A principios de mayo de 2024, el gobierno tunecino puso en marcha una campaña de represión contra las personas refugiadas y migrantes y las organizaciones de la sociedad civil que defienden sus derechos

A principios de mayo de 2024, las autoridades tunecinas arrestaron a los defensores de los derechos humanos Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi, del Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas —reputada organización local que trabaja en asociación con ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados)—, y ordenaron su detención en espera de juicio como parte de una campaña de represión contra organizaciones que apoyan a las personas refugiadas y migrantes. Los interrogaron únicamente en relación con su legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Las autoridades tunecinas deben ponerlos en libertad de inmediato, retirar todos los cargos en su contra y garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo sus actividades en un entorno seguro y propicio, y sin temor a represalias.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la República

President of the Republic, Kais Saied

Route de la Goulette

Site archéologique de Carthage, Túnez

Correo-e: contact@carthage.tn 

Twitter: @TnPresidency – Facebook

Señor Presidente:

Le escribo para expresarle mi profunda preocupación ante la detención prolongada de los defensores de los derechos humanos Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi. El 7 de mayo de 2024, un juez instructor de Túnez ordenó su detención preventiva en espera de investigación por “ayudar a la entrada clandestina” de personas extranjeras y “ofrecer[les] refugio”, y desde entonces ha prorrogado la orden de detención previa al juicio en dos ocasiones. 

Los cargos se basan exclusivamente en su trabajo legítimo en el Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas (Conseil Tunisien pour les Refugies, CTR), ONG tunecina que colaboraba con las autoridades del país y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para preinscribir a las personas solicitantes de asilo y ofrecerles ayuda esencial. Su detención es arbitraria, ya que defender los derechos de las personas refugiadas y migrantes (entre otras cosas ofreciéndoles refugio), con independencia de su situación jurídica, no es delito con arreglo al derecho internacional y en ningún caso debería equipararse al tráfico o la trata de seres humanos, de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, ratificada por Túnez. Las autoridades abusan de estas disposiciones para penalizar la labor humanitaria y de derechos humanos, lo que constituye una injerencia indebida en los derechos de defensores y defensoras de los derechos humanos, como establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, y en el derecho a la libertad de asociación con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Túnez.

Túnez es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, que establece que las personas refugiadas tienen derecho a documentos de identidad y viaje, a empleo, vivienda, educación y ayuda humanitaria, y a protección frente a sanciones por entrada irregular. Tras el arresto de los defensores, el Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas suspendió su actividad, lo que causó interrupciones críticas del acceso al procedimiento de concesión de asilo y a servicios básicos como asistencia médica, refugio y protección infantil.

Las autoridades no les han proporcionado medicamentos sin los cuales corren peligro de sufrir complicaciones de salud.

Le pido que garantice la retirada de todos los cargos contra Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi así como su liberación inmediata y que, hasta su liberación, las autoridades les proporcionarán acceso a la medicación que necesitan con urgencia. Le pido asimismo que su gobierno deje de arrestar selectivamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y les permita trabajar en un entorno seguro y propicio y sin temor a sufrir represalias.

Atentamente, [NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A principios de mayo de 2024, el gobierno tunecino puso en marcha una campaña de represión contra las personas refugiadas y migrantes y las organizaciones de la sociedad civil que defienden sus derechos. El 6 de mayo, el presidente Kais Saied atacó a las organizaciones que trabajan sobre la migración en unos comentarios públicos, acusándolas de pretender el “asentamiento” de personas migrantes y calificándolas de “traidoras” y “agentes [extranjeros]”. Sus palabras fueron: “Hay redes internas que están conectadas con redes en el extranjero [...] Reciben transferencias económicas [...] quienes afirman falsamente que están protegiendo [a las personas migrantes], una asociación, todo el mundo sabe que publicó una licitación para acoger a estos africanos [...] que residen ilegalmente [en Túnez]”. 

