Colombia: protección para una organización de derechos humanos
Le instamos a emprender acciones inmediatas y garantizar que Colombia cumple con sus obligaciones internacionales, conforme establece la Medida Cautelar 629-03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide a Colombia que adopte todas las medidas necesarias, en coordinación con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para proteger la vida y la seguridad de los miembros de la organización
A finales de marzo, el defensor de los derechos humanos Juan Carlos Gaona, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el norte de Colombia, recibió un mensaje de texto que decía que, a causa de la presencia de un camión del ejército cerca del lugar donde celebraba una reunión, se había frustrado por casualidad una operación para asesinarlo en Sincelejo, departamento de Sucre, pero le advertía de que la siguiente vez no tendría tanta suerte. Esta amenaza de muerte subraya la necesidad urgente de brindar una protección mayor a los miembros de la Comisión en todo el país. Pedimos a las autoridades colombianas que cumplan las medidas internacionales que les ordenan proteger a la organización.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Ministra de Relaciones Exteriores
Rosa Yolanda Villavicencio
Palacio de San Carlos, Calle 10 # 5-51, Bogotá, Colombia
Correo-e: [email protected]
Señora Ministra:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por los graves riesgos para la vida, la seguridad y la protección de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Esta organización de derechos humanos, que cuenta con equipos desplegados en diferentes regiones de Colombia, ha sufrido en los últimos meses serios incidentes relativos a la seguridad cuya gravedad supera la protección actualmente proporcionada por las autoridades colombianas.
A finales de 2025, la organización denunció varios incidentes serios relativos a la seguridad que amenazaron tanto la seguridad de sus miembros como la continuidad de su trabajo de derechos humanos. Entre esos incidentes se incluyó, el 27 de noviembre, uno en el que un hombre armado no identificado apuntó con un arma de fuego al único miembro del personal asignado a la protección de la organización por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el suroeste de Colombia. Más tarde, el 30 de noviembre, uno de los vehículos de seguridad de la organización, en el que viajaban tres defensores de los derechos humanos, fue perseguido por unos hombres fuertemente armados que los apuntaron con sus armas e intentaron que el vehículo se detuviera en la carretera.
Más recientemente, el 27 de marzo de 2026, el defensor de los derechos humanos Juan Carlos Gaona, miembro de la Comisión Intereclesial, recibió un mensaje de texto que decía que, a causa de la presencia de un camión del ejército cerca del lugar donde celebraba una reunión, se había frustrado por casualidad una operación para asesinarlo en Sincelejo, departamento de Sucre. El mensaje describía las actividades recientes de Gaona, lo que revelaba que éste estaba siendo vigilado, y le advertía de que la siguiente vez no tendría tanta suerte, lo cual constituye una amenaza de muerte.
Aunque algunos de estos ataques fueron impedidos por miembros de la UNP asignados para proteger a la Comisión, siguen produciéndose nuevos incidentes relativos a la seguridad, algunos de ellos en territorios que quedan fuera de las actuales medidas de protección. Esto demuestra la necesidad urgente de reforzar y adaptar las medidas de protección de la organización al carácter y el alcance geográfico de su trabajo.
La insto a emprender acciones inmediatas y garantizar que Colombia cumple con sus obligaciones internacionales, conforme establece la Medida Cautelar 629-03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide a Colombia que adopte todas las medidas necesarias, en coordinación con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para proteger la vida y la seguridad de los miembros de la organización y permitirles continuar con su trabajo de derechos humanos en diferentes áreas de alto riesgo de Colombia.
Atentamente, [NOMBRE]
Información complementaria
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz defiende los derechos humanos en Colombia desde hace más de tres decenios. Trabaja en varias regiones del país, situadas en los departamentos de Antioquia, el Chocó, el Valle del Cauca, el Cauca, Putumayo y el Meta, la mayoría de ellas entre las más afectadas por el conflicto armado, la desigualdad, la discriminación y otros problemas sistémicos. La Comisión ha apoyado a personas, familias y comunidades en sus peticiones de que se respeten y se hagan realidad sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales.
La defensa de los derechos humanos en Colombia es una actividad de alto riesgo, y la historia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz da fe de ello. A causa de su labor, la organización y sus miembros han sido objeto de amenazas y ataques por parte de actores estatales y no estatales. La organización ha documentado todos estos hechos y ha reclamado la protección de las autoridades colombianas y recibido medidas cautelares a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a ello, y a una petición reciente de fortalecimiento de las medidas de seguridad que proporciona la Unidad Nacional de Protección, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha informado de varias deficiencias en los vehículos que tiene asignados y demoras en su mantenimiento, así como el debilitamiento general de las medidas de protección. La protección brindada por las autoridades no cubre a todo el equipo de la Comisión, que está desplegado en diferentes áreas de Colombia y está en constante movimiento a causa del trabajo de la organización con comunidades afectadas por la violencia.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desarrolla su labor en algunas de las regiones más marginadas de Colombia. La falta de garantías en cuanto a su seguridad no sólo afecta negativamente al ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos sino también a las personas y comunidades que se benefician de su relación con la organización. Además, esta situación forma parte de una tendencia más amplia de cierre del espacio para la defensa de los derechos humanos en el país que debe ser abordada con urgencia por un gobierno que se comprometió a proteger a quienes defienden los derechos humanos.
A pesar de las denuncias públicas formuladas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la amenaza contra Juan Carlos Gaona, y de las peticiones directas a las autoridades colombianas, la organización sigue esperando una respuesta efectiva que sea acorde con el nivel de la amenaza.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español.
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 7 de agosto de 2026.
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (no procede)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/0577/2025/es/