Hoy, Día Internacional de la Madre Tierra, entendamos que es responsabilidad colectiva fomentar la armonía con la naturaleza y la tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales. “Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes y Estados del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan”.

Si bien es cierto que la economía de un país depende de recursos propios y diversos trabajos, parece ser que muchas veces los Estados toman la minería como principal potencia de surgimiento a nivel económico, por lo que realizan trabajos, sin estudios previos de las zonas, para extraer la bauxita, cobre, diamante u oro afectando así a las comunidades y sus tierras.

En este sentido, el caso de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) representa una extensión de terreno de aproximadamente 112 mil Km2 (12,2% del territorio nacional, el equivalente al tamaño de toda Honduras y mucho más grande que Portugal o Panamá) ubicada al margen sur del mencionado río, con pretensiones de ser cedida a grandes trasnacionales para su explotación. La ingeniera Yezenia Frontado, activista de la organización no gubernamental VITALIS, señala que en este caso en particular “no existe evidencia de la realización de estudios de impacto ambiental o sociocultural en la zona”; asimismo, resalta que a pesar de que la ley no ha sido aprobada, del Arco minero ya se ha obtenido cierto volumen de peso en oro, eso quiere decir que la explotación ya empezó. “Habría que evaluar si los beneficios económicos no va en contra de los beneficios ambientales, socioambientales y sociales por los impactos que pueda estar teniendo esta explotación a nivel ambiental”, dijo.

Un respiro para la economía que podría salir muy caro

La directora de investigación y desarrollo de Provita, Tina Oliveira, señala que la explotación del AMO, en los términos que están planteados, tiene terribles implicaciones debido a su gran extensión, pues lleva consigo cambios en la cobertura vegetal, es decir, deforestación y eliminación de otros ecosistemas no boscosos, cambios en el curso de los ríos, así como en su calidad del agua, aumento de las emisiones de contaminantes para la atmósfera, el agua, el suelo y el subsuelo, contaminación de las especies y su extinción. Todo ello repercutirá negativamente en la economía y recursos del país, que ya ha vivido las graves consecuencias de la sequía –traducida en falta de agua y dramáticos cortes eléctricos –, fenómeno que se acrecienta con la deforestación y que por tanto puede llegar a tener dimensiones catastróficas.

La contaminación de la fauna también debe tenerse en cuenta. Uno de los problemas asociados, en particular, con la minería de oro es que emplea mercurio o cianuro. “El primero tiene impacto directo sobre las poblaciones humanas y el ambiente. El segundo, podría parecer menos tóxico, pero hace apenas unos meses, en Brasil, se tuvo la experiencia más reciente con lagunas de oxidación de cianuro que, por falta de mantenimiento, cedieron, de modo que el cianuro llegó al río y generó la muerte casi instantánea de toda la vida contenida en él”. Yezenia Frontado agrega que los peces que terminan consumiendo estos contaminantes pasan a formar parte de la cadena alimentaria llegando a los seres humanos con consecuencias como enfermedades “que pueden llegar a ser graves y mortales”.

Por lo tanto, el fin de un sistema “económico-productivo, diversificado e integrado funcional” –como dice el decreto –por medio de la minería es poco probable, dado que no están claros los procesos de consulta, evaluación y selección de empresas, al igual que de integración con el contexto socioambiental de la región, señala Oliveira.

"Se desconocen cómo se llevará a cabo ese proceso de integración armoniosa de estas actividades, las comunidades humanas y el ambiente; tampoco están claros los procesos que permitirán asegurar el uso transparente de los recursos generados y evitar la corrupción altamente reseñada e incluso reconocida en el ámbito gubernamental del país", destaca la directora.

Derecho humano de los pueblos indígenas a la consulta, obviado

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las actividades de extracción representan quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. En este sentido, la legislación venezolana, en concordancia con el derecho internacional, exige previa información, consulta y consentimiento de las comunidades ante trabajos mineros que puedan alterar su desarrollo integral, bien sea en recursos, alimentación o ambiente. Incluso, según Oliveria, se plantea la retribución monetaria a las comunidades.

