Informe Anual Amnistía Internacional- Capítulo Venezuela
Las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en julio se reprimieron de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales. Se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad
Las personas detenidas, incluidas mujeres, niñas y niños, fueron presuntamente torturadas. Las condiciones de reclusión siguieron deteriorándose. Persiste la impunidad de las violaciones de derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó que se reanudara la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Quienes ejercen el periodismo siguen corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento y el gobierno persiste en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes. Se amenaza a las ONG de derechos humanos con clausurarlas, y las personas defensoras siguen corriendo grave peligro. Al terminar el año, más de 7,89 millones de personas venezolanas habían huido del país. Los derrames de petróleo en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, tuvieron consecuencias graves para la fauna marina. Persisten los niveles elevados de pobreza y la población carece de acceso suficiente a alimentos, agua y atención médica. Persiste también la violencia contra las mujeres y el aborto seguía estando penalizado. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI. La minería ilegal y la violencia amenazan los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. Se expulsó del país al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Se renovó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Información general
Las elecciones presidenciales celebradas en julio fueron muy controvertidas. Los partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro se enfrentaron a numerosos obstáculos para participar en los comicios, como el impedimento de inscribirse en el registro electoral y la detención arbitraria y tortura de sus miembros.
Pese a la presión internacional que recibieron las autoridades electorales —especialmente de la Unión Europea y otros países de la región, como Brasil y Colombia— para que hicieran pública la información detallada de los resultados, el gobierno rechazó todo tipo de investigación y siguió persiguiendo a integrantes de la oposición política.
El Tribunal Supremo de Justicia validó la elección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial. El candidato Edmundo González Urrutia, que había cuestionado los resultados, huyó del país en septiembre y recibió asilo en España.
El personal de la OACNUDH fue expulsado del país en febrero tras denunciar la desaparición de Rocío San Miguel, pero al concluir el año se había readmitido a un equipo pequeño de este organismo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por un plazo de dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, aunque las autoridades no le habían dado acceso al país al terminar el año. En octubre, la Misión publicó un informe en el que denunciaba la continuidad de la política estatal de represión y los crímenes de lesa humanidad, haciendo hincapié en la crisis electoral y poselectoral.
Derecho a la vida
Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental de las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro. La mayoría de esos homicidios podían constituir ejecución extrajudicial. Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma violenta un policía. Todas las muertes, salvo una, se produjeron por heridas de bala. Las organizaciones de derechos humanos las atribuyeron a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el ejército y los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como “colectivos”.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
A partir del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, las autoridades intensificaron su política de represión, que incluyó casos generalizados de detención arbitraria por motivos políticos, desaparición forzada y tortura. Según las cifras oficiales, desde el 28 de julio se practicaron más de 2.000 detenciones. Hasta octubre, la ONG Foro Penal confirmó más de 1.900 de los casos, 129 de los cuales afectaban a menores de edad. Al concluir el año, el gobierno había dejado en libertad a 1.369 personas y detenido a otras 15. Aun así, cientos de personas seguían privadas de libertad de forma arbitraria, entre ellas tres niños.
Estas detenciones masivas se llevan a cabo sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales. Muchas de las personas detenidas son sometidas a desaparición forzada durante varios días y obligadas a recibir asistencia letrada de oficio que carecía de independencia. Sus familiares pasan días sin obtener información sobre su paradero, aun cuando se tratara de menores de edad. Las personas detenidas son acusadas de delitos genéricos relacionados con el terrorismo y las audiencias las realizaban los tribunales antiterroristas, que carecen de imparcialidad e independencia. En diciembre, aún había 221 mujeres detenidas.
Jesús Armas y Luis Tarbay, activistas del partido político de oposición Vente Venezuela, fueron detenidos arbitrariamente en la capital, Caracas, el 11 y el 24 de diciembre, respectivamente. Al concluir el año había aproximadamente 160 miembros de Vente Venezuela y 34 de Primero Justicia, otro partido político de oposición, bajo custodia o en situación de desaparición forzada.
A partir de abril, seis miembros de Vente Venezuela pidieron asilo en la embajada argentina de Caracas. En agosto, después de que el ejecutivo suspendiera las relaciones diplomáticas con Argentina, el gobierno brasileño se hizo cargo de la protección del recinto. Al concluir el año, Venezuela no había concedido salvoconductos para que las personas asiladas abandonaran el país.
Tras las elecciones presidenciales de julio, el gobierno activó una nueva función en su aplicación móvil VenApp que permitía denunciar a quienes lo criticaran. Las denuncias a través de este medio fueron supuestamente el origen de muchas de las detenciones que se practicaron después de protestas relacionadas con las elecciones.1
El fiscal general anunció la detención de una fiscal acusada de “retraso u omisión intencional de funciones” por negarse a procesar a varias personas detenidas por delitos de terrorismo tras protestas poselectorales.
