Colombia: La CIDH debe escuchar las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos

Ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, que se llevará a cabo del 8 al 10 de junio, las voces de las víctimas de violencia, abuso y represión policial deben ser predominante en la agenda de la CIDH en el país, dijo Amnistía Internacional hoy.

Amnistía Internacional sigue monitoreando, verificando y documentando el uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos contra personas que se manifiestan pacíficamente en Bogotá, Cali, Pereira, Popayán, Madrid y Facatativá, entre otras ciudades del país. La organización ha verificado material audiovisual que da cuenta del uso indiscriminado y desproporcionado de armas letales y menos letales por parte de la policía colombiana, en particular de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), que han generado graves heridas y la muerte de decenas de personas, según reportan organizaciones de derechos humanos en el terreno.

“Sumadas a las denuncias de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta de protestas por parte de las fuerzas de seguridad, hemos recibido graves reportes de la violencia que continúan enfrentando las comunidades en zonas rurales del país. La represión contra personas de Pueblos Indígenas, comunidades Afrocolombianas, liderazgos comunitarios y personas defensoras de los Derechos Humanos continúa. Estas voces han sido invisibilizadas por décadas, es el momento que las autoridades colombianas asuman que el descontento social es consecuencia de esa violencia y el abandono,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La CIDH debe conocer de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión de protestas, así como garantizar espacio para escuchar las voces de comunidades históricamente marginalizadas e incluir el análisis de las causas estructurales que han generado el descontento social.”

Los informes de organizaciones y plataformas de Derechos Humanos dan cuenta de la represión policial constante desde el inicio del paro nacional.  La Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas informó que, del 28 de abril al 2 de junio, se han registrado 76 homicidios, en su mayoría de jóvenes, de los cuales 34 fueron presuntamente cometidos por el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones.  La Campaña denuncia también que 988 personas reportan heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza del ESMAD, de las cuales 74 sufrieron lesiones oculares. Por su parte, la ONG Temblores denunció que al 31 de mayo se han registrado 3.789 casos de violencia policial indebida y 1.649 detenciones arbitrarias de manifestantes.

Asimismo, se han denunciado 151 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el marco de manifestaciones, como los casos de Daniela Soto, joven indígena del resguardo Sa´th Tama Kiwe, lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y defensora de derechos humanos que resultó gravemente herida el 9 de mayo en Cali y los homicidios de Cristian Torres Cifuentes, líder campesino que participaba en encuentros del paro nacional el 16 de mayo, en Leiva (Nariño) y el de Sebastián Jacanamejoy, joven defensor Indígena, el 28 de mayo durante una manifestación en Cali.  

Por otro lado, las denuncias sobre personas dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional son alarmantes. Al cumplirse un mes de movilizaciones, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró 775 personas desaparecidas, de las cuales aún falta por localizar a 327, e instó a las instituciones responsables a activar los mecanismos de búsqueda y localización de manera urgente. La Mesa ha documentado casos, en los cuales estaría comprometida la responsabilidad de integrantes de la policía y del ESMAD, al realizar cientos de detenciones arbitrarias, sin registro y sin seguimiento por parte de los órganos de control.

“Las autoridades colombianas deben actuar con la debida diligencia para investigar las denuncias de desapariciones forzadas en el marco de la movilización social y activar los mecanismos de búsqueda, de manera prioritaria. Estas prácticas tienen como objetivo infundir miedo para silenciar las voces de las personas que protestan pacíficamente. El silencio del gobierno de Iván Duque frente a estos crímenes es inaceptable. En ese sentido, la visita de la CIDH es una luz de esperanza para miles de familias que aún buscan a sus seres queridos,” expresó Erika Guevara Rosas.

La Defensoría del Pueblo reportó que ha verificado 106 casos de violencias basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Estos hechos han sido denunciados en diferentes lugares de Colombia, incluidos los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Nariño y Boyacá, entre otros.  Los relatos de sobrevivientes de violencia sexual cometida por agentes de las fuerzas de seguridad son desgarradores, y dan cuenta de las torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia psicológica, abusos y acoso sexista, dirigidos a infundir miedo y castigar su participación en las manifestaciones.

Amnistía Internacional expresa también su preocupación por las declaraciones reiteradas de las autoridades nacionales que criminalizan la protesta social - que es mayormente pacífica- y, con ello, justifican el uso excesivo de la fuerza contra la población. Es deber de las autoridades reconocer que la manifestación pacífica es un derecho, y quede debe ser protegido.

En ese sentido, las declaraciones de presidente Duque y de otras altas autoridades sobre los presuntos 'fines terroristas' de las marchas pacíficas deben cesar. En ese contexto, el tratamiento militar que se ha dado a las protestas en Colombia a través del decreto 575, expedido el 28 de mayo pasado, contraviene las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado colombiano.

En igual sentido, al ambiente de estigmatización de quienes ejercen su derecho a protestar pacíficamente, se suman denuncias creíbles sobre personas vestidas de civil que, actuando en aquiescencia y tolerancia de las fuerzas de seguridad, han causado la muerte y lesiones a manifestantes en varias ciudades.  Es de especial preocupación la situación en Cali, donde han circulado imágenes y videos de civiles fuertemente armados reprimiendo a manifestantes con la aquiescencia y tolerancia de agentes de policía.  Amnistía Internacional ha recibido graves denuncias de más de cincuenta y cinco muertes violentas en Cali, cuya presunta responsabilidad sería atribuible a agentes de las fuerzas de seguridad y a personas civiles armadas.

En este contexto de violencia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que, del 28 de abril al 4 de mayo, se reportan 87 agresiones físicas contra periodistas que cubren las manifestaciones del paro nacional.  También denuncian 42 amenazas, 9 detenciones arbitrarias y 13 hechos de eliminación de material. Amnistía Internacional expresa su preocupación por las agresiones reportadas contra periodistas y reitera que las autoridades deben respetar la libertad de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de una forma segura.

La CIDH tiene la oportunidad de contribuir a que las denuncias de miles de personas que claman justicia, verdad y reparación no queden en la impunidad.  Amnistía Internacional considera que la visita es una contribución fundamental para superar la crisis de derechos humanos que vive el país. En ese contexto, las víctimas deben contar con canales accesibles para acceder a la información sobre la visita para lograr que sus testimonios sean escuchados por la CIDH.

Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades colombianas para que garanticen que la CIDH pueda llevar a cabo su visita sin interferencias indebidas, a fin de que pueda reunirse con todas aquellas autoridades, organizaciones, personas y comunidades que considere necesario y pertinente para ejecutar su mandato.  Asimismo, las autoridades deben brindarle las facilidades de desplazamiento necesario sin utilizar la seguridad como excusa para restringir su labor, como asimismo salvaguardar la seguridad de las personas que acudan ante la CIDH y que las mismas no sean objeto de amenazas, represalias o acciones de descrédito.