Estados no han garantizado derechos de pueblos indígenas después de 10 años de la firma de su declaración
Los pueblos indígenas siguen siendo desplazados a la fuerza de sus propias tierras por agentes estatales y no estatales —entre ellos terratenientes y empresas— que buscaban su propio beneficio económico. Los proyectos de desarrollo —incluidos los de las industrias extractivas— amenazanla cultura de los pueblos indígenas y a veces dan lugar al desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Este año los pueblos indígenas no tienen nada que celebrar, más bien tienen mucho que reclamar a los Estados que no han sabido proteger su estilo de vida y garantizar sus derechos humanos. A 10 años de haberse aprobado la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que aún siguen siendo las personas más vulnerables y marginadas en todo el mundo.
Cifras alarmantes continúan relacionándose a estos pueblos, algunos ejemplos: El 33% de los pobres en las áreas rurales del mundo son comunidades indígenas; más de una de cada tres mujeres indígenas es violada a lo largo de su vida; 281 activistas indígenas fueron asesinados en 25 países durante el año 2016, cifra que representa casi el doble que la del año anterior.
Amnistía Internacional también ha sacado a la luz pública muchos de los abusos que sufren las comunidades autóctonas. Transgresiones que en su mayoría radica del abuso de poder ante la mirada permisiva de los gobiernos indolentes.
En América, por ejemplo, tras 17 años de negociación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó el año pasado la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de ello, en todo el continente, los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de violencia, homicidios y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y a menudo sufren abusos contra su derecho a sus tierras, territorios, recursos naturales y cultura.
Los pueblos indígenas siguen siendo desplazados a la fuerza de sus propias tierras por agentes estatales y no estatales —entre ellos terratenientes y empresas— que buscaban su propio beneficio económico. Los proyectos de desarrollo —incluidos los de las industrias extractivas— amenazanla cultura de los pueblos indígenas y a veces dan lugar al desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Con frecuencia se niega a los pueblos indígenas una consulta significativa y su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Las mujeres indígenas y campesinas de todo el continente exigen que se preste mayor atención al impacto que sobre las mujeres tienen los proyectos de extracción de recursos naturales, y piden una mayor participación en los procesos de toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que afectan sus tierras y territorios.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Venezuela destacan por ser países donde la realidad cotidiana para miles de indígenas es una vida ensombrecida por la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la discriminación sistémica. Revisemos cada caso:
Argentina
A pesar de que la Constitución reconocía los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales, la mayoría de las comunidades indígenas siguen sin ver reconocidos legalmente sus derechos sobre la tierra. Existen al menos 200 casos relacionado a este tema que no se ha resuelto.
En 2016 se cumplieron siete años de impunidad en el caso de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena chuschagasta, muerto por defender pacíficamente su tierra en la provincia septentrional de Tucumán.
Brasil
La relatoría especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas denunció que Brasil aún no ha demarcado las tierras indígenas.
Continúa peligrando la supervivencia de la comunidad guaraní-kaiowá de Apika´y en el estado de Mato Grosso do Sul. Esta comunidad fue desalojada a la fuerza de sus tierras ancestrales. Las familias de Apika´y quedaron viviendo en los márgenes de una autopista, con acceso limitado a agua y alimentos.
Una investigación de la Fiscalía General concluyó que el asesinato del indígena Terena Oziel Gabriel se había producido por un disparo de la Policía Federal en una operación de 2013 en la finca Buriti, en el estado de Mato Grosso do Sul.
Chile
El Congreso creó una comisión para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por los conflictos de tierras que implicaban al pueblo mapuche. La comisión se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuches como forma de protesta. Sin embargo, las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades mapuches no se investigaron porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares ordenadas en octubre de 2015 a favor de la líder mapuche Juana Calfunao. Dichas medidas intentaban brindar protección a más miembros de su familia que vivían en la comunidad de Juan Paillalef, en el sur de Chile, frente a las amenazas en relación con un conflicto de tierras.
Colombia
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, particularmente las que habitaban en zonas de interés para los sectores agroindustrial, minero y de infraestructuras, continúan haciendo frente a abusos y violaciones de derechos humanos.
En agosto de 2016, cuatro miembros del pueblo indígena awá murieron por disparos de hombres armados no identificados en tres ataques distintos en el departamento de Nariño.
En marzo, más de 6.000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron desplazadas a la fuerza de tres zonas fluviales en el departamento del Chocó a causa de los enfrentamientos entre grupos armados.
Ecuador
En enero, el pueblo kichwa de Sarayaku denunció negociaciones del gobierno cuyo propósito era conceder permisos a empresas extranjeras para la extracción de petróleo en su territorio sin consultar a la comunidad.
En diciembre, tras una serie de actos de violencia y hostigamiento por parte de las autoridades contra el pueblo indígena shuar por su oposición a un proyecto minero en Morona Santiago, el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona y detuvo al presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, Agustín Wachapá.
México
A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Aún no se debate en el seno legislativo un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que se había debatido un proyecto de ley en foros públicos y de que en octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había formulado una recomendación al Congreso para que legislara sobre esta materia.
Perú
La investigación sobre la muerte en 2014 de cuatro líderes de la región de Ucayali, presuntamente a manos de madereros ilegales, todavía no había concluido. Los líderes habían denunciado con anterioridad las constantes actividades de tala ilegal en su territorio.
Durante el año hubo 13 vertidos de petróleo del Oleoducto Norperuano que contaminaron agua y tierras pertenecientes a los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Las organizaciones indígenas de las zonas afectadas se declararon en huelga para exigir al gobierno que abordara cuestiones como la salud de la población y las reparaciones por los daños al medio ambiente.
Paraguay
La comunidad yakye axa seguía sin poder acceder a sus tierras a pesar de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al gobierno construir una vía de acceso.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a Paraguay a adoptar medidas efectivas para abordar los problemas relacionados con el acceso a alimentos, agua potable y saneamiento y los relacionados con la malnutrición infantil en los pueblos indígenas y afroparaguayos que habitaban en zonas rurales.
Venezuela
No se cumplen las disposiciones legales para garantizar y regular la consulta a los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaran a sus medios de vida. Hubo denuncias de criminalización de defensores y defensoras de los derechos indígenas y de los derechos ambientales.
Suscitaba preocupación el impacto que podrían tener sobre las tierras indígenas y sobre el medio ambiente los grandes proyectos mineros en la región meridional de Venezuela conocida como el Arco Minero.
Por Daniela Damiano @amnistia