Miércoles, 12 de julio, 2017

En los últimos 10 años Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos donde los ataques, las amenazas, la privación de libertad y los asesinatos configuran la terrible realidad que han sufrido y continúan sufriendo algunxs defensorxs venezolanxs.


Ser defensora o defensor de los derechos humanos es una ocupación que últimamente es considerada como una de las más peligrosas del mundo. Las personas que se dedican a esta importante labor en Venezuela tampoco gozan de las garantías suficientes para resguardar su seguridad personal ni se les brinda las herramientas necesarias para que puedan luchar por el respeto de sus propios derechos ni el de los demás.

En los últimos 10 años Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos donde los ataques, las amenazas, la privación de libertad y los asesinatos configuran la terrible realidad que han sufrido y continúan sufriendo algunxs defensorxs venezolanxs.

Revisemos en orden cronológico estos hechos ante los que Amnistía Internacional Venezuela ha tenido que movilizar a través de acciones urgentes a su activismo mundial con el fin de que el Estado brinde protección y justicia a defensorxs atacadxs de alguna manera:

Mayo de 2010: Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, sufrió intimidación y recibió amenazas de una posible detención arbitraria tras haber acusado a altos mandos de las fuerzas armadas de violar la Constitución a través de medios de comunicación.

Dos hombres no identificados la siguieron el 7 de marzo, en un auto sin distintivos, mientras conducía por las afueras de Caracas acompañada de su hija de 11 años. El 8 de mayo, una fuente de confianza le dijo que se había presentado una orden de detención en su contra. El 13 de mayo, otra fuente le dijo que su detención era inminente y que podía ser acusada de intentar subvertir el orden constitucional.

Junio de 2012: La activista del Observatorio Venezolano de Prisiones, Marianela Sánchez Ortiz, fue amenazada a causa de su trabajo examinando prisiones. Su esposo, Hernán Antonio Bolívar, fue secuestrado el 30 de mayo cuando iba a entrar en su automóvil, dos hombres le dijeron que aconsejara a su esposa que dejara de quejarse por las condiciones en las cárceles y de criticar al gobierno.

El 12 de abril de 2013, Marianela Sánchez Ortiz recibió una carta en la que le advertían que dejara de trabajar con el OVP y con Humberto Prado, y le decían que ella y su familia estaban siendo vigilados.

Marzo 2013: Rayma Suprani, ilustradora y periodista del diario El Universal, sufrió amenazas e insultos a través de teléfonos móviles y redes sociales. El ataque empezó el 18 de marzo, cuando recibió un aluvión de mensajes de texto y voz de al menos 30 números diferentes de teléfono móvil. Rayma Suprani creyó que estas amenazas se trataban de un ataque coordinado debido a su trabajo como ilustradora política y periodista de un medio crítico para el gobierno de turno.

Agosto de 2013: Víctor Martínez, defensor de los derechos humanos, denunció que tanto él como su familia corrían peligro, después de saberse que los dos hombres apresados por el asesinato de su hijo, Mijail Martínez, estaban libres.

Mijail Martínez era productor audiovisual y documentaba casos de abusos contra derechos humanos para el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado de Lara (COVICIL). Murió por disparos el 26 de noviembre de 2009, mientras trabajaba en un documental sobre personas que habían sufrido violaciones de derechos humanos a manos de la policía. Ambos asesinos fueron arrestados en 2011, pero uno de ellos escapó en julio de ese año, y el otro quedó en libertad bajo fianza en agosto.

Septiembre de 2013: Luis Rafael Escobar Ugas, activista de derechos humanos, fue detenido desde marzo por participar en una protesta con un grupo de residentes que reclamaban viviendas adecuadas. Durante su custodia, los agentes lo sacaron de su calabozo, lo colgaron por las muñecas y lo golpearon. Al día siguiente compareció ante un juez de Barcelona, que lo acusó de “resistencia a la autoridad” y “perturbación pacífica a la posesión”.

El juez ordenó que permaneciera bajo custodia hasta que se celebrara su juicio, a pesar de que se encontraba en mal estado de salud. Escobar Ugas declaró que, en julio, otro detenido lo había atacado con un cuchillo y le hizo un corte en un brazo, también denunció extorsión por parte de la policía local.

Septiembre de 2014: Beatriz Adriana Guzmán Barrios denunció que siete individuos vestidos de civil y con placas de policía irrumpieron en su casa sin orden judicial la noche del 17 de septiembre. Su esposo, Dany Rafael Bolívar Montevideo, fue puesto bajo custodia policial sin orden judicial de detención. Fue puesto en libertad al cabo de unas horas, pero los policías le dijeron que "la próxima vez lo pasaría bien mal".