Tortura y otros malos tratos
La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela informó de que se habían recibido denuncias de tortura de personas detenidas antes y después de las elecciones presidenciales.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian el empleo de tortura y otros malos tratos en centros de detención, incluidas palizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual contra las mujeres.
Algunas personas menores de edad detenidas arbitrariamente tras las elecciones fueron torturadas para que se autoincriminaran mediante declaraciones grabadas en vídeo admitiendo que habían participado en las protestas, según afirmaron sus familiares. En muchos casos se recluyó a niños y niñas con personas adultas.
Hubo denuncias de registros efectuados en la prisión de mujeres Instituto Nacional de Orientación Femenina. En unos vídeos compartidos en agosto en redes sociales que habían sido grabados desde el exterior de ese centro de detención, se podía oír a mujeres gritar que las estaban torturando. Las organizaciones de derechos humanos informaron de denuncias de malos tratos en el centro de detención La Crisálida, donde recluían a las mujeres arrestadas durante las protestas poselectorales.
Condiciones de reclusión inhumanas
Las condiciones penitenciarias siguen deteriorándose. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los internos de la prisión de Tocorón recibían sólo dos vasos de agua al día. Se siguen utilizando los calabozos policiales a modo de prisiones y, en septiembre, la sobrepoblación penitenciaria general superaba en un 184% la capacidad del sistema.
En los centros de detención, las personas en espera de juicio siguen protestando contra los aplazamientos procesales, el hacinamiento y la falta de atención médica, según informaron las ONG.
Impunidad
La impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional sigue siendo generalizada. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó en un informe su honda preocupación por la falta de voluntad del Estado para procesar a las personas con presunta responsabilidad penal.
Según la organización de la sociedad civil Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, en junio se dictó sentencia condenatoria contra seis agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana por haber participado en una ejecución extrajudicial cinco años antes. Sigue sin dictarse sentencia condenatoria alguna en el 95% de los casos de homicidio registrados durante las manifestaciones pacíficas celebradas entre 2014 y 2024.
Venezuela ocupaba el último lugar (142) de la clasificación mundial en el Índice del Estado de Derecho 2024, publicado por World Justice Project.
Derecho a verdad, justicia y reparación
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional rechazó el recurso de las autoridades venezolanas y confirmó la decisión de autorizar que se reanudara la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde al menos 2014. Pese a la falta de avances, la Fiscalía de la CPI inauguró una nueva oficina local en Caracas “centrada en actividades de complementariedad e interacción con las autoridades nacionales”.
En septiembre, un tribunal federal de apelaciones de Argentina ordenó la detención del presidente, Nicolás Maduro, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, entre otras personas, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde al menos 2014.
Libertad de expresión y de reunión
A lo largo del año se sucedieron en todo el país protestas en las que se reivindicaban derechos económicos y sociales. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y el 30 de julio se celebraron 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas de forma violenta; se registró la presencia de colectivos atacando y amenazando a manifestantes.
En las semanas previas y posteriores a las elecciones presidenciales, las autoridades intensificaron sus críticas a las manifestaciones para generar miedo y reprimir la disidencia.
Se detuvo arbitrariamente al menos a 12 periodistas y continuaron los ataques contra los medios de comunicación independientes. La ONG Espacio Público documentó 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión entre enero y septiembre. El gobierno siguió cerrando emisoras de radio y dificultando el acceso a plataformas de redes sociales tales como X (antes Twitter). Según informes, las autoridades seguían atacando, mediante acciones de hackeo y phishing, las cuentas de Instagram de periodistas y particulares.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguen corriendo grave peligro. La Asamblea Nacional aprobó una ley que permitía al gobierno controlar, vigilar y, en última instancia, cerrar las ONG de derechos humanos. La ley entró en vigor en diciembre y fija plazos a las organizaciones para inscribirse en el registro y cumplir los requisitos establecidos a fin de poder llevar a cabo legalmente su labor en el país.
El defensor de los derechos humanos Javier Tarazona continúa recluido. En febrero, la defensora Rocío San Miguel fue sometida a tres días de desaparición forzada, junto con otras personas de su entorno familiar; más tarde la acusaron de terrorismo, le negaron el acceso a representación letrada y, al concluir el año, continuaba recluida. El activista, defensor y periodista Carlos Julio Rojas, detenido en abril, continuaba recluido al final del año.
Los defensores de los derechos humanos Kennedy Tejeda, Edward Ocariz y Henry Gómez fueron detenidos tras las elecciones. Kennedy Tejeda continuaba recluido al finalizar el año.
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia documentó 979 ataques e incidentes de seguridad que afectaron a personas defensoras de los derechos humanos durante 2024, cifra que superaba los 524 casos registrados en 2023.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Al terminar el año, más de 7,89 millones de personas habían huido del país.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) denunció la detención administrativa de personas refugiadas y migrantes en espera de ser expulsadas de Venezuela sin acceso a asistencia letrada ni a procedimientos de solicitud de protección internacional. La población refugiada y migrante del país también se enfrenta a barreras administrativas, económicas y geográficas para acceder a sus documentos personales.
