Numerosas pruebas indican que las autoridades iraníes lo retienen como rehén y amenazan con ejecutarlo para obligar a Bélgica y Suecia a entregar dos ex altos cargos iraníes

El profesor universitario iranosueco Ahmadreza Djalali, torturado y en detención arbitraria en la prisión de Evín, en Teherán, corre peligro de ejecución inminente. Numerosas pruebas indican que las autoridades iraníes lo retienen como rehén y amenazan con ejecutarlo para obligar a Bélgica y Suecia a entregar dos ex altos cargos iraníes encarcelados, y para disuadir de enjuiciar en el futuro a altos cargos iraníes. Las autoridades deben detener todo preparativo para la ejecución de Ahmadreza Djalali y ponerlo en libertad de inmediato.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

El profesor universitario iranosueco Ahmadreza Djalali, detenido arbitrariamente en la prisión de Evín, en Teherán, corre peligro de ejecución inminente. Numerosos indicios apuntan de manera contundente a que las autoridades iraníes están incurriendo en el crimen de toma de herenes contra Ahmadreza Djalali, y a que amenazan con ejecutarlo para forzar a terceros a canjearlo por ex altos cargos iraníes sometidos a juicio y/o condenados en el extranjero y para disuadir de enjuiciar en el futuro a altos cargos iraníes. El 4 de mayo de 2022, varios medios de comunicación oficiales iraníes advirtieron de la ejecución inminente de Ahmadreza Djalali y vincularon expresamente su suerte al juicio del ex funcionario de prisiones iraní Hamid Nouri en Suecia por su presunta participación en las masacres penitenciarias cometidas en Irán en 1988, cuyo resultado está previsto para el 14 de julio de 2022.

Ahmadreza Djalali fue detenido en Teherán en abril de 2016 y condenado a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en octubre de 2017 tras un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. El tribunal se basó principalmente en “confesiones” que, según Ahmadreza Djalali, había hecho bajo tortura y otros malos tratos mientras estaba recluido en régimen de aislamiento prolongado y sin acceso a asistencia letrada. Amnistía Internacional ha sostenido constantemente que el delito de “corrupción en la tierra” no cumple los requisitos de claridad y precisión necesarios en el derecho penal e infringe el principio de legalidad y seguridad jurídica. El 9 de diciembre de 2018, sus abogados supieron que la Sala 1 del Tribunal Supremo había confirmado la condena a muerte sin darles la oportunidad de presentar documentación para su defensa. Ahmadreza Djalali presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal Supremo el 23 de mayo de 2022 y, aparte, el 21 de mayo de 2022 sus abogados presentaron un recurso ante el presidente de la Magistratura en virtud del artículo 477 del Código de Procedimiento Penal iraní para que ordenara revisar la causa. Ambas solicitudes siguen pendientes. Ahmadreza Djalali padece varios problemas de salud para los que no ha recibido tratamiento médico adecuado, lo que incluye medicación. El 21 de enero de 2022 se sometió a una intervención quirúrgica por su dolor crónico de espalda pero al día siguiente lo trasladaron de nuevo a prisión, donde sigue teniendo que dormir en el suelo, lo que agrava su dolor de espalda.

