Libia: La milicia financiada por el Estado debe rendir cuentas por una ejecución extrajudicial en Misrata
La milicia responsable del homicidio, la Fuerza de Operaciones Conjuntas, conocida también como Al Moshtaraka, tiene su base en Misrata, la tercera ciudad más grande de Libia. Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente la implicación de esta milicia en desapariciones forzadas, tortura y detención arbitraria, pero el grupo sigue actuando con total impunidad
Un impactante vídeo que muestra una ejecución extrajudicial por parte de la Fuerza de Operaciones Conjuntas, una milicia financiada por el Estado y también conocida como Al Moshtaraka, ofrece un sombrío recordatorio de las mortales consecuencias de la impunidad de que gozan las milicias y los grupos armados en Libia. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha examinado las imágenes grabadas por una cámara de seguridad en una calle de Misrata el 6 de marzo, en las que se ve a Altayeb Elsharari, de 27 años, huyendo de unos hombres armados antes de ser abatido a tiros. Al menos uno de los disparos se realizó desde una distancia de unos siete metros. Entonces se ve cómo Altayeb cae al suelo y ocho hombres con atuendos militares lo rodean antes de llevárselo en la parte trasera de un automóvil militar con el logotipo de la Fuerza de Operaciones Conjuntas visible. Los vehículos militares que se ven en el vídeo son similares a los observados por una delegación de Amnistía Internacional durante una visita a la ciudad realizada en febrero de 2022.
“Este homicidio a corta distancia a plena luz del día es un escalofriante ejemplo más de la arraigada impunidad de que gozan las milicias, cuyos crímenes han quedado impunes durante demasiado tiempo. Las autoridades libias deben investigar de manera inmediata y efectiva esta ejecución extrajudicial y garantizar que los responsables rinden cuentas de sus actos”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es vergonzoso que las autoridades libias estén recompensando activamente a estos grupos abusivos por su comportamiento criminal. Las autoridades deben dejar urgentemente de financiar a las milicias y de integrar a los milicianos en instituciones estatales sin hacer una selección destinada a eliminar a aquellos contra quienes existan sospechas razonables de que son responsables de crímenes de derecho internacional.”
La milicia responsable del homicidio, la Fuerza de Operaciones Conjuntas, conocida también como Al Moshtaraka, tiene su base en Misrata, la tercera ciudad más grande de Libia. Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente la implicación de esta milicia en desapariciones forzadas, tortura y detención arbitraria, pero el grupo sigue actuando con total impunidad.
Según el informe de la autopsia inicial, fechado el 6 de marzo de 2022 y examinado por Amnistía Internacional, Altayeb Elsharari recibió un disparo en la espalda, y también sufrió heridas en la pierna. Hasta la fecha, las autoridades libias no han llevado a los responsables ante la justicia.
Unas semanas antes de su muerte, la Fuerza de Operaciones Conjuntas había detenido a Altayeb Elsharari. Una vez liberado, Altayeb difundió un vídeo en directo en el que acusaba a los milicianos de la Fuerza de golpearle. Según fuentes conocedoras de su detención, la Fuerza de Operaciones Conjuntas pretendía castigar a Altayeb por ese vídeo.
Este no es un hecho aislado. Amnistía Internacional, durante una visita a Misrata en febrero de 2022, y de forma telemática después de la visita, ha hablado con siete exdetenidos, cinco activistas y cuatro familiares de víctimas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza de Operaciones Conjuntas.
A pesar de esas violaciones de derechos humanos, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdelhamid Debibah, autorizó el pago de 100 millones de dinares libios (21,6 millones de dólares estadounidenses) a la Fuerza de Operaciones Conjuntas el 10 de febrero de 2022, según un documento económico al que ha tenido acceso Amnistía Internacional.
Detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas
Durante los últimos seis años, Amnistía Internacional ha documentado un patrón de detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza de Operaciones Conjuntas, según el cual la milicia ataca a personas residentes en su región de origen que expresan opiniones políticas o ideas pacíficas consideradas “inmorales”.
El 25 de agosto de 2020, en las raras protestas que tuvieron lugar en toda Libia contra la situación y el dominio de la milicia, unos miembros de la Fuerza de Operaciones Conjuntas detuvieron al periodista y activista Abdellatif Abu Hamra en la zona sur de las afueras de la ciudad de Beni Walid mientras recogía muestras sospechosas de COVID-19 para el Centro Nacional para el Control de Enfermedades. Abdellatif permaneció detenido arbitrariamente hasta mediados de septiembre de 2020.
