Falta de independencia de los operadores de justicia y fallas en la administración de justicia de Venezuela #SilenciadxsALaFuerza

Entre las violaciones al debido proceso legal que la organización ha podido comprobar se encuentran aquellas que se relacionan con la falta de independencia de los operadores de justicia. Ello se refleja en el desconocimiento del principio de presunción de inocencia que debe regir en cualquier proceso penal y en la ausencia de imparcialidad de jueces y fiscales, lo que conlleva un juicio injusto para la persona que ha sido detenida. Esto se evidencia claramente en la actuación de los tribunales de justicia y fiscales del Ministerio Público, como por ejemplo el cese del funcionamiento de las actividades regulares del tribunal a cargo de la causa; la práctica de detenciones ocurridas después de alocuciones de altos funcionarios del gobierno venezolano que señalen la autoría de algún delito; la falta de motivación de algunas medidas como traslados y prisiones preventivas, entre otros varios.

El 21 de marzo de 2014 Raúl Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Antonio Tirado Lara, jóvenes venezolanos, fueron detenidos por la Policía del Estado Aragua en las inmediaciones de un recinto ferial en la ciudad de Maracay, de ese mismo estado del centro del país. Ellos realizaban una protesta pacífica en la que –con una cadena humana- protestaban por la realización de las ferias de San José, durante un momento de alta conflictividad social y política que había cobrado la vida de muchos venezolanos.

Alexander Antonio Tirado Lara fue detenido cuando se encontraba hablando por un megáfono, junto a un adolescente que fotografiaba la protesta pacífica. Raúl Emilio Baduel Cafarelli se encontraba sentado en el suelo a un lado de la vía sin interrumpir el tráfico vehicular, con una cruz de madera en sus manos en compañía de un grupo de personas que fueron liberadas posteriormente. A pesar que existen videos de las detenciones, y múltiples testigos que pueden dar fe de que la protesta se desarrollaba de forma pacífica, Baduel y Tirado fueron condenados por los delitos de instigación pública, intimidación pública con artefactos explosivos y agavillamiento (asociación para delinquir).

 Entre las arbitrariedades cometidas en su procesamiento y sentencia, se encuentra la exclusión injustificada de pruebas, como los videos presentados en los que se evidencia el carácter pacífico de la protesta, y la falta de motivación al basar la condena en la existencia de un megáfono como señal de que se encontraban en el lugar con objetos que podrían poner en peligro la tranquilidad pública.

Además, hubo obstaculización para el ejercicio de la defensa, como la negativa a obtener las copias en las primeras actuaciones de los abogados defensores, y la negativa de grabar video de las audiencias que se celebraron, a pesar de que es un requisito legal.

 Por si fuera poco, Baduel y Tirado han denunciado en múltiples ocasiones que fueron sometidos a torturas y malos tratos durante su detención preventiva. Específicamente, relatan que fueron golpeados por funcionarios policiales y trasladados en múltiples ocasiones sin autorización judicial. Posteriormente, fueron recluidos en la cárcel de Uribana, en la que sufrieron distintos vejámenes, a saber: se les arrojó a la celda bombas lacrimógenas en algunas ocasiones, además se les daba comida caliente en las manos para que se les cayera al suelo, en el que además caían residuos de aguas negras que entraban a la celda en la que se encontraban.

También han denunciado ante las autoridades el sometimiento a música proselitista durante las noches, y la orden de los custodios de acostarse en el suelo de asfalto caliente, episodio en el que relatan haber sufrido quemaduras en sus partes genitales. No obstante, sus abogados denuncian constantemente que no hay investigación sobre estos hechos en la Fiscalía.

Distintos organismos internacionales se han pronunciado sobre la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación al constatar que alrededor del 65% de los jueces y juezas en funciones en Venezuela se encuentran en situación provisional y por lo tanto hay un riesgo alto de ser sometidos a presiones. Esto compromete seriamente la imparcialidad del sistema de justicia y ha tenido impacto directo en casos como el de Baduel y Tirado, que ha traído como consecuencia la omisión de investigar las denuncias de tortura y malos tratos durante su detención, así como las otras arbitrariedades que tuvieron como consecuencia la condena a 8 años de prisión.

Villca Fernández es un joven venezolano estudiante, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), en el estado Mérida, Venezuela y candidato a diputado para la Asamblea Legislativa en el año 2015. Villca ha sido activista estudiantil durante años y ha conocido la represión por parte de las fuerzas estatales. Así, en el año 2010, recibió el impacto de 65 perdigones cuando ejercía su derecho a la protesta pacífica por el aumento del pasaje estudiantil. No obstante, Villca continuó en el activismo universitario y fue en múltiples ocasiones señalado en programas de televisión como terrorista o conspirador por distintas autoridades nacionales.

En fecha 27 de enero de 2016 Villca fue nombrado por una alta autoridad del partido de gobierno en un programa en la televisión oficial del Estado, señalándolo como parte de una conspiración para desestabilizar la seguridad de la Nación. El 31 de enero de 2016, el estudiante replicó a las acusaciones que se le hacían en dicha alocución a través de un mensaje en twitter citando al conductor del programa como destinatario del mensaje y expresando “tienes los días contados en el poder y tienes muchas cuentas pendientes con la justicia… No te tengo miedo”.

Ese mismo día, oficiales del SEBIN detuvieron a Villca Fernández en la vía pública, y fue trasladado a la ciudad de Caracas a la sede del SEBIN, donde después fue presentado ante el juez para imputarle los delitos de instigación al odio y divulgación de información falsa. A la fecha, sigue detenido esperando su juicio.

Las preocupaciones de Amnistía Internacional en lo que respecta a las garantías a un debido proceso también se reflejan en la injerencia indebida que han tenido autoridades del Estado venezolano en la detención y procesamiento de disidentes políticos y críticos a las políticas gubernamentales.

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