“Cárcel, ruina económica, represión y exilio”: el precio que pagan los profesionales de la salud de Nicaragua por hacer su trabajo

Una mañana de agosto de 2014, el doctor Richard Saenz Coen recibió una llamada de teléfono de la ministra de Salud de Nicaragua. Necesitaba un ginecólogo muy cualificado para hacerle una cesárea a una mujer que estaba dando a luz, inmediatamente. El Dr. Saenz fue escoltado a un hospital público, que estaba prácticamente vacío, cerrado por las fuerzas de seguridad y la policía. Cuando llegó al quirófano, le sorprendió verlo ocupado por parapoliciales armados. Un hombre vestido de civil le agarró la mano y le dijo en un tono amenazador: “sabes en qué te estás metiendo”.

Un par de horas después, aparecieron fuera del quirófano el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la actual vicepresidenta, Rosario Murillo. El Dr. Saenz acababa de traer al mundo a su nieto. El presidente le dio la mano y le agradeció sus servicios. El Dr. Saenz nunca habría pensado que, apenas unos años más tarde, este mismo presidente —sobreviviente de la tortura y revolucionario durante el levantamiento sandinista contra la dictadura de Somoza en la década de 1970— supervisaría su despido, prisión, tortura y exilio y los de otros colegas suyos, profesionales de la salud.

El Dr. Saenz huyó de Nicaragua en junio de 2021. “Prisión, ruina económica, represión y, ahora, el exilio” fue el precio que pagó por ser médico en Nicaragua, dijo a Amnistía Internacional. El Dr. Saenz es uno de los casi 200 profesionales de la salud que han huido de Nicaragua desde 2018 y, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los más de 400 profesionales de la salud despedidos de su trabajo. Y cuando los casos de COVID-19 están alcanzando niveles alarmantes y se aproximan las elecciones presidenciales de noviembre, el contexto no podría ser más sombrío para estos profesionales en Nicaragua.

El país lleva inmerso en una grave crisis de derechos humanos desde abril de 2018, cuando centenares de personas salieron a la calle para protestar por las reformas de la seguridad social en Nicaragua. El gobierno de Ortega respondió con una oleada de represión y medidas sin precedentes, que continúa hasta hoy, contra las personas disidentes. Más de 100.000 personas han huido del país en este periodo, mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido. Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones y, desde el 28 de mayo de 2021, han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos.

En este contexto, los profesionales de la medicina que, como Saenz, se atreven a ejercer su profesión contra la voluntad del gobierno, corren un gran riesgo. Saenz es uno de las decenas de médicos que salieron a la calle en 2018 a atender a las personas que protestaban que habían sufrido heridas de bala y otras lesiones durante la represión. Por orden del gobierno, los hospitales públicos se negaron a atender a las personas heridas, por lo que los médicos usaron su propio tiempo para tratarlas.

En los meses que siguieron a las protestas de abril de 2018, el Dr. Saenz fue convocado de nuevo por el Ministerio de Salud. Esta vez no fue para recibir palabras de gratitud ni un apretón de manos por servir a su pueblo. Sin que mediara ninguna orden judicial, las autoridades le dijeron que iban a revocar inmediatamente su licencia médica y que se le prohibía ejercer la medicina en el país.

La persecución contra él no acabó aquí. La policía nicaragüense detuvo al Dr. Saenz cuatro veces en los tres años siguientes. En la mayoría de estas ocasiones, las autoridades lo tuvieron detenido varios días, le propinaron palizas y le privaron de comida. Una de las veces lo llevaron El Chipote, una comisaría de policía de Managua tristemente célebre por el trato brutal que sufren allí las personas detenidas.

“El tiempo en la cárcel fue degradante y humillante, hubo mucho abuso. A mí me golpearon, me torturaron, me daban patadas, tuve que ver a personas que violaron en mi presencia.  Y pasaron otras cosas que no quiero recordar”, dijo el Dr. Saenz a Amnistía Internacional.

Durante estos años, el Dr. Saenz procuró no destacar y siguió tratando a pacientes clandestinamente y llevando a cabo las actividades benéficas a las que se dedicaba desde hacía muchos años. No sólo era médico, sino que también tenía una pequeña explotación lechera y un negocio de camarones. Sin embargo, el gobierno se aseguró de acabar con todo su patrimonio. Cuando decidió marcharse de Nicaragua, grupos progubernamentales habían asaltado su casa y destruido o robado sus pertenencias. Según el Dr. Saenz, las autoridades usaron sus documentos robados para inventar cargos de fraude a la seguridad social contra él.

