Se intensifican los ataques contra la minoría bahaí de Irán

Los derechos humanos de la perseguida minoría bahaí de Irán están sufriendo ataques cada vez más intensos. Desde el pasado 31 de julio, las autoridades han allanado decenas de viviendas bahaíes y detenido al menos a 30 personas, mientras que otras muchas han sido interrogadas, obligadas a llevar tobilleras electrónicas y amenazadas con la cárcel en represalia por su fe bahaí. Asimismo, las autoridades han intensificado la confiscación y demolición de propiedades bahaíes.

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Presidente de la Magistratura (Gholamhossein Mohseni Ejei), fiscal de Sarí (Mohammad Karimi) y fiscal de Semnán (Mohammad Sharif Ebrahimi)
Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei, Prosecutor of Sari, Mohammad Karimi & Prosecutor of Semnan, Mohammad Sharif Ebrahimi c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

 

Señores Gholamhossein Mohseni Ejei, Mohammad Karimi y Mohammad Sharif Ebrahimi:

 

Las autoridades iraníes están intensificando sus ataques contra los derechos humanos de la perseguida minoría bahaí de Irán. Desde el pasado 31 de julio, las autoridades han allanado decenas de viviendas bahaíes y confiscado valiosas pertenencias en su interior, detenido de manera arbitraria al menos a 30 personas, e interrogado, obligado a llevar tobilleras electrónicas y amenazado con la cárcel a otras muchas, exclusivamente a causa de su fe bahaí. El Ministerio de Inteligencia comunicó el 1 de agosto que las personas detenidas eran “miembros principales del partido de espionaje bahaí” que “propagaban la doctrina bahaí” y “trataban de infiltrarse en [...] el sector educativo de todo el país, especialmente en los jardines de infancia”. Según la Comunidad Internacional Bahaí, en la actualidad hay al menos 68 personas en prisión a causa de su fe, algunas de ellas desde 2013. Asimismo, de acuerdo con la ONU, más de un millar de bahaíes corren en estos momentos peligro de prisión, incluidas 26 personas de Shiraz que fueron condenadas a hasta cinco años de cárcel el pasado mes de junio, en un juicio colectivo injusto.

 Las autoridades han intensificado también la confiscación y demolición de propiedades bahaíes. El 2 de agosto, las autoridades demolieron seis casas de bahaíes y confiscaron más de 20 hectáreas de tierras de bahaíes en la localidad de Roshankouh (provincia de Mazandarán). Con ello, se privó al menos a 18 agricultores bahaíes de su medio de vida. Según medios de comunicación estatales, las demoliciones se llevaron a cabo en presencia de varios altos funcionarios judiciales y del poder ejecutivo. Tres de las víctimas explicaron a Amnistía Internacional que más de 200 agentes de seguridad —incluidos agentes de inteligencia vestidos de civil y policías antidisturbios— acordonaron la población y su carretera de acceso desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Además, las víctimas aseguraron que las fuerzas de seguridad habían confiscado los teléfonos móviles de la población local para evitar que se grabaran imágenes, y habían golpeado o rociado con pulverizadores de pimienta a más de 20 personas —incluidos varios ancianos— que se habían concentrado para protestar pacíficamente contra la demolición. Las fuerzas de seguridad dispararon al aire para dispersar a la multitud y detuvieron a dos hombres durante varias horas, tras haberles propinado sendas palizas. Desde 2016, las autoridades intentan apropiarse de bienes de bahaíes en Roshankouh con el falso pretexto de que han invadido parajes protegidos. En otra causa judicial, un tribunal de apelación confirmó el pasado 25 de junio un fallo que autorizaba la confiscación de 18 propiedades bahaíes en la provincia de Semnán aduciendo que sus propietarios eran figuras destacadas de la “secta bahaí”, que “se dedica a actividades ilegales y espionaje en beneficio de extranjeros”.

 Le insto a poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas bahaíes detenidas recientemente y a toda persona que ya estuviera en prisión sólo por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión, y a anular todas las sentencias condenatorias y penas impuestas por ese motivo. Además, le insto a detener de inmediato la destrucción y confiscación de propiedades bahaíes, proporcionar reparaciones efectivas a quienes hayan sufrido daños y garantizar el acceso sin obstáculos de la población bahaí de Roshankouh, Semnán y cualquier otro lugar a sus propiedades. Por último, le pido que ponga fin a la discriminación de la minoría bahaí tanto en la ley como en la práctica, incluido su acceso al empleo, a la vivienda y a actividades agrícolas, industriales, comerciales y de otra índole necesarias para el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

De las 30 personas bahaíes detenidas de manera arbitraria por agentes del Ministerio de Inteligencia desde el pasado 31 de julio, nueve quedaron posteriormente en libertad tras el pago de elevadas fianzas y otras fueron obligadas a llevar tobilleras electrónicas que limitan su libertad de circulación. Las 12 restantes continúan recluidas. Las detenciones fueron efectuadas en distintas localidades, tales como Qazvín, Karaj, Mahshahr, Roshankouh, Sarí, Shiraz, Teherán y Yazd. Entre las personas detenidas el 31 de julio figuran destacados miembros de la comunidad bahaí, como las ex presas de conciencia Mahvash Sabet y Fariba Kamalabadi y el ex preso de conciencia Afif Naimi, que permanecen recluidos.

