Jueves, 04 de junio, 2026
Hernández, Daniel
Un grupo de investigadores y expertos locales e internacionales revela la trama delictiva, militar e irregular detrás de la destrucción de la Amazonía, Orinoquía y la Guayana venezolanas
La organización de la sociedad civil SOSOrinoco, fundada en 2018 por un panel de expertos que operan bajo un estricto anonimato debido a los altos riesgos de seguridad en el país, han publica más de 30 informes que presentan y analizan la emergencia socioambiental que azota al sur del río Orinoco. El objetivo de este esfuerzo es documentar, visibilizar y diseñar medidas urgentes para frenar la tragedia ecológica y humana provocada por las políticas de explotación minera del gobierno venezolano.
La iniciativa nació ante la urgencia de visibilizar un ecocidio oculto. “En el 2017 empecé a escuchar rumores sobre minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, que es una zona considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ante esta inquietud y el miedo por levantar la voz para denunciar lo que sucedía, formé un grupo de especialistas, académicos y periodistas en el tema para realizar un informe técnico y anónimo y en 2018 lo enviamos a la Unesco con el fin de que ellos se enteraran y tomaran cartas en el asunto”, explicó Cristina Burelli, fundadora de la ONG SOSOrinoco.
Asumir la vocería de esta causa ha conllevado altísimos costos personales para sus defensores. “Ser la cara que denunciaba la minería ilegal en Venezuela en entrevistas y webinar me costó no poder regresar a Venezuela en 10 años”, confesó Burelli, lo que evidencia el esquema de persecución que enfrentan los defensores del medioambiente en Venezuela.
La verdad detrás del "Arco Minero del Orinoco"
Aunque formalmente fue presentado en 2016 como una zona de desarrollo minero de 111.843 km2 (un área mayor que Portugal o Cuba) destinada a la extracción de oro y coltán, SOSOrinoco denuncia que el Arco Minero no es una política pública legítima, sino "la manifestación pública y desafiante de la voluntad de un Estado para promover la anarquía y el saqueo".
La organización advierte que esta dinámica criminal ha desbordado sus propios límites geográficos teóricos, invadiendo áreas protegidas de valor ecológico incalculable y reservas ancestrales como:
“En la realidad esta política de promoción de la anarquía, la expansión y la profundización de la minería se ha desbordado a sitios que en el mapa no están dentro del Arco Minero, como el parque nacional Canaima, la cuenca del río Paragua, la cuenca media y alta del río Caura (parque nacional Caura), el parque nacional Yapacana, la reserva de biosfera Alto Orinoco Casiquiare, todo el norte del estado Amazonas y la frontera sur de Amazonas con Colombia”, indica en su sitio web.
Alertan que la estrategia del gobierno para blanquear estas operaciones sigue evolucionando. La reciente aprobación de una nueva Ley de Minas por parte de la Asamblea Nacional oficialista el pasado mes de abril responde a esta lógica. Bajo la justificación de abrir las puertas a inversiones de capitales privados de origen pro-occidental para la supuesta comercialización y extracción "legal" de los recursos del subsuelo, el gobierno busca lavarse la cara ante los mercados internacionales. Esta maniobra ya ha mostrado hitos concretos con la ejecución del primer cargamento formal y directo de oro venezolano transportado hacia los Estados Unidos.
Una estructura delincuencial organizada
De acuerdo con las investigaciones presentadas, el funcionamiento en el terreno prescinde de estudios de impacto socioambiental o de la más mínima legalidad jurídica, sosteniéndose en una intrincada estructura criminal de tres niveles de complicidad bien definidos.
En el primer escalón operan los denominados actores irregulares, quienes actúan como los operadores territoriales encargados del control directo de las zonas de extracción. Este grupo está integrado por bandas delincuenciales organizadas y dirigidas desde los centros penitenciarios (conocidas como "sindicatos" y "pranato"), grupos paramilitares controlados por el oficialismo ("colectivos") y organizaciones guerrilleras extranjeras como el ELN y las disidencias de las FARC. Estos elementos ejercen una supervisión absoluta y fiscalizan a los mineros mediante la aplicación de una violencia sistemática.
