Egipto: Defensor de los derechos humanos detenido en relación con nueva causa

El 2 de enero de 2021, Ibrahim Ezz el-Din compareció ante la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado para que ser objeto de investigación, imputado en una nueva causa (Nº 1018/2020) por cargos infundados de “pertenencia a un grupo terrorista”. El 27 de diciembre de 2020, el Tribunal de lo Penal de El Cairo había ordenado su puesta en libertad en relación con una causa previa, después de 13 meses de detención arbitraria en espera de juicio. Al día siguiente fue trasladado a la comisaría de policía de Samanoud, en la gobernación de su residencia, como medida previa a su liberación.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Fiscal General de Egipto

Public Prosecutor Hamada al-Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al-Rehab Cairo, República Árabe de Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptJustice

Señor Fiscal General:

Ibrahim Ezz el-Din, investigador de derechos humanos, detenido arbitrariamente desde junio de 2019, compareció ante la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado (SSSP) el 2 de enero de 2021, apenas cinco días después de que el Tribunal de lo Penal de El Cairo ordenara su puesta en libertad condicional en relación con la causa Nº 488/2019. Actualmente está siendo investigado en una nueva causa (Nº 1018/2020) por cargos similares e igualmente infundados de “pertenencia a un grupo terrorista”. El proceso incoado contra Ibrahim carece de toda garantía, ya que no se le han concedido ni el derecho a impugnar efectivamente la legalidad de su detención ni el derecho a una defensa adecuada. Aunque los abogados de Ibrahim estuvieron presentes, no se les permitió examinar los expedientes de la causa, en particular un informe preparado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), fuerza policial especializada, que se utilizó como única prueba contra él. La SSSP ordenó su detención en relación con la nueva causa, durante 15 días. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Liman Tora.

Cuando el 27 de diciembre de 2020 el Tribunal de lo Penal de El Cairo ordenó la puesta en libertad condicional de Ibrahim, este fue trasladado a la comisaría de Samanoud, en la gobernación de su residencia, procedimiento que generalmente precede a la puesta en libertad. Ibrahim permaneció detenido en espera de la autorización de la NSA pero, en vez de eso, fue llevado para ser interrogado ante la SSSP.

Según fuentes informadas, Ibrahim padece inflamación de las vértebras lumbares (parte inferior de la espalda), alergias crónicas y una infección por hongos de la lengua, causada por las malas condiciones de reclusión. Según profesionales médicos que conocen su caso, las torturas que sufrió durante su desaparición forzada (durante 167 días, del 11 de junio hasta el 26 de noviembre de 2019), sumada al hecho de que las autoridades de la prisión de investigación de Tora le denegasen la atención médica adecuada, podría ser la causa de su depresión. En 2020 intentó suicidarse dos veces.

Amnistía Internacional considera a Ibrahim Ezz el-Din preso de conciencia, detenido únicamente por su trabajo pacífico de derechos humanos.

Lo insto a dejar a Ibrahim Ezz El-Din en libertad de inmediato y sin condiciones, dado que su detención se debe únicamente a su trabajo pacífico de derechos humanos. Le pido que, hasta que sea puesto en libertad, garantice que tiene a acceso a servicios de salud adecuados, incluida atención psiquiátrica si es necesario.

Lo insto también que inicie una investigación sobre su desaparición forzada y su presunta tortura para que los presuntos responsables sean llevados ante la justicia a fin de ser sometidos a un juicio justo y en el que no se recurra a la pena de muerte.

Atentamente,

 

Información complementaria

Ibrahim es investigador de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, donde trabaja sobre el derecho a la vivienda. El 11 de junio de 2019 por la noche, unos policías vestidos de civil lo detuvieron en la calle cerca de su casa, en El Cairo. Las autoridades los sometieron a desaparición forzada al ocultar su suerte y paradero durante 167 días y negaron a sus familiares y sus abogados tenerlo bajo custodia. El 26 de noviembre de 2019, lo llevaron ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado.

Según su abogado, parecía encontrarse débil físicamente y había perdido mucho peso. Ibrahim dijo al fiscal que lo habían torturado mientras se encontraba recluido en régimen de incomunicación para que diera información sobre su relación con la

Comisión de Derechos y Libertades y el trabajo en ésta. Explicó también que había estado recluido en condiciones inhumanas y degradantes en dependencias de varios servicios de seguridad.