El 7 de mayo, la fiscalía de Túnez anunció la apertura de una investigación contra varias asociaciones por “excederse de su mandato de ofrecer apoyo económico” a migrantes irregulares. Desde entonces, las autoridades han llamado a declarar, arrestado e investigado a miembros, ex trabajadores y trabajadoras y cargos directivos de al menos 15 organizaciones. Una decena de defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros del personal de ONG y ex funcionarios municipales que trabajaban con ellos están en detención arbitraria en espera de juicio, acusados de apoyar a migrantes irregulares o de delitos económicos relacionados con la financiación legítima de su organización. El mismo mes, las autoridades llevaron a cabo desalojos forzosos de personas refugiadas y migrantes y de arrendadores condenados por alquilar viviendas a migrantes en situación irregular. Esta campaña de represión sólo es una de las escaladas más recientes del deterioro general de los derechos de las personas refugiadas y migrantes desde febrero de 2023, caracterizado por un lenguaje y unas prácticas racialmente discriminatorias. Este patrón de criminalización de quienes defienden los derechos de las personas refugiadas y migrantes también se ha documentado en Europa y otras partes del mundo. 

El Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas, ONG tunecina fundada en 2016, que colaboraba con el ACNUR y las autoridades de Túnez para preinscribir a solicitantes de asilo y prestar ayuda esencial a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad, estuvo entre las primeras organizaciones contra las que se actuó. Su fundador, Mustapha Djemali, ocupó un alto cargo en el ACNUR. El 2 de mayo de 2024, de conformidad con la normativa local y como parte de su actividad habitual, el Consejo publicó una licitación para hoteles destinados a albergar personas refugiadas y solicitantes de asilo en situación precaria, a raíz de una petición de ayuda del ACNUR en la región de Sfax. Tras esta publicación, medios de comunicación y cuentas de redes sociales de Túnez compartieron capturas de pantalla de la licitación afirmando —a menudo con un lenguaje xenófobo y racista— que la sociedad civil estaba conspirando para llevar a cabo el “asentamiento” de “africanos” o “migrantes ilegales” en Túnez. El 3 de mayo, la policía efectuó un registro en la sede del Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas en Túnez, arrestó a su director, Mustapha Djemali, y lo puso bajo custodia. El 4 de mayo, la policía arrestó y puso bajo custodia a Abderrazek Krimi, gestor de proyectos del Consejo. Funcionarios de policía interrogaron a ambos defensores de los derechos humanos sobre la financiación de la ONG y las actividades de ésta en relación con migrantes irregulares, y sobre la licitación para hoteles. 

El 7 de mayo, un juez instructor del Juzgado de Primera Instancia de Túnez ordenó su reclusión preventiva durante seis meses en espera de investigación por presunta “formación de una alianza u organización” para “planificar, facilitar, asistir, intermediar u organizar por cualquier medio, incluso sin ánimo de lucro, la entrada clandestina de personas en territorio tunecino” y “ofrecerles refugio” con arreglo a los artículos 38, 39 y 41 de la Ley 40 de 1975 relativa a Pasaportes y Documentos de Viaje. Estas acusaciones carecen de claridad jurídica y no incluyen ninguno de los elementos de ganancia económica o material y explotación que caracterizan el tráfico y la trata de seres humanos, y no hacen una excepción del apoyo humanitario y de derechos humanos como exige la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

El juez prorrogó la detención de los defensores durante cuatro meses en octubre de 2024 y de nuevo en febrero de 2025. Según la legislación tunecina, no es posible una tercera prórroga. El juez ha rechazado al menos cuatro de las solicitudes de libertad provisional presentadas por su representante letrado. Congeló las cuentas bancarias de ambos defensores y la del Consejo en espera de investigación. Tras examinar el informe pericial presentado el 18 de marzo de 2025 (encargado por el juez para investigar las cuentas bancarias de los defensores y el Consejo), el tribunal no encontró ninguna irregularidad. El 25 de marzo, el juez afirmó durante una sesión de investigación: “Ustedes han traído negros ilegalmente a Túnez y los alimentan y protegen; la Historia y las leyes tunecinas les harán pagar por ello”; esto suscitó motivos de preocupación relacionados con su imparcialidad y con el derecho de los acusados a un juicio con las debidas garantías.

Mustapha Djemali, de 80 años, padece la enfermedad de Horton, y sin los medicamentos que precisa corre el riesgo de sufrir complicaciones médicas. Desde septiembre de 2024, las autoridades penitenciarias no le han proporcionado esos medicamentos a pesar de las múltiples solicitudes ni han permitido que su familia se la proporcione. Tampoco han permitido a la familia reparar sus gafas rotas. Desde el inicio de su detención, las autoridades penitenciarias se han negado a proporcionarle la medicación que necesita. 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe, francés o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 10 de noviembre de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi (ambos masculino)