Hay una crisis global de derechos humanos que afecta seriamente a Colombia y Venezuela, y puede empeorar bajo el “efecto Trump”

0. En Venezuela persiste la crisis de derechos humanos, que incluye una política de represión en contra de la disidencia, impunidad ante posibles crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos económicos y sociales. Los derechos de la población que ha huido buscando protección internacional son asunto de preocupación.
1. /span>Colombia sigue viviendo una grave crisis de derechos humanos, a pesar de los procesos de paz. En regiones históricamente marginalizadas, personas y comunidades viven sufren violaciones a sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sigue faltando una mejor protección a las personas defensoras de derechos humanos.  

 Amnistía Internacional lanzó a nivel global su Informe Anual 2025: La situación de los derechos humanos en el mundo, que advierte cómo los resultados de décadas de esfuerzos globales por construir un mundo donde se reconozcan y respeten universalmente los derechos humanos están en riesgo. En 2024 aumentaron las prácticas autoritarias por todo el mundo, y se siguió cerrando el espacio cívico que permite que se escuche la voz de la sociedad civil. Gobiernos de todo el mundo afianzaron su poder a través del miedo, prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, encarcelando a sus críticos, criminalizando a personas defensoras de derechos humanos, a activistas por el clima, e incluso a quienes se han manifestado contra los abusos de otras partes del mundo, como ha ocurrido con quienes denuncian el genocidio cometido por Israel en Gaza. 

Según el Informe Anual de Amnistía Internacional, las Américas no son la excepción. Por todo el continente se sigue estigmatizando, hostigando y agrediendo a las personas defensoras de derechos humanos, a periodistas y a manifestantes, quienes sufren detenciones arbitrarias, campañas de difamación, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, vigilancia ilegal, homicidios, amenazas, tortura y juicios que no cumplen las debidas garantías.

Por toda la región, miles de personas siguen abandonando sus países y solicitando protección internacional debido a persecuciones, violaciones a sus derechos humanos, inseguridad, y los efectos negativos del cambio climático. Muchas personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sufren violencia, xenofobia y racismo, mientras que el goce de sus derechos se enfrenta a obstáculos burocráticos y jurídicos.

Aumenta el autoritarismo a nivel global, y empeora con la llegada de Trump

En su Informe Anual 2024, Amnistía Internacional señaló un preocupante panorama de conflictos armados, que empeoran alrededor del mundo, con ejemplos como el genocidio de Israel hacia la población palestina en Gaza y su sistema de apartheid en Cisjordania, el aumento de ataques letales de Rusia contra civiles en Ucrania, el desplazamiento masivo en Sudán y la violencia sexual generalizada cometida por las Fuerzas de Apoyo Rápido, o los abusos generalizados contra civiles por M23 en la República Democrática del Congo. A este contexto se suman los recortes masivos a la ayuda humanitaria exterior de Estados Unidos, ordenados por Donald Trump.

Amnistía Internacional también alertó que manifestantes siguen siendo atacados con duras medidas represivas en lugares como Bangladesh, Mozambique, Corea del Sur, Turquía o Venezuela. 

Según la organización, 2024 fue un año en el que las diversidades y la igualdad de género fueron atacadas intensamente. En Irán y Afganistán aumentaron las medidas represivas en contra de niñas y mujeres, mientras que mujeres buscadoras de víctimas de desapariciones siguieron enfrentando violencia en México y Colombia. También creció la preocupación por medidas de penalización de relaciones entre personas del mismo sexo en varios países, como Malawi, Malí y Uganda, y la represión de expresiones de la comunidad LGTBI en Georgia y Bulgaria. A esto se suman las recientes acciones del gobierno Trump contra la justicia de género, el desmantelamiento de iniciativas contra la discriminación, el ataque a los derechos de personas transgénero y el recorte a programas de salud y educación en favor de mujeres y niñas de todo el mundo.

Finalmente, el informe de Amnistía Internacional subraya el grave deterioro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a escala global. 2024 ha sido el año más cálido desde que se tienen registros climáticos. La COP29 en Azerbaiyán fue una catástrofe ante la presión en favor de los combustibles fósiles, mientras los países más ricos acosaron a las naciones de bajos ingresos para aceptar acuerdos de financiación climática irrisorios. La pobreza extrema y la desigualdad dentro de los Estados, y entre ellos, se intensificó ante una inflación global generalizada, mientras que el número y la riqueza de las grandes fortunas aumentó. 

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, señaló que “la comunidad internacional allanó el camino hacia este caos al no defender universalmente el Estado de derecho. Ahora debe asumir su responsabilidad. Hoy estamos perdiendo salvaguardias vitales para proteger a la humanidad tras los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. El desmantelamiento del sistema multilateral no es la respuesta. Hay que reforzarlo y replantearlo”. 

