Honduras: Muerte de Keyla Martínez exige investigación pronta, exhaustiva e imparcial

Tras la muerte de Keyla Martínez, de 26 años, el 7 de febrero, después de ser detenida y trasladada a instalaciones de la policía nacional de Honduras en el poblado de la Esperanza, y los reportes de policías reprimiendo las protestas en denuncia por su muerte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“El Ministerio Público hondureño debe llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la muerte de Keyla, con perspectiva de género y siguiendo los lineamientos de estándares internacionales como el protocolo de Minnesota, ya que podría tratarse de una ejecución extrajudicial a manos de funcionarios públicos”. 

“Una tragedia así exige no sólo que el Ministerio Público cumpla con su obligación de garantizar el acceso a la justicia, sino que también el gobierno garantice que las personas que se manifiestan pacíficamente exigiendo justicia para Keyla lo puedan hacer libremente y sin miedo a sufrir represalias. Las autoridades deben poner fin al uso excesivo de la fuerza contra quienes lloran esta pérdida humana y exigen justicia frente a las instalaciones policiales”.

Según la versión de la policía nacional, la noche del 6 de febrero, agentes policiales detuvieron a Keyla Martínez por incumplimiento del toque de queda impuesto para evitar la propagación del COVID-19 y la trasladaron a las instalaciones de la Unidad Departamental de Policía #10 en La Esperanza, Intibucá. Sin embargo, horas más tardes fue derivada al hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde según el personal médico que la atendió, llegó sin signos vitales. La policía nacional alegó que Keyla Martínez había cometido suicidio con la camisa que portaba. 

“Nos sumamos al llamado de la sociedad hondureña para que las autoridades esclarezcan los hechos cuanto antes y lleguen a la verdad, a través de las diligencias forenses y científicas necesarias. Amnistía Internacional recuerda que en toda muerte bajo custodia policial le corresponde al Estado demostrar de forma convincente que la muerte no fue una violación de derechos humanos producto de la actuación de un agente del estado”, dijo Erika Guevara Rosas.