A finales de marzo, el defensor de los derechos humanos Juan Carlos Gaona, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el norte de Colombia, recibió un mensaje de texto que decía que, a causa de la presencia de un camión del ejército cerca del lugar donde celebraba una reunión, se había frustrado por casualidad una operación para asesinarlo en Sincelejo, departamento de Sucre, pero le advertía de que la siguiente vez no tendría tanta suerte. Esta amenaza de muerte subraya la necesidad urgente de brindar una protección mayor a los miembros de la Comisión en todo el país. Pedimos a las autoridades colombianas que cumplan las medidas internacionales que les ordenan proteger a la organización.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Ministra de Relaciones Exteriores

Rosa Yolanda Villavicencio

Palacio de San Carlos, Calle 10 # 5-51, Bogotá, Colombia

Correo-e: contactenos@cancilleria.gov.co

Señora Ministra:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por los graves riesgos para la vida, la seguridad y la protección de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Esta organización de derechos humanos, que cuenta con equipos desplegados en diferentes regiones de Colombia, ha sufrido en los últimos meses serios incidentes relativos a la seguridad cuya gravedad supera la protección actualmente proporcionada por las autoridades colombianas.

A finales de 2025, la organización denunció varios incidentes serios relativos a la seguridad que amenazaron tanto la seguridad de sus miembros como la continuidad de su trabajo de derechos humanos. Entre esos incidentes se incluyó, el 27 de noviembre, uno en el que un hombre armado no identificado apuntó con un arma de fuego al único miembro del personal asignado a la protección de la organización por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el suroeste de Colombia. Más tarde, el 30 de noviembre, uno de los vehículos de seguridad de la organización, en el que viajaban tres defensores de los derechos humanos, fue perseguido por unos hombres fuertemente armados que los apuntaron con sus armas e intentaron que el vehículo se detuviera en la carretera.

Más recientemente, el 27 de marzo de 2026, el defensor de los derechos humanos Juan Carlos Gaona, miembro de la Comisión Intereclesial, recibió un mensaje de texto que decía que, a causa de la presencia de un camión del ejército cerca del lugar donde celebraba una reunión, se había frustrado por casualidad una operación para asesinarlo en Sincelejo, departamento de Sucre. El mensaje describía las actividades recientes de Gaona, lo que revelaba que éste estaba siendo vigilado, y le advertía de que la siguiente vez no tendría tanta suerte, lo cual constituye una amenaza de muerte.

Aunque algunos de estos ataques fueron impedidos por miembros de la UNP asignados para proteger a la Comisión, siguen produciéndose nuevos incidentes relativos a la seguridad, algunos de ellos en territorios que quedan fuera de las actuales medidas de protección. Esto demuestra la necesidad urgente de reforzar y adaptar las medidas de protección de la organización al carácter y el alcance geográfico de su trabajo.

La insto a emprender acciones inmediatas y garantizar que Colombia cumple con sus obligaciones internacionales, conforme establece la Medida Cautelar 629-03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide a Colombia que adopte todas las medidas necesarias, en coordinación con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para proteger la vida y la seguridad de los miembros de la organización y permitirles continuar con su trabajo de derechos humanos en diferentes áreas de alto riesgo de Colombia.

Atentamente, [NOMBRE]