Esta draconiana ley introduciría nuevos delitos como la ‘ocupación ilegal de un inmueble’ y aumentaría descaradamente las salvaguardias para los poderosos. Al mismo tiempo, ampliaría las facultades de la policía y prevé ayudas económicas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acusados de actos indebidos

Cuando el Parlamento italiano se dispone a convertir en ley un decreto que impone limitaciones sin precedentes al derecho a la protesta, Amnistía Internacional se une a las manifestaciones convocadas hoy en todo el país contra la medida. Esther Major, directora adjunta de Investigación para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Hoy marchamos para exigir que los miembros del Parlamento voten en contra de esta ley represiva. Según la Constitución italiana, sólo se debe recurrir a los decretos para abordar situaciones extraordinarias o urgentes, no para eludir el examen parlamentario. La adopción de este decreto el pasado mes de abril ha suscitado preocupación sobre el uso creciente de prácticas autoritarias por parte del gobierno”.

Esta nueva ley crearía un entorno hostil en el que las personas que ejerzan su derecho a la protesta pacífica  pagarán un precio elevado.

“Esta draconiana ley introduciría nuevos delitos como la ‘ocupación ilegal de un inmueble’ y aumentaría descaradamente las salvaguardias para los poderosos. Al mismo tiempo, ampliaría las facultades de la policía y prevé ayudas económicas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acusados de actos indebidos.

“Esta nueva ley crearía un entorno hostil en el que las personas que ejerzan su derecho a la protesta pacífica pagarán un precio elevado. Permitirá silenciar aún más la disidencia de activistas medioambientales, personas que viven en la pobreza, migrantes y otras minorías racializadas que son quienes sufrirán la peor parte del impacto discriminatorio de estas disposiciones. Provocará restricciones indebidas de derechos, incluidos los relativos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y a la libertad personal. Sus disposiciones son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que debe ser rechazada rotundamente”.

Información complementaria

El Decreto ley 48/2025, titulado “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (Medidas urgentes sobre seguridad pública, protección del personal en servicio, así como de las víctimas de usura y del sistema penitenciario)” entró en vigor el 12 de abril, pero, de no convertirse en ley, expirará a los 60 días. Está previsto que la votación final se celebre el 10 de junio. 

Este decreto, introducido por el gobierno, es casi idéntico a un proyecto de ley anterior que el Parlamento paralizó y criticaron especialistas en derecho constitucional. Varios relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron su preocupación por la incompatibilidad de muchas de las disposiciones del decreto con los derechos humanos.

Según la nueva ley, cualquier persona “que ocupa o posee sin título un inmueble destinado al domicilio de otra persona” [traducción propia] podría ser castigada con hasta siete años de prisión (artículo 10). Bloquear el tráfico podría conllevar una pena de hasta dos años de prisión (artículo 14). Algunas de las disposiciones tendrán un impacto desproporcionado en las personas que participen en protestas, que serán criminalizadas con penas mayores y nuevas circunstancias agravantes añadidas a los delitos existentes. Se ampliarán las facultades policiales y aumentarán las penas por delitos contra funcionarios públicos.