El 7 de diciembre de 2021, unos miembros de la Fuerza de Operaciones Conjuntas detuvieron al periodista y activista Hamza al Treki después de que subiera a la web un vídeo en el que criticaba enérgicamente a un empresario cercano a Abdelhamid Debibah, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional. Al Treki también había publicado en sus cuentas de redes sociales denuncias de corrupción por parte de Abdelhamid Debibah, sus familiares y colaboradores cercanos.
El 3 de marzo de 2022, la Fuerza de Operaciones Conjuntas detuvo a Hafez Qadoor, político que se oponía al Gobierno de Unidad Nacional, antes de dejarlo en libertad al día siguiente. Hafez Qadoor dijo a los medios de comunicación libios que unos hombres armados los habían atacado a él y a su personal, habían realizado disparos indiscriminadamente y a continuación los habían detenido y los habían puesto bajo custodia.
En enero de 2021, otro hombre fue detenido en Misrata y recluido en un lugar no revelado. Tras su desaparición, varios hombres armados registraron su casa y confiscaron su teléfono, según el relato de un testigo presencial. La familia identificó por sus insignias a los hombres como pertenecientes a la Fuerza de Operaciones Conjuntas. Después de que los miembros de la milicia negaran tener a este hombre bajo custodia, la familia del detenido supo que había sido trasladado a la prisión de Mitiga, en Trípoli, donde permanece recluido.
Amnistía Internacional ha documentado otros cinco casos de detención arbitraria por parte de la Fuerza de Operaciones Conjuntas, y ha documentado asimismo el uso de la tortura y otros malos tratos, incluidas palizas con mangueras, suspensión en posturas forzadas y negación de alimentos adecuados.
Uno de estos cinco casos era el de un hombre de 31 años detenido en enero de 2022. Según su declaración, los miembros de la Fuerza de Operaciones Conjuntas le propinaron puñetazos y patadas y lo golpearon con mangueras. Un informe médico mostraba contusiones en las piernas, el pecho y la cabeza tras la paliza, que corroboraban su relato.
La Fuerza de Operaciones Conjuntas también viola sistemáticamente el derecho de las personas detenidas a la presunción de inocencia, al publicar “confesiones” en sus canales de medios de comunicación. En un vídeo difundido en febrero de 2022, se oía a cuatro hombres “confesando” ser miembros del Estado Islámico y haber participado en ataques violentos.
La Misión de Investigación sobre Libia de la ONU, a la que el Consejo de Derechos Humanos encomendó investigar los abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes del conflicto de Libia desde 2016, publicó el 28 de marzo de 2022 su segundo informe, en el que exponía una larguísima lista de graves violaciones de derechos humanos cometidas impunemente en todo el país.
“Frente a la constante falta de disposición de las autoridades libias de refrenar a las milicias y los grupos armados y garantizar que las personas sobre las que existan sospechas razonables de que han cometido crímenes de derecho internacional son apartadas de cargos que les permitan cometer nuevas violaciones de derechos humanos, interferir en las investigaciones o gozar de impunidad, es fundamental que los miembros de la comunidad internacional amplíen el mandato de la Misión de Investigación más allá de junio de 2022 para que pueda completar su esencial labor”, ha manifestado Diana Eltahawy.
Información complementaria
La Fuerza de Operaciones Conjuntas se creó por primera vez en 2013 bajo el nombre de “Sala Temporal de Operaciones Especiales-Misrata”. En teoría informa directamente al primer ministro y tiene asignado un presupuesto anual de 40 millones de dinares libios (8,5 millones de dólares estadounidenses) a cargo del gobierno. Aunque no está claro el mandato exacto de la milicia, la fuerza parece llevar a cabo operaciones militares en Trípoli, Misrata y las ciudades vecinas.
La milicia gestiona varios centros de detención en Misrata y coopera con agencias de seguridad del Estado.
La Fuerza de Operaciones Conjuntas participó intensamente en combates contra las Fuerzas Armadas Árabes Libias, grupo armado que ejerce el control efectivo sobre el este de Libia, durante su ofensiva de 2019 en Trípoli.