Amnistía Internacional señaló con esperanza que la justicia internacional y los órganos multilaterales se hacen sentir, a pesar de la creciente oposición de Estados poderosos, incluyendo las vergonzosas sanciones del gobierno Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI dictó órdenes de detención contra dirigentes de Israel, Gaza, Libia, Myanmar y Rusia, y Filipinas arrestó al expresidente Rodrigo Duterte, en aplicación de una orden de ese tribunal por crímenes de lesa humanidad. 

A pesar de los enormes desafíos, Amnistía Internacional resalta que el mundo está lleno de personas valientes que defienden los derechos humanos aún en los contextos más desafiantes. “Nuestro movimiento estará siempre unido a nuestra creencia común en la dignidad y los derechos humanos inherentes a todas las personas de este planeta”, manifestó Agnès Callamard.

Las Américas: un laboratorio del cierre del espacio cívico

El 2024 estuvo marcado por una creciente tendencia a cerrar los espacios de participación de la sociedad civil y por el incremento de prácticas autoritarias en las Américas. 

Gobiernos como Paraguay, Venezuela y Perú avanzaron sus esfuerzos por controlar, restringir o cerrar organizaciones no gubernamentales. En estos países se aprobaron leyes que aumentan el control estatal sobre la sociedad civil, permitiendo restricciones arbitrarias como el cierre de organizaciones sociales y el procesamiento penal de sus miembros.

Los ataques a periodistas fueron comunes en la mayoría de los países en la región, siendo particularmente preocupantes los casos de México y Colombia, donde incluso ocurrieron muertes violentas. Esto se suma a la criminalización y estigmatización que las propias autoridades realizaron contra quienes ejercen la labor periodística en diversos países.

El cierre del espacio cívico también se reflejó en la represión violenta de manifestaciones pacíficas en países como Argentina, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, una tendencia observada en países de la región desde hace algunos años.

 

Colombia: sigue existiendo una grave crisis de derechos humanos

El informe de Amnistía Internacional subraya que en Colombia, pese a conversaciones de paz y ceses al fuego, la población civil siguió sufriendo violaciones y abusos de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado. Estos hechos afectaron desproporcionadamente a pueblos indígenas, comunidades campesinas, y afrodescendientes.

En 2024 en Colombia continuaron las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado y la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Pese a medidas adoptadas por el gobierno, el impacto aún es limitado y siguen haciendo falta cambios en el modelo de protección para personas y comunidades en riesgo. 

Amnistía Internacional señaló su preocupación por la impunidad en casos de crímenes cometidos por las fuerzas armadas de Colombia, como los que han afectado a la Fundación Nydia Erika Bautista y a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En cambio, destacó que en marzo de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad de Colombia por la persecución a través de actos ilegales de inteligencia al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ordenándole a Colombia reformar sus leyes en materia de inteligencia, en un año de controversia por el presunto uso del software espía Pegasus hasta 2022 por parte de las fuerzas de seguridad.

Frente al derecho a la protesta en Colombia, Amnistía Internacional subrayó que en septiembre de 2024 un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas expresó su preocupación por la falta de verdad, justicia y rendición de cuentas frente a asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el Paro Nacional, o Estallido Social, de 2021. Amnistía Internacional hizo eco de los llamados de la sociedad civil colombiana para que el gobierno avance con una reforma integral de la policía, prometida desde 2022.

A pesar de este panorama, Amnistía Internacional subrayó logros de la sociedad civil colombiana en la defensa de los derechos humanos en 2024. Por ejemplo, las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada lograron hacer aprobar por el Congreso una ley que protege sus derechos, mientras que entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, para la protección de las personas defensoras del medio ambiente. 

Venezuela: persiste la represión y los crímenes de lesa humanidad  

En 2024 Venezuela vivió una violenta represión a las protestas que siguieron al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que desembocó en muertes por uso excesivo de la fuerza. Miles de miembros de la oposición política, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, e incluso centenares de menores de edad, fueron detenidos arbitrariamente, y fueron presuntamente torturados, en un país donde las condiciones de reclusión siguen deteriorándose. Se estima que unas 900 personas siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela, incluidos los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas.

El gobierno venezolano persiste en su hostigamiento a los medios de comunicación y amenaza a las organizaciones no gubernamentales con clausurarlas. Según el informe de Amnistía Internacional, defender los derechos humanos en Venezuela implica correr un grave peligro.

Para el fin de 2024, más de 7,89 millones de personas venezolanas habían huido de su país debido a las violaciones masivas de derechos humanos. La organización destacó que estas son personas en búsqueda de protección internacional, y que un alto porcentaje de ellas se encuentra en Colombia. Según Amnistía Internacional, a pesar de algunos avances, el acceso a derechos de las personas refugiadas provenientes de Venezuela en Colombia sigue siendo motivo de preocupación.   

Amnistía Internacional resaltó que en 2024 se renovó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos de la ONU en Venezuela, y que la CPI reanudó las investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad. 

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