“Desde el punto de vista de los derechos de los pueblos originarios, como también se les nombra en algunos documentos, la declaración de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viola y desconoce derechos reconocidos en nuestra legislación”, señala, puesto que no se llevó a cabo una consulta real a los habitantes de la zona en la que verdaderamente se les explicase en qué consiste el mega proyecto minero que se está desarrollando ni se les involucró en ninguna parte de la toma real de decisiones.

En relación a esto, Frontado recalca la violación e irrespeto al sano ambiente en la vida de las comunidades, dado que el mismo les proporciona una serie de bienes y servicios ambientales como lo son la provisión de agua, alimento, oxígeno, árboles y plantas que les proporcionan, comida, sombra e incluso medicinas. “Las casas de muchas de estas comunidades son construidas gracias a las bondades de la naturaleza, los animales y su biodiversidad se mantienen gracias a la protección que les brinda el entorno y además, esas comunidades hacen ancestralmente un uso sustentable de los recursos”, dijo.

Oliveira agrega que no es posible pensar en extracción minera sin impacto sobre las comunidades que viven en la zona. En todo caso, indica que lo que podría hacerse es reducir y en algunos casos, mitigar, los efectos negativos que, de acuerdo a la experiencia mundial, son muchísimos.

También señala que la entrada de mineros en territorios indígenas genera problemas sociales debido a la introducción de violencia y enfermedades, especialmente en el caso de la minería ilegal, ya que en muchos casos los mineros están armados y se generan enfrentamientos con las comunidades indígenas por el control de sus territorios o bien por la esclavización de integrantes de las mismas para actividades mineras.

Ante la situación, la recomendación de las expertas se centra en iniciar un proceso de consulta con las comunidades indígenas, expertos y con la sociedad civil venezolana en general, al igual que en la necesidad de racionalizar las actividades mineras en el país. Sin embargo, según el último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional en su capítulo dedicado a Venezuela, en el país no hay disposiciones legales que garanticen y regulen la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afecten a sus medios de vida.

La sobrevivencia de los pueblos indígenas está estrechamente ligada a la conservación del medio ambiente.

Defensa en  conjunto

La ingeniera Frontado comenta que el hecho de que existan Organizaciones No Gubernamentales que se enfocan en distintos puntos como el agua, el bosque, la biodiversidad, entre otros, permite que se comparta y unifique información sobre el tema con la finalidad de generar comunicados para exigir derechos o reclamar delitos ambientales. “En conjunto hemos realizado comunicados internacionales para lograr mayor difusión, sin duda es un trabajo en equipo”.

También señala que las ONG han sido una ventana y voz muy importante para la población, pues muchas personas, a pesar de ser de la zona se sienten ajenas a la situación, dado que asumen que como el Estado toma la decisión, no hay nada que reclamar o defender.  

Otros derechos humanos violentados a través del decreto del Arco Minero

Oliveira señala que la declaración del AMO desconoce derechos no solo de los pueblos indígenas, sino de los trabajadores y trabajadoras que participan en las actividades de minería, así como de la comunidad en general y de defensores y defensoras de derechos humanos, contraviniendo múltiples leyes nacionales e internacionales. Específicamente, el decreto del Arco Minero en su artículo 25 prohíbe y penaliza el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, al establecer que “…ningún interés particular, gremial, sindical, de asociación o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto…”. Esto trasgrede lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a libertad sindical, y a los artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela.

Hoy, Día Internacional de la Madre Tierra, entendamos que es responsabilidad colectiva fomentar la armonía con la naturaleza y la tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales. “Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes y Estados del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan”.

Es indispensable recordar que la salud de los ecosistemas y de sus habitantes, sean animales, plantas o seres humanos, así como los derechos humanos, siempre debe ser más importante que los intereses económicos a corto plazo. Venezuela tiene muchos otros potenciales que pueden ser explotados más allá de la minería, como el turismo, para colaborar con nuestra economía de una manera sustentable que garantice el bienestar en los años venideros.