Miércoles, 03 de mayo, 2017


Amnistía Internacional ha documentado la situación de no menos de 16 personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad a la que se han cumplido los requisitos legales para su liberación. Incluso, contando con pedidos judiciales de excarcelación que tienen precisamente la liberación de esas personas, y el caso de medidas cautelares no privativas de libertad como regímenes de presentación.

Entre ellos, están los casos de Yon Goicoechea (ver arriba), José Vicente García (ver arriba), Fred Armando Mavares Zambrano, Eduardo José Salazar Martínez, Edgar José González Urtado, Alfredo José Chirinos Salamanca, Jorge Luis Delgado Fragosa, Jhonny Roberto Velásquez Gómez, César Eduardo Mijares Oviedo, Ángel Alfonso Sánchez Blanco, Reggie Jackson Andrade Alejos, Ever Darwin Meneses Solano, Venus Soleil Medina Ferrer, Miguel Jonosky Mora y María Pérez.

Yon Goicoechea (ver arriba) cuenta en la actualidad con una resolución emitida por la jueza a cargo de su caso en la que reconoce que se han cumplido todos los requisitos para su excarcelación, debido a que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para acusarlo de ningún delito. Sin embargo, desde la fecha 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el Juzgado se encuentra “sin despacho” y por lo tanto no atiende al público ni emite ninguna orden de libertad.

En el caso de García (ver arriba), cumplido el plazo de investigación, el Ministerio Público no presentó acusación y se decretó el decaimiento por parte del tribunal que estaba a cargo del caso. El 20 de diciembre de 2016 se emitió una boleta de excarcelación que fue consignada a la sede del SEBIN de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. A pesar de los múltiples recursos judiciales y a través de la Defensoría del Pueblo, que se han intentado, José Vicente sigue privado de libertad en la sede del SEBIN El Helicoide en la ciudad de Caracas.

 Amnistía Internacional conoció de otro caso de 14 personas pertenecientes a la Policía Municipal de Chacao, en el estado Miranda, en la ciudad de Caracas, que en fecha 20 de junio fueron referidos por un alto funcionario del SEBIN como responsables del asesinato del periodista Ricardo Durán, simpatizante del oficialismo.

De acuerdo a la denuncia de su abogada, 13 funcionarios de este cuerpo de seguridad municipal se pusieron a disposición de la Fiscalía 36 con competencia a nivel nacional. El día 22 de junio de 2016 fueron imputados por facilitar un homicidio intencional calificado. Sin embargo, el 8 de agosto de 2016 la Fiscalía solicitó que se impusiera una medida cautelar sustitutiva de la detención, la cual fue otorgada por el juez. Esta orden judicial de liberación ha sido trasladada en múltiples ocasiones a la sede del SEBIN El Helicoide y, sin embargo, de acuerdo al acta levantada por el Alguacil del tribunal, los funcionarios del Servicio de Inteligencia se han negado a recibirla en virtud de que “no tienen orden de sus superiores para ello”.

De acuerdo al Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión, la persona detenida puede impugnar su detención en cualquier momento, y si ésta fuese determinada como carente de base jurídica debe obtener la liberación de manera inmediata.

El mantenimiento de personas detenidas a pesar que existe una orden directa de los juzgados para que se liberen, es una señal inequívoca y altamente preocupante de la detención arbitraria por parte del SEBIN en casos que tienen algún componente político. Además, la privación preventiva de la libertad no puede suponer una condena anticipada. Toda persona detenida por una acusación penal tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a quedar en libertad en espera de juicio.

 

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