El soporte económico de este entramado lo constituyen los socios financieros, conformados esencialmente por comerciantes e inversionistas privados procedentes del estado Bolívar y del resto del territorio nacional. A este esquema delincuencial se suman los "nuevos empresarios" a través de empresas de maletín, tanto venezolanas como extranjeras provenientes de países como Turquía y China, que carecen de antecedentes previos de inversión en la nación. Todos ellos aportan los recursos económicos necesarios para dinamizar el sistema y legitimar la procedencia de los inmensos flujos de dinero y el posterior tráfico de minerales.
Finalmente, la cúspide de la organización o el "tope" de la trama está integrada por militares de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto con los cuerpos de seguridad del Estado como el SEBIN, la PNB y el CICPC. Estos funcionarios son los encargados de controlar y coordinar todo el sistema en última instancia, recurriendo a la fuerza institucionalizada para imponer la violencia en caso de ser necesario. De esta manera, las altas jerarquías militares y civiles del régimen interceptan y capturan la mayor proporción del flujo de minerales y dinero, asegurando una parte sustancial del botín bajo una fachada que simula ser institucional.
Etnocidio y crisis humanitaria indígena
SOSOrinoco hace especial hincapié en el desmantelamiento ético y social de las comunidades indígenas del sur de Venezuela. El Arco Minero ha fomentado redes de prostitución, trabajo esclavo y explotación infantil.
En su más reciente informe del Observatorio Socioambiental Sur De Venezuela #09 Enero – Abril 2026 señalan que el sur de Venezuela no enfrenta una "crisis de delincuencia común", sino un proceso sistemático de despojo territorial. La supervivencia de las comunidades indígenas y la integridad del ecosistema amazónico-guayanés venezolano depende de la desarticulación del nexo entre la extracción de recursos y los grupos criminales organizados.
Cualquier vestigio de resistencia indígena ha sido sofocado mediante la violencia, registrándose múltiples masacres silenciosas en los últimos años, como la ocurrida en Santa Elena de Uairén en febrero de 2019. El gobierno ha fracturado el autogobierno ancestral promoviendo divisiones políticas, tribales y religiosas, aprovechándose de la vulnerabilidad generada por una crisis humanitaria sin precedentes.
El negocio de la minería sigue funcionando bajo una gran contradicción: produce muchísima riqueza, pero solo deja más pobreza a su paso. Mientras el oro y los demás minerales salen de la región hacia los mercados de todo el mundo para alimentar negocios tanto legales como ilegales, los habitantes del lugar (tanto los criollos como los indígenas) se quedan atrás, olvidados. Lo único que les queda son ríos envenenados, selvas completamente destruidas y una población enferma por culpa de epidemias que hace años ya se podían controlar.
Llamado a la Acción Internacional: ¿Qué puedes hacer?
En un escenario donde la comunidad internacional condena activamente al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad, SOSOrinoco insta a que las violaciones ambientales y el etnocidio del sur de Venezuela sean incluidos de forma prioritaria en la agenda global.
La organización civil invita a los ciudadanos, activistas y medios de comunicación del mundo a sumarse a la causa a través de las siguientes acciones:
Difusión: Seguir y compartir las actualizaciones en Facebook, Twitter e Instagram utilizando la etiqueta #SOSOrinoco.
Voluntariado: Escribir a la organización compartiendo ideas y perfiles profesionales para sumarse al equipo de investigación y difusión.
Donaciones: Contribuir económicamente para garantizar la continuidad de las labores de monitoreo, investigación satelital y denuncia internacional que realiza el grupo de manera independiente.
Para más información, contacto de prensa y descarga de informes: Sitio Web sosorinoco.org y redes sociales: @SOSOrinoco