Miércoles, 04 de febrero, 2026
Lo insto a avanzar sin demora con el proceso de evaluación de riesgos para Yendri Velásquez y Luis Peche, y a proporcionarles medidas de protección integrales, estables e individualizadas
El 13 de octubre de 2025, Yendri Velásquez y Luis Peche, defensores venezolanos de los derechos humanos, sufrieron un ataque armado en Bogotá. Más de tres meses después, siguen dependiendo de las medidas limitadas y temporales de protección proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía de Bogotá, pese a que, tras el ataque, la UNP se había comprometido a implementar medidas integrales y estables de protección. Instamos a las autoridades colombianas a garantizar a Yendri y Luis una protección completa y efectiva.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Augusto Rodríguez Ballesteros
Director
Unidad Nacional de Protección
Carrera 44 No. 20-21
Bogotá D.C.
Colombia
Señor Director:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la situación de Yendri Omar Velásquez Rodríguez y Luis Alejandro Peche Arteaga, defensores venezolanos de los derechos humanos que fueron atacados el 13 de octubre de 2025 en Bogotá. Al entrar en Colombia, Yendri Velásquez solicitó protección internacional a causa de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra él por las autoridades venezolanas; había huido del país para evitar una mayor represión. Respecto a Luis Peche, aunque tiene doble nacional venezolana-colombiana, también ha corrido peligro a causa de su trabajo de incidencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y su activismo político. La falta de protección internacional, a pesar de las solicitudes que ambos presentaron a las autoridades colombianas, ha causado a Yendri Velásquez dificultades para acceder a servicios básicos tales como atención médica y un lugar donde vivir, lo que aumenta el riesgo que corre.
Durante su estancia en Bogotá, Yendri Velásquez y Luis Peche siguieron ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos, hasta que fueron atacados por agresores armados no identificados el 13 de octubre. Ambos sufrieron múltiples heridas de bala y necesitaron atención médica urgente. Desde entonces, las autoridades colombianas —a través de la Alcaldía de Bogotá, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional— les han otorgado medidas de protección temporales en respuesta al riesgo evidente que corren.
Desde el principio ha quedado claro que la UNP es la principal entidad responsable de brindar protección a Yendri Velásquez y Luis Peche. Amnistía Internacional, a la que pertenece Yendri Velásquez, ha sido informada de que se ha iniciado el proceso administrativo para evaluar el riesgo que corren los dos defensores y determinar medidas estables de protección. Sin embargo, más de tres meses después del ataque, tanto Yendri Velásquez como Luis Peche siguen bajo medidas temporales que son insuficientes para abordar su situación y que pueden ser levantadas en cualquier momento.
Lo insto a avanzar sin demora con el proceso de evaluación de riesgos para Yendri Velásquez y Luis Peche, y a proporcionarles medidas de protección integrales, estables e individualizadas. Estas medidas deben ser concertadas con ellos y deben abordar plenamente sus circunstancias específicas, incluida su condición como defensores de los derechos humanos venezolanos que viven exiliados en Colombia.
Atentamente, [NOMBRE]
Información complementaria
La población venezolana lleva más de un decenio enfrentándose a una grave crisis de derechos humanos. Durante este periodo, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional —incluidos crímenes de lesa humanidad— cometidos por las autoridades venezolanas y que han causado una prolongada emergencia humanitaria que ha obligado al 25% de la población a huir del país. Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, la represión contra las personas que defienden los derechos humanos, que ejercen disidencia política o que son sospechosas de ejercerla se ha intensificado, y ha dado lugar a al menos 2.200 detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo en tan sólo unos días, algunas de las cuales constituyen desaparición forzada, y al uso sistemático de procedimientos penales arbitrarios basados en acusaciones infundadas de “terrorismo” y otros cargos.
A 19 de enero de 2026, al menos 777 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, según la ONG venezolana Foro Penal. Entre ellas se encuentra el ciudadano colombiano Danner Barajas, detenido arbitrariamente el 7 de noviembre de 2024 y que estuvo meses sometido a desaparición forzada. En la actualidad permanece recluido en la prisión de Rodeo I, en Venezuela.
Colombia se ha convertido en el principal destino para los venezolanos y venezolanas que buscan protección internacional: a fecha de noviembre de 2025 había unos 2,9 millones de personas residiendo en este país, según Migración Colombia (la autoridad de inmigración). Aunque las autoridades colombianas han adoptado medidas para regularizar la condición migratoria de estas personas, siguen existiendo importantes barreras y obstáculos a estos procesos. Además, las autoridades siguen sin reconocer que quienes huyen de Venezuela necesitan protección internacional y tienen derecho a recibirla, a causa de los graves riesgos que su retorno entrañaría para su vida, su seguridad y su libertad.
A pesar de que no es la vía principal para permanecer en Colombia, el sistema de asilo y determinación de la condición de refugiado sufre grandes retrasos y no puede cumplir adecuadamente las obligaciones contraídas por el Estado en materia de protección. Las personas solicitantes se enfrentan a prolongados periodos de espera y a restricciones al acceso a derechos fundamentales, como la capacidad de trabajar mientras esperan una decisión, entre otros obstáculos. En este contexto, los defensores y defensoras de los derechos humanos venezolanos que viven en el exilio —que se encuentran entre quienes más peligro corren y más necesitan protección internacional— siguen luchando por ejercer su derecho a defender los derechos humanos.