Pese a la implacable persecución que sufrió, en 2020 el Dr. Saenz participó en una iniciativa voluntaria para llevar suministros médicos a comunidades indígenas afectadas por la COVID-19, y atendía como médico a disidentes y a presos y presas políticos que más tarde huyeron del país. Su actuación encolerizó a las autoridades que, en abril de 2021, lo siguieron y lo tuvieron detenido otros cuatro días en la comisaría de Chinandega, donde enfermó debido a que era diabético insulinodependiente. Después de días de estar al borde de la inanición y sometido a malos tratos e interrogatorios, la policía lo dejó en libertad.

Pero las amenazas y la persecución contra él no remitieron. En junio de 2021, una fuente fiable le dijo que las autoridades iban por él de nuevo, esta vez sin piedad. Era el momento de huir del país.

Cientos de profesionales médicos y de enfermería de toda Nicaragua han sufrido experiencias similares. Para muchos, su único “delito” fue seguir lo que decía la ciencia y cumplir las obligaciones de su profesión.

Desde que, a finales de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 una pandemia, las autoridades de Nicaragua trataron de restar importancia a su impacto en el país. Promovieron reuniones públicas multitudinarias y mantuvieron las escuelas abiertas. Profesionales de la salud dijeron a Amnistía Internacional que al principio les prohibieron llevar equipos de protección individual (EPI) en el trabajo y a algunos les arrancaron las mascarillas que llevaban puestas. Otros sufrieron represalias en el trabajo por diagnosticar COVID-19 a pacientes. Las autoridades alegaron que no querían generar “pánico” en la población.

“Mi concepto es que es más fácil para el gobierno que te mueras por COVID que te mueras por tiros”, dijo a Amnistía Internacional un doctor, que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. “Para mí, lo que ha hecho el gobierno es asesinato masivo”.

En mayo de 2020, más de 700 profesionales médicos firmaron una carta dirigida al gobierno nicaragüense, al que pedían que tuviera en cuenta lo que decía la ciencia sobre la COVID-19 e implementara una serie de medidas de salud pública. Poco después, decenas fueron despedidos como represalia por pronunciarse y firmar la carta. Cuando Amnistía Internacional les preguntó por las circunstancias de su despido, dijeron que desde la dirección de los hospitales se limitaron a decirles que estaban despedidos por “órdenes de arriba” sin ninguna explicación más.

“Los médicos empezaron a ser un faro en medio de esa oscuridad”, dijo el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda.

El despido no fue la única consecuencia que sufrieron. Al igual que el Dr. Saenz, varios profesionales médicos han sido seguidos por informantes del gobierno, calumniados en los medios de comunicación o vigilados a diario por policías frente a su domicilio.

Según el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, colectivo independiente creado para compartir datos e información sobre la pandemia, han muerto por el virus 155 profesionales de la salud. Pero el Ministerio de Salud de Nicaragua no ha facilitado en toda la pandemia ningún dato público sobre tasas de infección ni muertes de estos profesionales.

A finales de julio, el Ministerio de Salud citó a varios profesionales médicos a sus oficinas y les dijo que si no dejaban de difundir información sobre la pandemia, podrían ser detenidos o encarcelados en aplicación de la nueva Ley Especial de Ciberdelitos. Promulgada en diciembre de 2020, la ley establece un marco legal que puede utilizarse para declarar culpable a cualquier persona que exprese opiniones que, a juicio de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.

En los días siguientes, el gobierno aprobó un decreto para cancelar la personalidad jurídica de 24 asociaciones civiles, muchas de ellas organizaciones médicas. El pretexto empleado por las autoridades para promulgarlo fue que muchas organizaciones no tenían la documentación en regla. Sin embargo, representantes de asociaciones dijeron a Amnistía Internacional que, desde 2018, el gobierno había hecho imposible llevar las inscripciones al día.

“Las autoridades empezaban a inventar razones administrativas para mantenerte en limbo jurídico para que no cumplas con tus requisitos, a pesar de haber presentado todos los papeles”, dijo una persona, miembro fundador de una organización médica comunitaria.

