Myanmar: Dos años después del éxodo de la población rohingya, el ejército goza de impunidad suprema

Ahora que la amenaza de la devolución a Myanmar se cierne de nuevo sobre las personas rohingyas refugiadas en Bangladesh, Amnistía Internacional ha advertido de que el estado de Rajine sigue siendo inseguro, mientras los responsables de las atrocidades continúan eludiendo la justicia.

Este domingo se conmemora el segundo aniversario desde que el ejército de Myanmar lanzó operaciones en el estado de Rajine que obligaron a más de 740.000 mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas huir de sus casas y poblados. La brutal campaña se caracterizó por las atrocidades generalizadas, que un equipo de investigación de la ONU ha declarado que constituyen crímenes de lesa humanidad y probablemente genocidio.

A pesar de la indignación internacional y de la adopción de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para pedir que se rindan cuentas en Myanmar, los generales que supervisaron los ataques contra la población rohingya siguen en sus puestos. En enero de 2019, Amnistía Internacional documentó los nuevos crímenes de guerra cometidos por los militares durante el conflicto con el Ejército de Arakán en Rajine.

“La reciente propuesta de Bangladesh y Myanmar de repatriar a miles de rohingyas ha desatado un miedo generalizado en los campos de personas refugiadas. Estas personas tienen aún muy reciente el recuerdo de los asesinatos, las violaciones y los poblados incendiados. Mientras en Myanmar el ejército sigue siendo tan poderoso y tan despiadado como siempre, el retorno a Rajine continúa siendo inseguro para cualquiera”, ha manifestado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sudeste Asiático.

“Este sombrío aniversario es un duro recordatorio de la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de apoyar a los y las supervivientes y llevar ante la justicia a los responsables de atrocidades masivas. El Consejo de Seguridad debe remitir con carácter urgente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional, e imponer un embargo total de armas".

Una pesadilla a ambos lados de la frontera

A la población rohingya se le siguen negando sus derechos en los dos lados de la frontera entre Myanmar y Bangladesh. En Myanmar, cientos de miles de rohingyas viven bajo un  sistema de apartheid, confinadas en campos superpoblados y pueblos “prisión” en los que se les niega la libertad de circulación y se les limita seriamente el acceso a escuelas y atención médica.

El ejército controla estrictamente el acceso al estado de Rajine, lo que significa que resultará sumamente difícil ejercer una supervisión internacional sobre cualquier personas que regrese. Durante los dos últimos meses, las autoridades han impuesto un bloqueo de las telecomunicaciones en el norte y el centro del estado de Rajine, lo cual ha aislado esas zonas aún más.

La purga asesina que el ejército realizó en cientos de poblados rohingya del norte del estado de Rajine a finales de 2017 mató al menos a 10.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas, según estimaciones de una misión de investigación de la ONU, y obligó a más de 740.000 a huir al otro lado de la frontera con Bangladesh, donde permanecen hoy día. Un informe publicado por Amnistía Internacional en junio de 2018 daba los nombres de 13 miembros de las fuerzas de seguridad —a lo largo de la cadena de mando del general jefe Min Aung Hlaing— que deberían ser investigados y enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. La Unión Europea ha impuesto sanciones selectivas a 11 de los 13 militares señalados en ese informe.

En mayo de 2019, Amnistía Internacional documentó la manera en que el ejército de Myanmar había lanzado nuevas operaciones en el estado de Rajine, tras unos ataques coordinados contra puestos de la policía por parte del Ejército de Arakán, un grupo armado de etnia rajine. La respuesta militar ha incluido ataques ilegítimos que han matado o herido a civiles, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y desapariciones forzadas. Muchas de estas violaciones del derecho internacional constituyeron crímenes de guerra.

En Bangladesh, más de 910.000 personas rohingyas, entre ellas algunas que huyeron de las oleadas anteriores de violencia, viven en campos de refugiados en los que a menudo se les niegan derechos fundamentales. El gobierno bangladeshí les impone severas restricciones: no pueden trabajar ni circular libremente, y sus niños y niñas no pueden asistir a la escuela.

Desde que se firmó un acuerdo de repatriación en noviembre de 2017, los gobiernos de Bangladesh y Myanmar han anunciado sus planes de empezar a devolver a personas refugiadas rohingyas a Myanmar. En noviembre de 2018 los planes de repatriación se cancelaron a causa de la indignación internacional por la falta de consulta con la población rohingya y la falta de garantías, por parte de Myanmar, de que el entorno para regresar era seguro.

El 15 de agosto, los dos gobiernos volvieron a anunciar planes de repatriación, y dijeron que habían acordado el retorno de una lista de 3.540 personas rohingyas refugiadas. Las autoridades de Bangladesh han declarado que sólo se llevarán a cabo retornos si son seguros, voluntarios y dignos pero, una vez más, a la población rohingya no se le ha consultado adecuadamente. Además, el hecho de que las autoridades de Myanmar no garanticen que se rendirán cuentas por los atroces crímenes y que se desmantelará el sistema de apartheid significa que la situación excluye un retorno seguro y digno.

“Para la población rohingya que permanece en él, el estado de Rajine no es más que una prisión al aire libre. Las autoridades de Myanmar no han hecho prácticamente nada para corregir la situación y, de hecho, siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad¡. Los donantes internacionales, incluidos los gobiernos regionales, deben garantizar que no facilitan la continuación de los crímenes, y en lugar de eso deben presionar a Myanmar para que restaure los derechos de la población rohingya, incluidos los derechos de ciudadanía”, ha manifestado Nicholas Bequelin.

“Mientras tanto, la comunidad internacional debe trabajar con Bangladesh para ayudar a las personas refugiadas rohingyas con el fin de que rehagan sus vidas dignamente. No deben tomarse decisiones sobre el futuro de la población rohingya sin consultar adecuadamente a la propia población".

La comunidad internacional sigue fallando a la población rohingya, y sigue sin garantizar justicia

El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución para crear un mecanismo de rendición de cuentas con el que recopilar y preservar pruebas de crímenes de derecho internacional en Myanmar. Otros esfuerzos de rendición de cuentas han incluido sanciones específicas contra militares por parte de varios Estados y de la Unión Europea, y una petición de la fiscal de la Corte Penal Internacional para que abra una investigación sobre delitos bajo la jurisdicción de la Corte cometidos contra la población rohingya desde octubre de 2016.

Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por estas medidas encaminadas a hacer que se rindan cuentas, pero sigue pidiendo que la situación de Myanmar se remita a la Corte Penal Internacional, incluidas todas las atrocidades cometidas contra la población rohingya, así como los crímenes de guerra que se están cometiendo contra minorías étnicas en los estados de Kachin, Rajine y Shan

“La situación para la población rohingya y otras minorías étnicas perseguidas de Myanmar nunca mejorará hasta que el ejército de Myanmar se enfrente a la justicia por sus atroces crímenes”, ha manifestado Nicholas Bequelin.

“La respuesta humanitaria para ayudar a la población rohingya a reconstruir sus vidas debe ir de la mano con una firme búsqueda de la rendición de cuentas. La comunidad internacional ha fallado repetidamente a la población rohingya en el pasado; no debe volverlo a hacer".