El 11 de marzo, Beatriz Adriana fue amenazada a punta de pistola por dos personas que buscaban a su hermano. La familia Barrios había recibido nuevas amenazas a pesar de que debería estar gozando de protección, según ordenó la Corte Interamericana. Diez miembros de la familia han sido asesinados desde 1998 en circunstancias que sugieren que la policía estuvo implicada.

Octubre de 2014: Omar Ernesto Silva Martínez, abogado que colaboraba con la organización Foro Penal Venezolano, denunció que desde el 11 de septiembre había recibido siete llamadas telefónicas amenazadoras y había sido sometido a vigilancia por miembros de los servicios de inteligencia. Silva aseguró que estas llamadas amenazadoras y esta vigilancia estaban relacionadas con su trabajo como abogado defensor.

Noviembre de 2014: El 17 de octubre, Luis Uzcátegui del Comité Pro Defensa de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Ciudadano Público (COPROVIDH), fue interceptado cerca de su casa por cuatro personas, entre ellas, dos agentes de la policía estatal de Falcón. Estas cuatro personas le propinaron una brutal paliza y lo amenazaron. A consecuencia de la agresión, Luis Uzcátegui perdió un molar, sufrió hematomas y presentó dificultades para respirar y para caminar.

Uzcátegui aseguró que este ataque se debió a sus peticiones por que se hiciera justicia por el homicidio de su hermano, Néstor Uzcátegui, muerto a manos de la policía estatal de Falcón en 2001.

Mayo de 2015: El 28 de abril, Horacio Giusti, periodista y encargado de prensa del Foro Penal Venezolano, recibió una paliza a manos de dos hombres que viajaban en motocicletas en Caracas. Este ataque pareció haber estado relacionado con el trabajo que ejercía dentro de la organización de derechos humanos. Giusti aseguró que durante los días previos al ataque había sido amenazado en dos ocasiones diferentes.

El 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de miembros del Foro Penal Venezolano, incluido su director, Alfredo Romero. Pese a ello, los miembros han informaron que no han recibido protección de las autoridades.

Junio de 2015: El 13 de mayo, el presidente para ese entonces de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hizo públicos los detalles de los preparativos de viaje de dos defensores de los derechos humanos: Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), y Carlos Correa, de Espacio Público.

Según Uzcátegui y Correa esta información sólo se había compartido en sus comunicaciones online privadas, lo que les hizo pensar que las autoridades las estaban vigilando. Los dos defensores presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero no recibieron respuesta.

Octubre de 2015: El primero de octubre, el defensor de derechos humanos Marino Alvarado y su hijo de nueve años fueron confrontados por tres hombres armados dentro del edificio donde vivían en Caracas. Marino Alvarado y su hijo fueron retenidos por 40 minutos con sus manos atadas mientras los hombres armados tomaron dos computadoras portátiles, una tableta electrónica, dos teléfonos celulares, una cámara y efectivo. Marino Alvarado también fue golpeado en la cabeza.

Marino Alvarado fue director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). En septiembre, Marino Alvarado y otros miembros de Provea solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares ya que temían por su seguridad.

Mayo de 2016: Después de publicada una entrevista de Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, donde señalaba la responsabilidad de para el entonces Gobernador del estado Aragua, Tareck El Aisami, en el desarrollo de la crisis penitenciaria; este acusó de “PRAN” a Prado a través de la red social Twitter.

Ese mismo día, la cuenta personal en Facebook de Prado fue hackeada y fueron publicados mensajes y una fotografía alterada, calificándole nuevamente como PRAN. Estas informaciones fueron replicadas en la red social Twitter a través de varias cuentas de simpatizantes del oficialismo, incluido el propio Gobernador.

En junio de 2011, Prado fue objeto de una campaña de intimidación y amenazas de muerte tras pedir al gobierno que abordara pacíficamente un motín en la prisión de El Rodeo.

Mayo de 2016: Rosmit Mantilla, activista en favor de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y miembro del partido de oposición Voluntad Popular, estuvo en prisión preventiva por casi tres años sin que existiese ninguna evidencia fehaciente que los vinculara con algún delito.

Mantilla fue acusado de instigación e intimidación pública, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir, en el contexto de las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo entre febrero y julio de 2014. Tras un grave cuadro de salud y después de denunciar que había sido víctima de tortura durante su reclusión, salió en libertad el 17 de noviembre de 2016.

