Comienza el juicio colectivo de disidentes políticos
El 3 de marzo se inició el juicio del “caso de conspiración” contra al menos 40 personas, entre ellas activistas de la oposición política, figuras del mundo empresarial, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el espectro político. Estas acusaciones de conspiración son infundadas
El 4 de marzo de 2025 comenzó el juicio oral contra 40 personas, entre ellas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a cargos falsos de “conspiración”. Seis de las personas acusadas llevan ya más de dos años en detención previa al juicio arbitraria. Los políticos Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi llevan detenidos arbitrariamente desde febrero de 2023 por este caso. El tribunal antiterrorista de Túnez los ha estado investigando por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”, en virtud del artículo 72 del Código Penal, que dispone la pena de muerte. Tras la primera vista del juicio oral, el juez decidió aplazarlo hasta el 11 de abril sin responder a las peticiones de la defensa, entre ellas la puesta en libertad provisional de los detenidos, así como su presencia en el juicio, que se celebró mediante procedimientos judiciales a distancia. Pedimos a las autoridades tunecinas que pongan en libertad inmediata e incondicional a las personas detenidas, pues su detención se basa en el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Además, deben retirarse todos los cargos en su contra.
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Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
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Señor Presidente:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la prolongada detención arbitraria de las figuras de la oposición Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi por acusaciones infundadas de “conspiración”. Han pasado más de dos años desde su detención, lo que supera el límite legal permitido para la detención previa al juicio según la legislación tunecina.
El 2 de mayo de 2024, la Sala de Acusación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Túnez remitió a 40 personas, incluidas las seis mencionadas, a la Sala de lo Penal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez para que fueran juzgadas y rechazó la solicitud de libertad presentada en nombre de los seis detenidos. Las autoridades judiciales habían rechazado anteriormente al menos ocho solicitudes de libertad provisional para los seis detenidos, entre ellas las que se presentaron en agosto de 2023 y en enero de 2024, pese a la ausencia de pruebas fiables que los implicaran en delito alguno. Desde febrero de 2023, el juez instructor ha añadido más acusados al caso, entre ellos activistas de la oposición política de diferentes grupos de la oposición, como Noureddine Bhiri, Sahbi Atig, Said Ferjani, Riadh Chaibi, del partido Nahdha, el presidente de la coalición opositora Frente de Salvación, Nejib Chebbi, el activista independiente de la oposición Mohamed Hamdi, los defensores de los derechos humanos Kamel Jendoubi y Ayachi Hammami y la defensora de los derechos humanos Bochra Bel Haj Hmida, además de empresarios y accionistas de medios de comunicación privados.
El 26 de febrero de 2025, el Colegio de Abogados de Túnez recibió un memorándum del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Túnez en la que se informaba de que los juicios por terrorismo previstos para el mes de marzo se celebrarían sin la presencia física de las personas detenidas y que éstas asistirían por Internet desde la cárcel, alegando “la existencia de un peligro real”. Las personas detenidas y su equipo de defensa impugnaron esta decisión, incluso ante los tribunales, y presentaron un recurso ante el tribunal administrativo. Además, anunciaron que se negarían a participar en el juicio por Internet y que no lo harían hasta que se les condujera a la sala del tribunal. La próxima vista del juicio, programada para el 11 de abril, también se celebrará por Internet por decisión del presidente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Túnez.
Por tanto, lo insto a garantizar que Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi sean liberados inmediatamente, ya que están recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. También lo insto a garantizar que se retiren de inmediato todos los cargos infundados contra todas las personas acusadas en este caso y que se levanten las prohibiciones arbitrarias de viajar y las restricciones de sus derechos.
Atentamente,
El 3 de marzo se inició el juicio del “caso de conspiración” contra al menos 40 personas, entre ellas activistas de la oposición política, figuras del mundo empresarial, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el espectro político. Estas acusaciones de conspiración son infundadas. La investigación, que había comenzado en febrero de 2023, concluyó en abril de 2024 con la decisión de confirmar los cargos contra dichas personas, y el juicio se inició el 4 de marzo de 2025. En la lista de personas acusadas figuran activistas políticos de distintos grupos de la oposición, como Noureddine Bhiri, Sahbi Atig, Said Ferjani, Riadh Chaibi, del partido Nahdha, el presidente de la coalición opositora Frente de Salvación, Nejib Chebbi, el activista independiente de la oposición Mohamed Hamdi, los defensores de los derechos humanos Kamel Jendoubi y Ayachi Hammami y la defensora de los derechos humanos Bochra Bel Haj Hmida, además de miembros del mundo empresarial, entre ellos accionistas de medios de comunicación privados.