Le pido que se suspenda de inmediato todo preparativo para ejecutar a Ahmadreza Djalali, que se anule su declaración de culpabilidad y su condena a muerte, que sea puesto en libertad de inmediato y que se le reconozca el derecho jurídicamente exigible a una indemnización, conforme a la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Hasta que sea liberado, Ahmadreza Djalali debe recibir asistencia médica adecuada así como protección frente a la tortura y otros malos tratos. Deben realizarse sin demora investigaciones independientes, imparciales y eficaces sobre los presuntos responsables de ordenar, cometer o ayudar a cometer actos ilegítimos contra él —entre ellos toma de rehenes y tortura— y las personas sospechosas de tales delitos deben ser procesadas en juicios justos. Le pido asimismo que declare la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 4 de mayo de 2022, medios de comunicación oficiales iraníes advirtieron de la ejecución inminente de Ahmadreza Djalali y afirmaron que “el gobierno de Irán [...] impedirá que el gobierno de Suecia emprenda nuevas acciones similares a la detención de Hamid Nouri”. Estos artículos fueron publicados días después de que las autoridades fiscales suecas solicitaran cadena perpetua para Hamid Nouri por su presunta implicación en las masacres penitenciarias de 1988 en Irán. La de Hamid Nouri es la primera causa penal abierta en otro país contra una persona iraní en aplicación del principio de jurisdicción universal, y es también la primera vez que las masacres penitenciarias de 1988 se abordan a través de un juicio penal, después de variosdecenios de impunidad sistémica. Por todo ello, su juicio ha suscitado atención pública generalizada y arrojado nueva luz sobre los detalles de las masacres penitenciarias de 1988, que las autoridades iraníes han intentado ocultar durante décadas. El análisis de Amnistía Internacional sobre las circunstancias actuales de la detención arbitraria de Ahmadreza Djlalai indica que, al menos desde finales de 2020, las autoridades iraníes han supeditado su suerte a un “acuerdo” con Suecia para intercambiarlo por Hamid Nouri y/o con Bélgica para canjearlo por un ex diplomático iraní, Asadollah Asadi. Asadollah Asadi fue detenido en junio de 2018 y condenado a 20 años de prisión por un tribunal penal de Bélgica en febrero de 2021 por su participación en un atentado con explosivos frustrado en una concentración celebrada en Francia en 2018. Hamid Nouri fue detenido en Suecia en noviembre de 2019 en aplicación del principio de jurisdicción universal y juzgado por su presunta implicación en las masacres penitenciarias de 1988 en Irán, en las que miles de disidentes políticos fueron objeto de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en secreto. Encontrarán más datos y análisis en https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5623/2022/en/, por ejemplo, sobre cómo evoluciona la causa de Ahmadreza Djalali en un contexto en el que altos cargos y medios oficiales iraníes se refieren continuamente a la “importancia” de las personas detenidas con doble nacionalidad o extranjeras, indicando así que su detención puede servir para conseguir ventaja política, diplomática y/o económica.

Ahmadreza Djalali es médico y profesor universitario residente en Suecia, y también profesor de Medicina de Catástrofes visitante en la Universidad Libre de Bruselas. Fue detenido arbitrariamente el 26 de abril de 2016 durante un viaje de trabajo a Irán. Estuvo siete meses recluido en la sección 209 de la prisión de Evín, controlada por el Ministerio de Inteligencia. Pasó tres de ellos en régimen de aislamiento prolongado, sin acceso a asistencia letrada. En una carta redactada en prisión en agosto de 2017, Ahmadreza Djalali decía que durante ese tiempo lo habían sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” que era un espía. Entre otras cosas, lo habían amenazado con ejecutarlo y con matar o dañar de otra manera a sus hijos, que viven en Suecia, y a su madre, que vivía en Irán y falleció en 2021. Ahmadreza Djalali afirma que sus interrogadores lo obligaron a leer “confesiones” ya escritas ante una cámara de vídeo, niega las acusaciones contra él y afirma que han sido inventadas por las autoridades. En la misma carta, Ahmadreza Djalali escribió que estaba recluido únicamente por haberse negado a utilizar sus contactos académicos en instituciones europeas para espiar al servicio de las autoridades de Irán. El 17 de diciembre de 2018, la televisión estatal iraní emitió las “confesiones” de Ahmadreza Djalali durante un programa titulado Cortar de raíz, con música dramática de fondo, gráficos e imágenes de noticias internacionales intercaladas y una narración que lo presentaba como “espía”. Al obtener y emitir estas “confesiones” forzadas, las autoridades iraníes violaron el derecho de Ahmadreza Djalali a la presunción de inocencia, así como su derecho a no ser obligado a declararse culpable. Ahmadreza Djalali ha dicho que las “confesiones” emitidas son las que se filmaron cuando estuvo recluido en régimen de aislamiento y sin acceso a un abogado. En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria pidió a Irán que pusiera en libertad de inmediato a Ahmadreza Djalali y le reconociera el derecho jurídicamente exigible a una indemnización y otras formas de reparación. El Grupo de Trabajo determinó que la violación de su derecho a un juicio justo era de una gravedad tal “que confiere a la privación de libertad del Sr. Djalali [...] carácter arbitrario”.

Irán, Suecia y Bélgica son Estados Partes en la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, que penaliza los actos de toma de rehenes cometidos por agentes estatales y no estatales. La Convención define la toma de rehenes como la detención de una persona acompañada de amenazas de matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a terceros a cumplir ciertas condiciones, Para calificar de toma de rehenes un acto de detención, el derecho internacional no establece el requisito de que se hayan manifestado expresamente las condiciones impuestas a la liberación de una persona detenida.

. Si las circunstancias de un caso demuestran que existe una demanda implícita a terceros para que hagan o se abstengan de hacer algo, eso podría bastar para establecer la intención y calificar de toma de rehenes esta privación de libertad. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado. La pena capital es una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés, persa

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 5 de agosto de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido:  Ahmadreza Djalali (masculino)

Enlace a la au anterior:  https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/5567/2022/es/