testigos fueron corroborados por vídeos y fotografías, así como por análisis de imágenes de satélite efectuados por especialistas, informes de avistadores de aviones sobre el terreno y comunicaciones interceptadas de las fuerzas aéreas rusas y sirias.

Estas grabaciones en audio de trasmisiones realizadas desde las cabinas de los aviones de guerra ofrecen indicios sólidos de la participación del ejército ruso en al menos un ataque ilegal que dejó un hospital fuera de servicio.

Ataques a hospitales

Según la dirección de salud de Idlib, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, ataques de las fuerzas sirias o rusas dañaron o destruyeron 10 instalaciones médicas en Idlib y Alepo y mataron a nueve profesionales de la salud y otras personas empleadas allí. Decenas de centros médicos más tuvieron que cerrar totalmente.

Amnistía Internacional documentó ataques que provocaron el cierre de cinco hospitales en zonas bajo el control de los grupos armados de oposición.

Un médico que había sobrevivido a uno de estos ataques —tres bombardeos aéreos rusos que alcanzaron la zona adyacente al hospital de Al Shami, en Ariha, el 29 de enero de 2020— explicó a Amnistía Internacional que el ataque arrasó al menos dos edificios de viviendas en las inmediaciones del hospital y mató a 11 civiles, entre ellos uno de sus compañeros, e hirió a más de 30.

“Me sentía totalmente impotente. Mi amigo y colega se moría y niños y mujeres gritaban en el exterior”, explicó, añadiendo que “defensa civil tardó dos días en sacar los cadáveres” de debajo de los escombros.

Basándose en testimonios de testigos que lo corroboraban y otra información creíble, en particular en observaciones de avistadores de aviones, Amnistía Internacional determinó que este ataque ilegal había sido llevado a cabo por fuerzas rusas.

Ataques a escuelas

Según la ONG siria Hurras Network (Red de Protección de la Infancia Siria), entre enero y febrero de 2020, un total de 28 escuelas fueron alcanzadas por ataques aéreos y terrestres. En un solo día, el 25 de febrero, fueron atacadas 10 escuelas y murieron 9 civiles. 

Amnistía Internacional investigó ataques efectuados contra seis escuelas durante este periodo, entre ellos dos en los que las fuerzas sirias utilizaron bombas de barril lanzadas desde el aire y municiones de racimo disparadas desde tierra el 28 de enero y el 25 de febrero, respectivamente.

Una profesora contó a Amnistía Internacional:

“Una bomba pequeña [de las esparcidas por la bomba de racimo] me explotó a mis pies y me arrancó la piel [...] el dolor era insoportable. Sentí calor, como si me ardieran los pies. Delante de mí caminaban dos alumnas. Una murió al instante, y la otra sobrevivió de milagro. Sé que era una bomba de racimo porque oí varias explosiones. Sé muy bien cómo suena un ataque con bombas de racimo. Se oyen una serie de explosiones pequeñas. Como si en lugar de caer agua del cielo lloviera metralla”.

Amnistía Internacional determinó que los restos de munición eran de un cohete de carga 9M27K tierra-tierra de 220 mm, de fabricación rusa y suministrado al ejército sirio. Estos cohetes contienen municiones de racimo 9N210 o 9N235 que están prohibidas por el derecho internacional.

Los incidentes documentados en el informe ilustran cómo las fuerzas sirias y rusas continúan cometiendo ataques deliberados contra civiles y bienes civiles. Se trata de violaciones graves del derecho internacional humanitario, que exige a las partes en conflicto distinguir entre objetivos militares y combatientes y objetivos y población civiles, y dirigir sus ataques únicamente contra los primeros. Estos ataques constituyen también crímenes de guerra, y quienes los ordenan o cometen son responsables penalmente. Además de inmunidad frente a los ataques por su condición de bienes o población civiles, los hospitales y otras instalaciones médicas, el personal médico y los niños y niñas gozan de otras protecciones especiales durante los conflictos armados. 

Por otra parte, muchas de las instalaciones médicas que fueron atacadas estaban incluidas en una lista de la ONU sobre “recintos inviolables” que se había comunicado previamente a las fuerzas rusas, turcas y de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria, para señalar los lugares que no debían ser atacados.

La última ofensiva sobre Idlib obligó a cerca de un millón de personas —más del 80%, mujeres, niñas y niños— a huir a zonas próximas a la frontera con Turquía entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

Una mujer con tres menores a su cargo y cuya familia se había visto desplazada en dos ocasiones en los ocho meses anteriores explicó a Amnistía Internacional: “Mi hija, que está en primer curso, siempre tiene miedo [...] Me preguntó [después de que tuviéramos que desplazarnos]: ‘¿Por qué Dios no nos mata? No estamos a salvo en ningún lugar’”.

Arrinconada en un espacio que se reduce cada vez más, la población civil desplazada continúa sufriendo condiciones de vida intolerables y con una respuesta humanitaria completamente desbordada. La ayuda humanitaria sostenida y oportuna es más necesaria que nunca.

Ayuda esencial en peligro

En julio de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que autorizaba la ayuda transfronteriza para el noroeste de Siria y otras partes del país bajo el control de los grupos armados de oposición, sin necesidad de la autorización del gobierno sirio. Desde entonces, la resolución se ha prorrogado reiteradamente, aunque con enorme dificultad en los últimos años y, desde enero de 2020, con limitaciones en su ámbito de aplicación. Está previsto que expire el 10 de julio. 

Siria y sus aliados quieren poner fin a este acuerdo y canalizar la ayuda a través de Damasco, lo que haría muy difícil para la ONU y sus socios humanitarios ofrecer ayuda sostenida y oportuna. El gobierno siempre ha intentado restringir las operaciones de ayuda humanitaria con trabas burocráticas. También ha incluido en una “lista negra” y perseguido a personal humanitario vinculado a zonas controladas por la oposición. Grupos armados como Hayat Tahrir al Sham también han impedido a las organizaciones humanitarias realizar su trabajo con efectividad.

“Funcionarios de la ONU han descrito el caso de Idlib como una ‘historia de terror’ humanitaria, y la situación solo irá a peor a menos que el Consejo de Seguridad vea más allá de los juegos políticos y mantenga el envió vital de ayuda humanitaria transfronteriza”, ha afirmado Heba Morayef.