Seis de las personas acusadas se encuentran en prisión preventiva arbitraria desde su detención en febrero de 2023: el político Khayyam Turki, detenido el 11 de febrero; el disidente y político Abdelhamid Jelassi, detenido el 12 de febrero; el activista de la oposición Issam Chebbi, detenido el 22 de febrero; el activista de la oposición Jaouhar Ben Mbarek, detenido el 24 de febrero; y, por último, los abogados Ghazi Chaouachi y Ridha Belhaj, detenidos el 25 de febrero. La destacada figura de la oposición Chaima Issa y el disidente Lazhar Akremi también fueron detenidos en febrero de 2023, pero quedaron en libertad provisional el 13 de julio de 2023 tras casi cinco meses de detención arbitraria, aunque se les prohibió viajar al extranjero y “aparecer en espacios públicos”.
A las personas acusadas se las ha investigado por cargos falsos de conspiración en virtud de 10 disposiciones del Código Penal tunecino, incluido el artículo 72, que dispone la pena de muerte por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”. También se enfrentan a varios cargos en virtud de 17 artículos de la ley antiterrorista de 2015, entre ellos el 32, que dispone hasta 20 años de prisión por “formar una organización terrorista”. El juez y el Tribunal de Apelación de Túnez inicialmente rechazaron las peticiones de los abogados de liberar de la detención preventiva a los ocho sospechosos. El tribunal prolongó la detención preventiva de seis de ellos, citando la necesidad de “garantizar el buen curso de la investigación”.
En octubre de 2023, el abogado de derechos humanos Ayachi Hammami, que fue investigado en la misma causa por acusaciones similares a las de sus clientes detenidos en el marco del caso de “conspiración”, fue citado por el juez instructor para asistir a su interrogatorio. Ahora también se le está juzgando por los mismos cargos que a sus clientes en el mismo caso. En octubre de 2023, las autoridades también abrieron procedimientos judiciales aparte contra la abogada Dalila Msaddek Ben Mbarek y el abogado Islam Hamza, ambos miembros del Comité de Defensa de los Presos Políticos, por comentarios públicos que habían hecho sobre el caso en programas de radio. A los dos se les investiga por “difusión de noticias falsas” en virtud del represivo Decreto-ley 54 Desde el comienzo de la investigación en febrero de 2023, las autoridades judiciales han citado al menos a otros 42 activistas políticos, miembros de la oposición, empresarios, exmiembros del Parlamento, profesionales de la abogacía, personas defensoras de los derechos humanos y exagentes de seguridad para la investigación del mismo caso.
El 14 de febrero de 2023, Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la entonces reciente oleada de detenciones de figuras de la sociedad civil y supuestos opositores, así como por los ataques constantes de las autoridades tunecinas al poder judicial. La portavocía del comisionado mencionó procedimientos penales contra “presuntos opositores políticos” acusados de “conspiración contra la seguridad del Estado” y pidió a las autoridades tunecinas que respetaran las garantías procesales y las normas sobre juicios justos y pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las detenidas por ejercer su derecho a la libertad de opinión o de expresión. El 22 de febrero de 2023, el presidente Saied declaró que cualquiera que “se atreviera a exonerar” lo que él describía como “redes criminales” era, en definitiva, “cómplice”. Esta declaración, unida a la destitución arbitraria de 57 jueces y juezas en 2022, ha contribuido a generar un clima cada vez más intimidatorio en el poder judicial. El 8 de octubre de 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió una declaración en la que concluía que “las violaciones del derecho de las ocho personas a las garantías procesales y a un juicio justo son de tal gravedad que hacen que su detención sea arbitraria”.
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NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Chaima Issa (femenino), Lazhar Akremi, Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi (masculino).
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde30/7808/2024/es/.