En los últimos meses, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado ha venido cada vez más haciendo caso omiso de las decisiones de tribunales y fiscalías de dejar en libertad a personas sometidas a detención prolongada en espera de juicio y han dictado nuevas órdenes de detención contra ellas para que se investiguen cargos similares en casos separados, lo que de hecho permite su detención indefinida sin cargos ni juicio. Esta práctica, comúnmente denominada “reciclaje”, se ha utilizado contra varios activistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos Mahienour el-Masry, Solafa Magdy, Esraa Abdelfattah, Alaa Abdel Fattah y Mohamed el-Baqer.

En abril de 2020 lo llevaron al hospital de la prisión, pero las autoridades penitenciarias no facilitaron su historial médico a su familia, que no puede por tanto consultar con un médico privado para que le prescriba la dosis apropiada de medicación. El hospital de la prisión no tiene equipos de rayos X, necesarios para diagnosticar su dolor de espalda. De acuerdo con la lista de grupos vulnerables de la Organización Mundial de la Salud, debido a su mala salud, Ibrahim corre especial riesgo de sufrir los efectos de enfermedades víricas como la COVID-19, especialmente porque padece alergias crónicas que causan dificultades respiratorias.

Ibrahim es la quinta persona afiliada a la Comisión de Derechos y Libertades que es detenida desde 2016. Previamente, el 13 de mayo de 2019, había sido detenido Haytham Mohamdeen, abogado de derechos humanos que trabaja también para la

Comisión, por cargos falsos de “ayuda a un grupo terrorista”. Asimismo, en mayo de 2018, las fuerzas de seguridad egipcias habían detenido a Amal Fathy, defensora de los derechos humanos y esposa del director ejecutivo de la Comisión y ex investigador de Amnistía Internacional Mohamed Lotfy, por un vídeo donde criticaba a las autoridades por no ocuparse del acoso sexual incontrolado. La dejaron en libertad condicional en diciembre de 2018 y dictaron su arresto domiciliario hasta el 14 de marzo de 2020, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado levantó las medidas cautelares a que estaba sometida. En 2016, las autoridades detuvieron también a la directora del Programa para Minorías de la Comisión, Mina Thabet, y al presidente de su junta directiva, Ahmed Abdallah, que quedaron luego en libertad sin cargos.

Debido a su detención, Ibrahim Ezz El-Din no ha podido defender la tesis del máster que estaba cursando, que tenía previsto presentar en diciembre de 2019. Aunque su abogado consiguió que le permitieran recibir libros en la prisión, las autoridades penitenciarias le impidieron preparar la tesis. Sólo se le permite recibir una visita de 10 minutos de duración al mes. También recibe paquetes con comida y medicinas una vez a la semana.

La detención de Ibrahim se produjo en medio de una crisis de derechos humanos existente en Egipto, que se ha caracterizado por la represión de la sociedad civil egipcia y la detención de centenares de personas debido a su trabajo en favor de los derechos humanos o al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica. Muchas de las personas detenidas fueron secuestradas y sometidas a desaparición forzada antes de que se presentaran contra ellas cargos infundados de “terrorismo” y quedaran recluidas en régimen de incomunicación durante meses, e incluso años, sin juicio.

Amnistía Internacional ha documentado el uso que hacen las fuerzas de seguridad egipcias de las desapariciones forzadas como instrumento contra activistas políticos y manifestantes (véase www.amnesty.org/es/documents/mde12/4368/2016/es/).

Centenares de personas sometidas a desaparición forzada han sido detenidas arbitrariamente y recluidas en régimen de incomunicación en centros de detención secreta, sin acceso a abogados ni a sus familias y sin supervisión judicial externa. La

Comisión de Derechos y Libertades de Egipto es una de las principales ONG egipcias que trabajan ampliamente sobre la cuestión de las desapariciones forzadas.

Pueden escribir llamamientos en: Árabe o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 5 de marzo de 2021.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Ibrahim Ezz el-Din (él)

Enlace a la AAUU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/3309/2020/es/