El caso de nuestro colega Yendri Velásquez y Luis Peche es ejemplo de cómo las trabas administrativas para reconocer oportunamente el estatus de refugiado generan riesgos, más aún en casos de personas que defienden los derechos humanos, y que por ello deberían estar sujetas a una protección especial, pues enfrentan riesgos particulares

Cuatro meses después del ataque armado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, las autoridades aún no presentan avances claros en la investigación ni garantías plenas de protección, advierte Amnistía Internacional, al alertar sobre los riesgos que enfrentan muchas personas venezolanas que han tenido que huir de su país sin encontrar una protección internacional adecuada. 

“Este ataque no puede tratarse como un caso aislado. Refleja los riesgos que enfrentan personas migrantes y refugiadas, sobre todo quienes han sido perseguidas por su activismo. La obligación del Estado es proteger e investigar con urgencia. Cada día sin avances profundiza el daño”, señaló Valentina Ballesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. 

Este ataque no puede tratarse como un caso aislado. Refleja los riesgos que enfrentan personas migrantes y refugiadas, sobre todo quienes han sido perseguidas por su activismo. La obligación del Estado es proteger e investigar con urgencia. Cada día sin avances profundiza el daño.» 

Valentina Ballesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas

Colombia es el principal país receptor de personas venezolanas desplazadas por la prolongada crisis de derechos humanos en su país. En este contexto, Amnistía Internacional recuerda que los Estados que reciben población migrante y refugiada tienen obligaciones claras bajo el derecho internacional: no solo deben permitir el ingreso o la permanencia en su territorio, sino también garantizar acceso efectivo y sin demoras irrazonables a los procedimientos para otorgar la condición de refugiado, adoptar medidas oportunas de protección frente a riesgos previsibles contra la vida y la integridad, e investigar y sancionar con debida diligencia los actos de violencia.  

“El caso de nuestro colega Yendri Velásquez y Luis Peche es ejemplo de cómo las trabas administrativas para reconocer oportunamente el estatus de refugiado generan riesgos, más aún en casos de personas que defienden los derechos humanos, y que por ello deberían estar sujetas a una protección especial, pues enfrentan riesgos particulares.” señaló Marcos Gómez, director de la Sección de Venezuela de Amnistía Internacional. 

El caso de nuestro colega Yendri Velásquez y Luis Peche es ejemplo de cómo las trabas administrativas para reconocer oportunamente el estatus de refugiado generan riesgos, más aún en casos de personas que defienden los derechos humanos, y que por ello deberían estar sujetas a una protección especial.”  

Marcos Gómez, director de la Sección de Venezuela de Amnistía Internacional.

A cuatro meses del atentado, Amnistía Internacional señala que la ausencia de resultados claros y efectivos en las investigaciones prolonga el sufrimiento de las víctimas y envía un mensaje peligroso de tolerancia frente a estos ataques, más aún en un país como Colombia, que desde años atrás enfrenta una grave crisis de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos. La impunidad también es una forma de violencia, cuando los Estados no investigan con seriedad y celeridad, incumplen su deber de garantía y erosionan la confianza en las instituciones. 

“Hoy la gente vive con temor en Venezuela, y los que estamos fuera también. El Estado tiene la responsabilidad de protegernos y de investigar lo que pasó. Seguiremos denunciando porque el silencio no nos protegerá.”  mencionó Yendrí Velásquez, miembro de Amnistía Internacional. 

Hoy la gente vive con temor en Venezuela, y los que estamos fuera también. El Estado tiene la responsabilidad de protegernos y de investigar lo que pasó. Seguiremos denunciando porque el silencio no nos protegerá.”

Yendrí Velásquez, miembro de Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional insta a la Fiscalía General de la Nación de Colombia a avanzar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial en las investigaciones de este atentado; garantizar medidas de protección adecuadas para las víctimas; y reafirmar en la práctica su compromiso con la protección internacional de quienes solicitan refugio. 

Así mismo, recordamos a las autoridades migratorias de Colombia y las Américas que la protección internacional no es una concesión discrecional: es un deber jurídico y una responsabilidad ética. Amnistía Internacional continuará monitoreando esta situación y exigiendo que ninguna agresión contra personas en necesidad de protección internacional quede en la impunidad.