Esto forma parte de un ataque generalizado contra los derechos de las personas refugiadas y migrantes, tras un año de declaraciones oficiales racistas y xenófobas, provenientes a menudo del propio presidente Kais Saied, quien ha afirmado que la presencia de población africana negra en Túnez es parte de una conspiración

A principios de mayo de 2024, las autoridades tunecinas detuvieron de manera arbitraria a Sherifa Riahi —que disfrutaba de un permiso de maternidad para cuidar de su recién nacido—, a Yadh Bousselmi y a Mohamed Joo, personal empleado y exempleado de la ONG Tierra de Asilo Túnez, dedicada a ayudar a personas refugiadas y migrantes. Días más tarde, detuvieron a Imen Ouardani, exfuncionaria local que había colaborado con la ONG. Su persecución por las autoridades se enmarca en una oleada generalizada de represión —atizada por un discurso racista y xenófobo— contra los sectores de la sociedad civil que apoyan a las personas refugiadas y migrantes. Desde su detención, continúan en reclusión arbitraria en espera de juicio. Es preciso que queden en libertad de inmediato y que se retiren todos los cargos en su contra. 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO 

Presidente de la República

President of the Republic, Kais Saied

Route de la Goulette

Site archéologique de Carthage, Tunisie

Correo-e: contact@carthage.tn 

X: @TnPresidency – Facebook

Señor Presidente:

Me dirijo a usted para expresar mi profunda preocupación por la reclusión prolongada y arbitraria de la defensora y los defensores de los derechos humanos Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi y Mohamed Joo —de Tierra de Asilo Túnez, rama tunecina de la ONG francesa Francia Tierra de Asilo— , y de Imen Ouardani, exvicealcaldesa de la ciudad de Susa, desde mayo de 2024. Su ONG, que se encuentra inscrita en el registro y opera con transparencia, facilita una ayuda indispensable a personas refugiadas y migrantes, en colaboración con autoridades locales y nacionales, incluida la municipalidad de Susa. Estas personas no deberían haber sido detenidas en ningún caso, por lo que instamos a las autoridades judiciales a poner fin sin demora a su reclusión en espera de juicio —ya que no se ha demostrado que dicha medida sea necesaria ni está siendo sometida en la actualidad a revisión judicial—, hasta que se retiren todos los cargos en su contra.   

Las autoridades las han investigado por su trabajo junto a tres personas más, empleadas de Tierra de Asilo, y a otras 16 —exfuncionarias y exempleadas de la municipalidad— por su colaboración con la ONG y, en concreto, por la inauguración de un centro de la misma en un edificio municipal. La investigación —que se basa en la idea de una conspiración respaldada por la sociedad civil para “asentar de manera permanente” en Túnez a migrantes procedentes del África subsahariana— viola los derechos a la libertad de asociación y de expresión, criminaliza la colaboración legítima entre la sociedad civil y las autoridades locales y contraviene las obligaciones internacionales de Túnez con respecto a la población refugiada y migrante, al obstaculizar una labor de protección y ayuda. El derecho internacional ampara el trabajo de ayuda a migrantes —con independencia de su situación jurídica—, que no es equiparable al tráfico y la trata de personas, de conformidad con la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Túnez. 

Además, las autoridades han dificultado las visitas del hijo y la hija de Sherifa Riahi a su madre. El derecho y las normas internacionales establecen que sólo se debe recurrir a la reclusión previa al juicio —y más aún en el caso de una mujer con hijos— cuando sea estrictamente necesario para impedir que la persona sospechosa se dé a la fuga, interfiera en la investigación o cometa un delito grave. 

Lo insto a garantizar que las autoridades dejen de inmediato en libertad a Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi, Mohamed Joo e Imen Ouardani, y retiren todos los cargos en su contra. Entretanto, las autoridades deberán responder sin demora a las solicitudes de Sherifa Riahi de ver a sus hijos, y respetar el interés superior de éstos. Asimismo, insto a su gobierno a dejar de perseguir a defensores y defensoras de los derechos humanos, sólo por ejercer su derecho a defender los derechos. 

Atentamente

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A partir del 3 de mayo de 2024, las autoridades tunecinas han lanzado una oleada de represión sin precedentes contra las ONG que trabajan con personas refugiadas y migrantes: así, han efectuado redadas en al menos 3organizaciones y han detenido e investigado al personal de 15, como mínimo. Esto forma parte de un ataque generalizado contra los derechos de las personas refugiadas y migrantes, tras un año de declaraciones oficiales racistas y xenófobas, provenientes a menudo del propio presidente Kais Saied, quien ha afirmado que la presencia de población africana negra en Túnez es parte de una conspiración, y ha sostenido que “quienquiera que esté tras este fenómeno, lo que está haciendo, al tiempo que afirma defender los derechos humanos, es trata de seres humanos”. Pocos días después de las primeras detenciones, el 6 de mayo, el presidente calificó al personal de las organizaciones de migración de “traidores” y “agentes [extranjeros]” dedicados al “asentamiento” de migrantes. El 7 de mayo, un fiscal tunecino anunció la apertura de una investigación contra varias ONG por proporcionar “ayuda económica a migrantes ilegales”. 

