Lunes, 15 de mayo, 2017

El marco político, social y económico en el que se desarrolló América del Sur el año pasado estuvo marcado por una creciente participación de trasnacionales ejerciendo su influencia en aras de tender nexos con los gobiernos de la región que permitieran realizar actividades de extracción y otras relacionadas con la apropiación de tierras y de recursos naturales, principalmente territorios pertenecientes a pueblos indígenas, otras minorías étnicas y comunidades campesinas


Es preocupante como violaciones de derechos humanos producto de estas situaciones se presentaron a lo largo y ancho de la región:

En Argentina los pueblos indígenas denunciaron más de 200 casos de violaciones de sus derechos humanos relacionados con la tierra, la  participación y la consulta, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia, entre  otros.  Solo a unos cuantos kilometros, en Chile, el Congreso creó una comisión para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por los conflictos de tierras que implicaban al pueblo mapuche. Paradójicamente, la comisión se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuches como forma de protesta, obviando investigar los constantes abusos de fuerza y detenciones realizados por los cuerpos policiales, por no ser parte del ámbito de competencia de la Comisión.

En esta tónica, en Brasil peligraba gravemente la supervivencia de la comunidad guaraní-kaiowá de Apika´y en el estado de Mato Grosso do Sul. En julio del año pasado, esta comunidad fue desalojada a la fuerza de sus tierras ancestrales.  Esto se realizó sin haber sido consultados ni ubicado opciones para una reubicación. A pesar de que había recibido notificación del desalojo, no había sido consultada ni se le habían dado opciones de reubicación. Las familias de Apika´y quedaron viviendo en los márgenes de una autopista, con acceso limitado a agua y alimentos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de las comunidades ayoreo totobiegosode que vivían en aislamiento voluntario, y pidió a Paraguay que las protegiera frente a terceros que intentaban acceder a sus tierras ancestrales. L a comunidad yakye axa seguía sin poder acceder a sus tierras a pesar de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al gobierno construir una vía de acceso. El CERD pidió a Paraguay que redoblara sus esfuerzos para cumplir efectivamente la sentencia de la Corte. El caso relativo a la propiedad de las tierras expropiadas a la comunidad sawhoyamaxa seguía pendiente al terminar el año.

Por otra parte, en Bolivia varios líderes de pueblos  indígenas amazónicos y el Centro de  Documentación e Información Bolivia  (CEDIB) denunciaron que no se estaba  garantizando el consentimiento libre, previo e  informado para proyectos de prospecciones  petrolíferas en territorios indígenas. Asimismo, en Venezuela la aprobación para la puesta en marcha de proyectos se concedía sin consultar con las comunidades indígenas de la zona ni obtener su consentimiento libre, previo e informado siendo la región meridional de Venezuela conocida como el Arco Minero el lugar donde se presentan las mayores violaciones debido a que allí se realizan los proyectos más grandes.

En Colombia, la actuación legislativa estuvo orientada a producir instrumentos normativos que condicionaban gravemente el derecho de los pueblos indígenas. Así, podemos ver  que la Corte Constitucional del mencionado Estado se vio en la obligación de decretar la inconstitucionalidad de la legislación que estipulaba que no se aceptarían reclamaciones de restitución de tierras en las áreas denominadas Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES). Por otro lado, en Perú aún existen situaciones de impunidad pues no se ha procesado a ninguno de los funcionarios responsables en la escalada del conflicto  en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que habían tenido lugar en 2009.

Ecuador también incurrió en estas prácticas al realizar una serie de actos de violencia y hostigamiento a través de las autoridades contra el pueblo indígena shuar por su oposición a un proyecto minero en Morona Santiago, el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona y detuvo al presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, Agustín Wachapá.

Urge que países de América del Sur se comprometan a poner fin estas prácticas y a cumplir los pactos internacionales en materia de derechos indígenas, a volver realidad los derechos y las garantías establecidas en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

Foto: ShutterStock/Filipe Frazao