Los nombres de los 26 hombres y mujeres bahaíes de Shiraz que corren peligro de ser injustamente encarcelados tras haber sido declarados culpables por un tribunal de cargos relacionados con su identidad como fieles bahaíes son Saeed Hasani, Shadi Sadegh Aghdam, Shamim Akhlaghi, Sahba Farahbakhsh, Parisa Ruhizadegan, Esmail Rusta, Bahareh Norouzi, Behnam Azizpour, Samareh Ashnaie, Farbod Shadman, Farzad Shadman, Ramin Shirvani, Rezvan Yazdani, Soroush Iqani, Sahba Moslehi, Ahdieh Enayati, Lala Salehi, Mozhgan Gholampour, Marjan Gholampour, Maryam Eslami Mahdiabadi, Mahyar Sefidi Miandoab, Nabil Tahzeeb, Noushin Zanhari, Yekta Fahandej Saadi, Varga Kaviani y Nasim Kashaninejad.

Según medios de comunicación estatales, algunas de las entidades del Estado que participaron en las demoliciones del 2 de agosto fueron la Fiscalía de Sarí (provincia de Mazandarán), el Ministerio de la Yihad Agrícola, la Organización de Recursos Naturales, el Ministerio de Justicia y la Fuerza de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán. Según víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional, durante décadas la aldea de Roshankouh tuvo unas 70 casas bahaíes y menos de 10 de familias musulmanas. In 2016, tras haber definido los límites de la aldea, las autoridades locales resolvieron que más de la mitad de las 70 casas bahaíes se encontraban en parajes protegidos del Estado, pese a la existencia de títulos de propiedad y mapas aéreos que demostraban lo contrario. Desde entonces, las autoridades vienen negando una y otra vez permisos de construcción a familias propietarias de terrenos dentro de la zona residencial histórica de la aldea, que desean construir viviendas nuevas o remozar y ampliar sus deterioradas casas antiguas. De igual forma, las autoridades se han negado a conectar entre 30 y 40 casas de bahaíes a la red de gas. En octubre de 2020, las autoridades locales designaron como bosques protegidos unas 12 hectáreas de tierra, en las que se encontraban los medios de sustento de aproximadamente ocho agricultores bahaíes, y plantaron un letrero en el que se advertía de la prohibición de cultivar las tierras en cuestión y de que se procesaría judicialmente a quienes desobedecieran esa orden. En agosto de 2021, las autoridades demolieron dos viviendas bahaíes que estaban aún en construcción. En noviembre de 2021 confiscaron aproximadamente una hectárea de tierra, de la que dependía el sustento de dos familias bahaíes dedicadas a la agricultura.

En una causa judicial diferente, la sección 1 del Tribunal Revolucionario de Semnán, en su sentencia de 30 de enero de 2022, aprobó la solicitud de la Sede para la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini —instituto controlado por el líder supremo de Irán— de confiscar 18 propiedades de la provincia de Semnán, pertenecientes a seis bahaíes. La sentencia, a la que Amnistía Internacional ha tenido acceso, justificaba la confiscación aduciendo que sus propietarios eran figuras bahaíes destacadas que pretendían vender o arrendar esas propiedades para apoyar económicamente “los ilegítimos objetivos organizativos [...] de la perversa secta bahaí”. La Sala 54 del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Teherán confirmó la sentencia el 25 de junio de 2022. En el últimos 10 años, las autoridades locales de Semnán han cerrado por la fuerza al menos 20 comercios de bahaíes, han clausurado dos centros de fabricación bahaíes y confiscado su material y han confiscado o impedido el acceso a las tierras de dos empresas bahaíes dedicadas a la agricultura y a la cría de animales.

Durante decenios, las autoridades iraníes han lanzado infundadas acusaciones de espionaje para Israel contra personas de la comunidad bahaí, sólo por el hecho de que el Centro Mundial de la Fe Bahaí se encuentra cerca de Haifa (Israel), donde están también los santuarios de los fundadores de la fe bahaí. La confiscación de propiedades bahaíes y el cierre forzado de empresas bahaíes se basan en una política oficial, adoptada por el Consejo Supremo de la Revolución Cultural y aprobada por el líder supremo en 1991, que especifica “en relación con la cuestión bahaí [...] que el trato del gobierno con ellos debe impedir su progreso y desarrollo”. Asimismo, la política añade que “se negará empleo a las personas identificadas como bahaíes” y que “se les negará cualquier puesto de influencia; por ejemplo, en el sector educativo”.

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