Derecho a un medioambiente saludable
Pese a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, Venezuela sigue sin firmar su adhesión al Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la información, la participación ciudadana y la justicia en cuestiones ambientales.
Los frecuentes derrames de petróleo que tuvieron lugar en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, tienen consecuencias graves para la fauna marina. Varios activistas y grupos afectados señalaron la falta de políticas públicas ambientales para abordar los derrames y también la opacidad informativa de las autoridades.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis humanitaria de Venezuela continúa y los derechos económicos, sociales y culturales se violan de forma sistemática. Los niveles de pobreza aumentaron y la situación se agravó por los elevados precios del combustible y la escasez de electricidad y agua potable.
Persisten los cortes de suministro eléctrico. Según información publicada en la prensa, en agosto se produjo un apagón que dejó al 80% del país sin electricidad, situación que se prolongó 10 horas en algunas zonas. No hubo informe técnico oficial alguno sobre los motivos del apagón.
En el examen que efectuó en agosto sobre la situación de Venezuela, el CERD informaba de las altas tasas de deserción escolar y de la falta de docentes con la cualificación necesaria.
Derecho a la salud
El CERD denunció el acceso limitado a una atención médica de calidad, sobre todo en las zonas rurales o con población mayoritariamente indígena.
Los tratamientos y el acceso a los servicios de salud de quienes sufren enfermedades crónicas siguen siendo sumamente precarios. Según la Encuesta Nacional de Hospitales realizada en julio por la organización de la sociedad civil Médicos por la Salud, el 57% de los centros de salud sometidos a observación carecen de suministro constante de agua en servicios cruciales como las urgencias, los cuidados intensivos y los quirófanos. También se constató la escasez de material y suministros médicos en los hospitales, cuyos índices de desabastecimiento rondan el 35%. Las personas que viven con el VIH seguían soportando la falta de los recursos necesarios para su tratamiento, incluidas las pruebas de diagnóstico y de control de la infección y los sucedáneos de la leche materna para los bebés con riesgo de contraer el VIH.
Las ONG del sector de la salud advierten de la necesidad de aumentar la cobertura de vacunación con arreglo al Plan Ampliado de Inmunizaciones y de garantizar y reforzar el Plan de Acción Mundial publicado por la Organización Panamericana de la Salud, a fin de prevenir la reaparición de enfermedades evitables.
Derecho a la alimentación
En diciembre, el costo de la canasta alimentaria para una familia venezolana de cinco miembros equivalía a 498,47 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual era de 2,36 dólares, con lo que la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave.
En febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación visitó Venezuela e informó de que casi el 82% de la población vivía en situación de pobreza y el 53% sufría pobreza extrema, al carecer de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica. El relator señaló también que, debido a la pobreza, las familias se veían obligadas a reducir las raciones, saltarse comidas y adquirir alimentos menos nutritivos. Además, afirmó que la pobreza alimentaria afectaba de forma desproporcionada a las mujeres, puesto que solían ser las cuidadoras de sus familias y comunidades al tiempo que trabajaban para obtener un salario; que algunas mujeres recurrían al intercambio de sexo por alimentos, y que las mujeres y niñas embarazadas y en periodo de lactancia corrían especial peligro de desnutrición.
Derechos sexuales y reproductivos
No se registraron avances en la mejora de los derechos sexuales y reproductivos, y el aborto continúa penalizado. La emergencia humanitaria que existía en Venezuela sigue dificultando a las mujeres y las niñas el ejercicio de estos derechos. Según las cifras de la ONG Red de Mujeres Constructoras de Paz, el 40% de las mujeres en edad reproductiva no utilizaban métodos anticonceptivos por su alto costo y la dificultad de obtenerlos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Siguen sin atenderse los derechos de las personas LGBTI. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denunció que 68 mujeres de ese grupo poblacional habían sido víctimas de discriminación o violencia.
Violencia sexual y de género
El Centro de Justicia y Paz documentó 58 femicidios y 27 intentos de femicidio durante el primer semestre del año. Según la Red de Mujeres Constructoras de Paz, el 71% de las mujeres habían sufrido violencia psicológica y el 41%, violencia física, durante el año.
Derechos de los pueblos indígenas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las repercusiones continuadas que la minería ilegal tenía en la vida, la salud y la supervivencia del pueblo Yanomami, en concreto en la zona del Arco Minero del Orinoco. La Comisión advirtió de que los pueblos indígenas se enfrentaban a una crisis sanitaria aguda debido a la contaminación del agua por mercurio en la región amazónica, que afectaba a la caza y la pesca, con el consecuente aumento de la desnutrición.