Tierra de Asilo Túnez —rama tunecina de la organización francesa de derechos de las personas refugiadas y migrantes Francia Tierra de Asilo— fue una de las primeras ONG en ser atacadas. El 4 y el 5 de mayo de 2024, la policía registró sus oficinas y presentó citaciones al personal. El 7, el 8 y 13 de mayo, la policía detuvo y recluyó —por este orden— a Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi y Mohamed Joo, exdirectora, director, y director administrativo y económico de la ONG, respectivamente. Asimismo, el 11 de mayo la policía detuvo a dos personas más, exfuncionarias de la municipalidad de Susa, entre quienes figuraba la exvicealcaldesa y activista de la sociedad civil Imen Ouardani. El 16 de mayo, un juez de instrucción de Túnez ordenó su reclusión en espera de juicio mientras se investigaban los cargos de “ayuda a inmigrantes ilegales” (artículos 38 a 43 de la Ley 40 de 1975 sobre Pasaportes y Documentos de Viaje), abuso del cargo de funcionario público “para obtener una ventaja injustificada o causar daño a la administración” (artículo 96 del Código Penal), lavado de dinero, fraude y atentado contra una persona o propiedad. Entre las personas investigadas figuran seis exmiembros y miembros del personal de la ONG Tierra de Asilo, su representante legal y otras 17 personas, exfuncionarias y exempleadas de la municipalidad. El juez ordenó congelar las cuentas bancarias de la organización y de las citadas personas, en espera de una investigación y pidió a un perito financiero que investigase “ingresos injustificados y desconocidos”, tras lo cual, el 8 de enero de 2025, se afirmó que no había irregularidades. Desde mayo de 2024, las autoridades han desestimado al menos tres solicitudes de libertad condicional.

El 28 de enero de 2025, el juez finalizó su investigación y remitió a juicio sólo seis casos —los de Sherifa Riahi, Yadh Bousselmi, Mohamed Joo, Imen Ouardani y otras dos personas, una de ellas empleada de Tierra de Asilo y la otra, exfuncionaria local—, tras haber retirado varios cargos penales, incluidos los de lavado de dinero y abuso de cargo público. Tras un recurso de la fiscalía, el 26 de febrero de 2025, una sala de acusación resolvió procesar a las seis personas empleadas Tierra de Asilo y a las 17 exfuncionarias y exempleadas de la municipalidad por ‶forjar una alianza” para ‶albergar a personas que entran o salen ilegalmente de territorio tunecino″ (artículos 39 y 41 de la Ley 40 de 1975), ‶ayudar o intentar facilitar a sabiendas, de manera directa o indirecta, la entrada, salida, circulación o estancia irregular de una persona extranjera en Túnez″ (artículo 25 de la Ley 68-7 de 1968 relativa a la condición de los extranjeros) y abuso del cargo de funcionario público. Los cargos se basan únicamente en el trabajo de Terre d'Asile y en su asociación con el municipio de Susa para apoyar a personas refugiadas y migrantes. Las autoridades han alegado que unas irregularidades administrativas infundadas observadas en la firma del acuerdo de asociación demuestran la explotación ilegal de un edificio público para poner en marcha un ‶plan [extranjero] cuya finalidad es permitir a migrantes irregulares circular, residir y establecerse en Túnez″. La sala resolvió también procesar a Mohamed Joo por el infundado cargo de “utilizar el nombre de un funcionario público para falsificar un certificado de buena conducta o cualquier otro documento susceptible de recabar empleo, crédito o asistencia” (artículo 199 del Código Penal). Las personas acusadas han recurrido su acusación.  

La detención de Sherifa Riahi y los obstáculos de las autoridades a las visitas de su hijo y su hija plantean motivos de preocupación adicionales relacionados con la discriminación por motivos de género y por la condición de madre, y con al interés superior del niño o a niña. Se le permiten visitas semanales, realizadas a través de una mampara de cristal y un intercomunicador, lo que le impide sostener en brazos a su bebé y a su hijo de cuatro años. Desde junio de 2024, las autoridades penitenciarias sólo le han permitido tres visitas en una sala que permite el contacto físico directo, con demoras de hasta tres meses para obtener la autorización. De conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres (Reglas de Bangkok), las visitas de niños y niñas a prisión deben permitir el contacto directo y se deben ofrecer a las reclusas las máximas oportunidades e instalaciones posibles para reunirse con sus hijos.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe, francés o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 10 de noviembre de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Sherifa Riahi (femenino), Yadh Bousselmi (masculino), Mohamed Joo (masculino) e Imen Ouardani (femenino).