Argentina y México rechazan el escrutinio internacional sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua

Amnistía Internacional lamenta el reciente comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina y México donde señalan que, pese a rechazar las detenciones realizadas por las autoridades nicaragüenses en los últimos días, no acompañaron la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenando las detenciones y solicitando la inmediata liberación de las personas detenidas por ejercer sus derechos.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernandez en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“Es lamentable que luego de tres años del inicio de una de las peores crisis de derechos humanos en Nicaragua, todavía existan posturas disonantes en la comunidad internacional. Hacemos un llamado a los gobiernos del hemisferio a unir sus voces por el cese a la represión en Nicaragua”.

Desde 2018 hasta mayo del 2021, más de cien personas continuaban detenidas sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Durante las últimas semanas la lista ha crecido rápidamente. La comunidad internacional ha podido dar cuenta de las recientes detenciones arbitrarias de cuatro aspirantes a la presidencia, nueve figuras públicas de la política nacional, dos ex trabajadores de una organización no gubernamental y un empresario.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de las personas detenidas han reportado que las detenciones de los últimos días han sido acompañadas de denuncias de violaciones al debido proceso. En algunos casos, han denunciado la ausencia de órdenes judiciales, la incomunicación de aquellos detenidos, la falta de información sobre su lugar de detención y sus condiciones (lo que podría constituir incluso desaparición forzada), y el poco o nulo acceso a la representación legal de su elección. Además, en la mayoría de los casos, se han realizado allanamientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado como ilegales.

Desde hace más de tres años, la estrategia represiva del gobierno de Daniel Ortega no se ha detenido y, hasta el día de hoy, las autoridades siguen intentado silenciar cualquier forma de disidencia o crítica. A las recientes detenciones se suman la impunidad de las graves violaciones cometidas desde 2018, el acoso y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, y la aprobación de leyes que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.