Crisis global de derechos humanos que toca a Colombia y Venezuela

Amnistía Internacional lanzó a nivel global su Informe Anual La situación de los derechos humanos en el mundo. Para el movimiento global por la defensa de los derechos humanos, el contexto mundial en 2025 estuvo marcado por ataques crecientes contra el derecho internacional, el multilateralismo y las libertades fundamentales. La organización advierte que los resultados de décadas de esfuerzos globales por construir un mundo donde se reconozcan y respeten universalmente los derechos humanos están en riesgo.

 

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales anti-derechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, declaró la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

 

 

“2025 fue un año especialmente doloroso para Amnistía Internacional en esta parte del mundo”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al manifestar su preocupación sobre la situación de países como Colombia y Venezuela. “Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos venezolano y oficial de Amnistía, que tuvo que buscar asilo fuera de su país luego de ser detenido arbitrariamente y desaparecido

 

forzadamente durante horas por el gobierno de Venezuela, fue atacado a tiros, junto con su connacional Luis Peche, en el norte de Bogotá, en un acto que casi les cuesta la vida. Han pasado más de seis meses y le exigimos a la Fiscalía General de Colombia resultados en la investigación sobre las personas responsables de este ataque”.

 

Yendri Velásquez se desempeñaba como gerente de campañas de Amnistía Internacional Venezuela en Colombia cuando fue atacado, el 13 de octubre de 2025, por tres sicarios en la entrada de su residencia en el sector de Cedritos, en Bogotá. Velásquez había llegado un año antes a Colombia buscando protección ante la represión en Venezuela, luego de que el gobierno de ese país lo detuviera, lo desapareciera forzadamente por horas, y lo despojaran de su pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía en la periferia de Caracas, cuando intentaba asistir a una invitación de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en calidad de fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.

Amnistía Internacional ha señalado que el ataque contra Yendri Velásquez, quien por más de un año había esperado infructuosamente una respuesta a su solicitud de asilo en Colombia, refleja cómo las trabas administrativas para reconocer el estatus de refugiado de personas que buscan protección internacional en Colombia, particularmente personas defensoras, aumenta su situación de riesgo.

Frente a Colombia, el informe de Amnistía Internacional destaca que el país sigue viviendo una grave emergencia humanitaria por la persistencia del conflicto armado, que impacta a comunidades campesinas como la de la región del Catatumbo, así como a comunidades indígenas y afro-descendientes de distintas regiones del país. Estas poblaciones sufren un impacto desproporcionadamente alto de la violencia, reflejada en decenas de miles de nuevas víctimas de desplazamientos forzados, confinamientos, niños y niñas reclutados por los grupos armados no estatales, entre otras violaciones y abusos de los derechos humanos.

 

Amnistía Internacional señaló preocupaciones relativas a la política de “Paz Total”, como por ejemplo que las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas seguían sin estar claras durante 2025 en las mesas de negociación. Al tiempo, señaló el aumento de los combates entre grupos armados no estatales, y entre estos y las fuerzas de seguridad del Estado, en un contexto marcado por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

 

Amnistía Internacional hizo además eco del informe lanzado recientemente por el Programa Somos Defensores, que señaló que 2025 fue el año con mayor violencia letal contra personas defensoras de los derechos humanos durante el actual gobierno, con 165 asesinatos. “Es inaceptable que en un país maten cada semana a tres personas por alzar su voz en defensa de sus derechos y los de sus comunidades. Colombia necesita medidas urgentes y eficaces para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”, añadió la directora Ana Piquer.

 

El informe de Amnistía Internacional señala la existencia de fallas en la política de protección encabezada por el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, una respuesta institucional fragmentada, y subraya que pasó otro año sin que se expidiera la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, que responde a exigencias de la Corte Constitucional (sentencia 546 de 2023), que había puesto como plazo para tomar estas medidas el año 2024.

 

Amnistía Internacional también señaló su preocupación por la situación de Venezuela, un país que cerca de ocho millones de personas tuvieron que abandonar en la última década por la crisis humanitaria, mientras que a 2025 casi dos millones de personas dentro de Venezuela dependían de la ayuda humanitaria de organismos internacionales.

