Detenciones sin órdenes judiciales en Venezuela #SilenciadxsALaFuerza

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento y ha corroborado efectivamente la existencia de detenciones llevadas a cabo sin orden judicial y aun cuando la persona no esté cometiendo un delito in fraganti. Estas detenciones tienen como denominador común que la persona que es aprehendida por las autoridades estatales tiene una postura crítica o disidente de las políticas gubernamentales.

El 17 de octubre de 2016 José Vicente García, concejal por el partido de oposición Voluntad Popular en el municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) cuando salía de su casa, en el sector La Castra, a la sesión del concejo municipal.

Una vez practicada de la detención, su esposa, María Alejandra Rivera de García, informó a través de la cuenta de Twitter de José Vicente que su esposo fue perseguido durante un par de días por el organismo de inteligencia, el mismo al que acusa de sembrar granadas y uniformes militares en el vehículo del concejal durante su detención. Unos minutos después de publicado el tweet, el gobernador del estado Táchira publicó en la misma red social una fotografía donde aparece José Vicente, en medio de dos funcionarios encapuchados y uniformados, detrás de una mesa donde hay uniformes y granadas. José Vicente fue presentado ante un juez, y aunque la Fiscalía no solicitó su detención, se le ordenó permanecer privado de libertad en la sede del SEBIN del estado Táchira. El concejal García cuenta con una orden de excarcelación emitida por el juzgado, ya que no se presentó ninguna acusación en su contra. Sin embargo, hasta la fecha, se encuentra recluido en la sede del SEBIN El Helicoide en la ciudad de Caracas.

Casos como la detención de José Vicente García, y otros que han sido denunciados ante Amnistía Internacional, tienen como factor común la participación del Servicio de Inteligencia venezolano –SEBIN. El uso discrecional y arbitrario de la figura de flagrancia para excusar violaciones de los derechos humanos es una constante, a pesar de que en muchos de los casos la persona se encontraba desarrollando actividades cotidianas que no podrían calificarse como delito.

Para Amnistía Internacional resulta sumamente preocupante que se consolide una práctica reiterada de detenciones sin orden judicial y se amplíe arbitrariamente la interpretación de la figura de flagrancia a modo de pretexto para privar de libertad a disidentes políticos.

Resulta de igual preocupación para Amnistía Internacional el actuar del servicio de inteligencia venezolano, como cuerpo de seguridad que tiene un rol preponderante en las detenciones de esta naturaleza, y que, posteriormente a la detención, asume la custodia de los detenidos.

Entre los casos de detenciones arbitrarias sin orden judicial también preocupa a Amnistía Internacional el uso creciente de este tipo de actuaciones policiales en contra de funcionarios públicos de elección popular en ejercicio de sus funciones. La detención de personas sin orden judicial y el sometimiento a un proceso penal, en algunos casos, ha derivado en la destitución de los cargos públicos cuando han sido señalados funcionarios electos popularmente.

 Un claro ejemplo de este tipo de actuaciones arbitrarias se observó el 19 de febrero de 2015 cuando la oficina del alcalde Antonio Ledezma fue allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). En dicho allanamiento el Sr. Ledezma fue detenido sin orden judicial que así lo dispusiere.

 El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció ese mismo día que su detención se debía a una conspiración. En la actualidad Antonio Ledezma se encuentra bajo arresto domiciliario, ha sido apartado de sus funciones como alcalde de la Alcaldía Mayor de Caracas y se encuentra acusado de conspiración y asociación para delinquir.

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