Junio de 2016: Un grupo de personas encapuchadas golpearon los vidrios delantero y lateral del vehículo en el que se movilizaban los defensores de derechos humanos Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos Santos del Foro Penal Venezolano. Raquel Sánchez fue golpeada en la cabeza, lo que le causó una herida cortante. Afirmaron el ataque había sido un intento de detener el trabajo legítimo por los derechos humanos que llevan a cabo ambos defensores.

Octubre de 2016: Luis Urbano fue asesinado el 10 de octubre por funcionarios de la policía en el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. Luis Urbano era mecánico e hijo del defensor de derechos humanos José Luis Urbano, presidente de la organización no gubernamental FundaciónPro-defensa del Derecho a la Educación y la Niñez.

El defensor José Luis Urbano había sido amenazado en varias oportunidades a consecuencia de su trabajo como presidente de la ONG. En 2007 José Luis Urbano fue interceptado y baleado.

Diciembre de 2016: Los jóvenes Andrés Moreno Febres-Cordero, Marco Trejo, James Mathison y César Cuellar fueron puestos en libertad condicionada al final de noviembre con obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal militar. Los jóvenes fueron detenidos por producir un video para el partido opositor PrimeroJusticia, el cual fue compartido por las redes sociales.

Amnistía Internacional consideró que estos arrestos y juicios representaron una violación para la libertad de expresión de los cuatro jóvenes, además de vulnerarse su derecho de ser juzgados ante tribunales civiles.

Febrero de 2017: El 31 de enero, después de presentar una denuncia en una comisaría, el abogado transgénero Samantha Seijas y su hija Aleska Seijas fueron golpeados en la cabeza y en el rostro por parte de funcionarios policiales adscritos a la Policía de Aragua quienes, además, les proferían frases despectivas.

Además de golpearlos, un funcionario habría amenazado a Samantha diciéndole: “pídele a Dios que no te encuentre de noche sola por la calle”. Samantha Seijas y su hija viven frente a la comisaría y se temía que la cercanía podría facilitar la concreción de las amenazas. No se tiene información de que se haya iniciado una investigación a raíz de la denuncia.

Mayo de 2017: Las autoridades allanaron la casa de Ehisler Vásquez y la fiscalía amenazó con imputarlo cuando él solicitó información sobre el motivo del allanamiento que arriesgaba sus labores de defensa de derechos humanos ante una posible criminalización.

Tanto el allanamiento como el inicio de una investigación en su contra fueron parte de una estrategia de criminalización y estigmatización a los defensores de derechos humanos en Venezuela.

Mayo de 2017:  Personas no identificadas irrumpieron en la residencia de los defensores de derechos humanos Yonaide Sánchez y Nelson Freitez. La morada de los defensores había sido violentada y robada en dos oportunidades anteriores.

En el contexto de manifestaciones reiteradas en Venezuela, Sánchez y Freitez han denunciado públicamente, tanto en radio como en televisión, la existencia de violaciones a derechos humanos, la participación de grupos civiles armados en acciones de hostigamiento de los manifestantes y los excesos en el uso de la fuerza en las manifestaciones. Por lo tanto, consideran que estas incursiones en su propiedad pueden ser un intento de neutralizar su actividad como defensores de derechos humanos.

 

Campaña Valiente

Amnistía Internacional lanzó este año su campaña “Valiente” en respuesta a la intensificación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos alrededor del mundo. La situación es tan grave que la organización ha registrado que, en los últimos 20 años, han muerto más de 3.500 defensorxs, lo que quiere decir que cada 2 días una defensora o un defensor fue asesinado por su trabajo.

Solo durante el año pasado fueron asesinados 281 defensorxs en 22 países, mientras que en 94 naciones se han evidenciado casos de acoso, tortura, encarcelamiento y campaña de descrédito. Ningún continente escapa de esta vergonzosa realidad y el informe Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos Bajo Amenaza: La Reducción Del Espacio Para La Sociedad Civil pone al descubierto un sinnúmero de casos de defensorxs que necesitan se les garantice su seguridad personal de inmediato.

En el contexto  venezolano, el riesgo es tan elevado y el comportamiento del Estado ha sido tan indiferente que defensorxs y organizaciones de la sociedad civil han tenido que recurrir a diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos incluidos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el relator de la ONU sobre el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Todos estos organismos han coincidido en que el Estado venezolano debe tomar medidas urgentes y aplicarlas de forma inmediata para que se garantice la labor de defensa y promoción de derechos humanos en el país.

 

Por Daniela Damiano @amnistia