Un representante de una organización que presta atención médica a comunidades en situación de vulnerabilidad de todo el país, dijo a Amnistía Internacional que la policía llegó sin orden judicial y empezó a incautar objetos propiedad de la organización. Esto ocurrió antes incluso de que el decreto fuera oficial. Más de una decena de miembros del personal perdieron al instante su trabajo.

El asalto burocrático contra estas organizaciones se produjo después de que hubieran sido silenciadas otras voces importantes de la comunidad médica de Nicaragua. Durante la represión de 2018, se fundaron una serie de colectivos y organizaciones médicas, como la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la UMN asumió un papel destacado facilitando información fiable a la opinión pública. Pero, en medio de la represión gubernamental del sector médico, la UMN fue obligada a cerrar sus oficinas y a disolverse a finales de junio de 2021.

Un miembro de la Unidad que huyó del país en junio habló con Amnistía Internacional desde el exilio y dijo que, una mañana, lo habían seguido dos miembros de grupos armados progubernamentales en sendas motocicletas cuando salió de su casa para ir a su consulta. “Ese es el modo de cómo trabajan:  primero los paramilitares localizan la persona a detener y te siguen, y luego informan a las policías que vienen por ti después”. El médico huyó de la ciudad inmediatamente. En los días siguientes, su casa estuvo bajo constante vigilancia policial.

Decenas de trabajadores y trabajadoras de la salud nicaragüenses han pedido asilo en Estados Unidos, Costa Rica y otros países de Centroamérica.

Por si las tácticas de represión, acoso y cancelación legal no fueran suficientes, estos trabajadores han sido ignorados en los procesos de vacunación de Nicaragua. La primera partida de vacunas llegó el 24 de febrero de 2021 donada por Rusia en una cantidad no especificada, y fue seguida de donaciones de la vacuna AstraZeneca del Mecanismo COVAX de la OMS en marzo, más donaciones de Rusia en mayo y, recientemente, una segunda partida de vacunas proporcionadas por el COVAX a principios de agosto.

La OMS ha pedido que en la distribución de vacunas en cualquier país, se dé prioridad a los trabajadores y trabajadoras de la salud, especialmente a quienes estén expuestos a la COVID-19, y ha instado a los Estados a que publiquen un plan claro en el que se especifiquen los grupos prioritarios para la vacunación. Sin embargo, Nicaragua comenzó a vacunar ignorando totalmente a los profesionales sanitarios, que sólo empezaron a ser vacunados en mayo de 2021, mucho después de que lo hubieran sido otras personas.

Un médico responsable de coordinar el programa de vacunación de Nicaragua durante la década de 1980 dijo a Amnistía Internacional que el país tiene capacidad para vacunar, como mínimo. a 150.000 personas al día. El proceso actual no es nada en comparación. “Esta es la peor jornada de vacunación en más de 40 años que tengo trabajando en salud”, dijo. Nicaragua tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Latinoamérica, pues a mediados de agosto sólo el 5,4% de la población estaba vacunado con la pauta completa.

No hay datos públicos sobre quién está vacunado y con qué criterio. Se ha vacunado a un puñado de profesionales médicos y de enfermería de algunos hospitales, pero otros siguen esperando. Amnistía Internacional trató infructuosamente de obtener información sobre el acceso a la vacuna del personal de mantenimiento y de limpieza en los hospitales. Algunas informaciones de los medios de comunicación han señalado el favoritismo de vacunar primero a simpatizantes del gobierno con independencia de su perfil de riesgo para la COVID-19.

Una médica que vive actualmente en el exilio en Guatemala habló con Amnistía Internacional del dolor de perder a una de sus amistades más cercanas y a colegas por la COVID-19 en junio, cuando el gobierno podía haber vacunado a los trabajadores y trabajadoras de la salud mucho antes.

El papel del Ministerio de Salud al poner en peligro la vida de estas personas ha provocado incluso la imposición de sanciones individuales del gobierno estadounidense. En 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones individuales a los bienes de Sonia Castro González, la ministra de Salud que llamó al Dr. Saenz para que trajera al mundo al nieto de Ortega en 2014 y que sigue en el cargo actualmente. El gobierno estadounidense dijo que la había señalado por “dirigir el Ministerio de Salud, entidad que, o cuyos miembros han, participado en violaciones de derechos humanos y abusos significativos”.

Por su parte, el Dr. Saenz sigue buscando refugio fuera de Nicaragua.

“Lo que yo he vivido es un horror en silencio, y ya no aguanto más, por callarme me han ocurrido estas cosas. Es hora de hablar”.