 

Durante 2025, Amnistía Internacional documentó que los poderes del Estado venezolano continuaron coordinándose para perseguir y castigar severamente la disidencia, real o percibida, frente al gobierno de Nicolás Maduro. Cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. A ello se suman los procesos judiciales sin garantías de debido proceso para las personas víctimas de estos crímenes.

 

“La crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela no puede ser normalizada ni ignorada por el resto del mundo. Durante años, las autoridades han aplicado una lógica de “puerta giratoria” en la que cometen detenciones arbitrarias y otros crímenes contras las voces críticas, seguidas de liberaciones parciales que suelen dar paso a nuevas detenciones. Esta arbitrariedad tiene que parar”, afirmó Ana Piquer, señalando que es una situación que se extiende incluso al presente año en medidas como la aplicación de la reciente Ley de Amnistía.

 

Finalmente, el informe de Amnistía Internacional hizo eco de organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la ONU, que en 2025 presentó informes documentando violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión posterior a las elecciones de julio de 2024, así como el papel de cuerpos de seguridad en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

 

 

El informe anual de Amnistía Internacional para 2025 documentó violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional alrededor del mundo. Israel continuó cometiendo un genocidio en Gaza y aplicando una política de apartheid contra la población palestina en Cisjordania, acelerando la expansión de asentamientos ilegales y permitiendo o fomentado que los colonos israelíes ataquen y aterroricen impunemente a la población palestina. Rusia intensificó sus ataques aéreos contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania. Emiratos Árabes Unidos suministró armamento avanzado de origen chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que cometen homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual en medio de la guerra civil en Sudán. En la República Democrática del Congo, el grupo armado M23 tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, matando civiles y torturando a personas detenidas.

 

Amnistía Internacional también registró diversos casos de represión a la sociedad civil y al derecho a la protesta durante 2025, en países como Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, llegando incluso al uso ilícito de medios letales contra manifestantes en Nepal y Tanzania. En Estados Unidos y Reino Unido los gobiernos tomaron medidas represivas contra la sociedad civil que se manifestara en contra del genocidio cometido por Israel, en Turquía se encarceló masivamente a manifestantes y

 

opositores, y empezando el 2026, en enero, las autoridades en Irán masacraron a manifestantes en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.

 

Las Américas no se quedan atrás en este preocupante panorama. Amnistía Internacional denunció que durante 2025 Estados Unidos perpetró más de 150 ejecuciones extrajudiciales bombardeando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, perfilamientos raciales, detenciones arbitrarias y prácticas constitutivas de tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos “anti-ONGs”, imponiendo controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectando directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.

 

Según Amnistía Internacional, 2025 también fue un año preocupante en materia de cooperación internacional. Países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables, y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar. Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG que traban en áreas como la libertad de prensa, la resiliencia climática, la justicia de género, los derechos de personas migrantes, o el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

 

Como lo señala el informe de Amnistía Internacional, esta situación afecta directamente a países como Colombia y Venezuela. En el segundo, tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) anunciaron el cierre de sus respectivas oficinas en el país durante 2025, mientras que en Colombia, en junio OACNUDH anunció la reducción de su presencia en el país debido a la disminución de los recursos provenientes de la cooperación internacional.

 

 

Aunque el informe de Amnistía Internacional cubre el 2025, la organización ha manifestado su gran preocupación por lo que va del 2026. En unos pocos meses Estados Unidos llevó a cabo un acto de agresión contra Venezuela. Poco después, Estados Unidos junto con Israel, en flagrante violación de la Carta de la ONU, emprendieron el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán, incluyendo un ataque ilícito de contra una escuela, y a su vez provocando represalias iraníes contra Israel y países árabes, todo lo cual ha resultado en devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas que pueden constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra. Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano. En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, y desde febrero el país entabló un conflicto armado con Pakistán que suscita hondas preocupaciones desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario.

 

Amnistía Internacional denuncia que muchos países en el mundo no han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. “Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, declaró Agnès Callamard.

 

“Los depredadores del sistema multilateral lo atacan no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de sus intereses. El sistema internacional basado en reglas que el mundo se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial tiene sus problemas, pero la única solución es seguir mejorándolo para que sea plenamente capaz de defender los derechos de todas las personas”, concluyó Agnès Callamard.