Lunes, 14 de agosto, 2017
Red de jóvenes, Red de jóvenes

En el mundo, los indígenas sufren tasas superiores de pobreza, carencia de tierras, malnutrición, desplazamiento interno, niveles inferiores de alfabetización y menos acceso a los servicios de salud.


La discriminación histórica o estructural es un término bastante fuerte ya que nos habla de la existencia de una persona o conjunto de personas que han sido discriminadas, no sólo ante determinadas coyunturas o en determinados momentos, sino que dicha discriminación es una práctica común y consecutiva que data de hace muchísimo tiempo.

Los pueblos originarios o pueblos indígenas son un ejemplo claro e indiscutible de este tipo de discriminación, lamentablemente a través de los años las personas de origen indígena han atravesado grandes ataques a su integridad y espacios vitales al ser excluidos de las instancias de toma de decisión de los Estados; en el continente americano podemos encontrar varios ejemplos poco alentadores de políticas públicas y/o decisiones estatales que no sólo excluyen a los pueblos indígenas de las tomas de decisiones en materias que les competen ya que se ven involucrados consciente o inconscientemente, sino que han sido objeto del fomento y práctica -por parte de los Estados- de acciones que perjudican profunda e irreversiblemente a sus comunidades.

En Perú durante la administración del presidente Alberto Fujimori en la década de 1990 se realizaron esterilizaciones forzosas a miles de mujeres indígenas y campesinas, lo cual representa una violación gravísima a los derechos de las mujeres indígenas a las cuales se les obligó a vivir un proceso traumático e irreversible donde se les arrebató el derecho a decidir sobre su propio cuerpo; lo más preocupante de este hecho es que el 22 de enero de 2014 la Fiscalía de Lima cerró dicho caso sin más y dejó de abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados sistemáticamente contra las mujeres indígenas negandoles de hecho el acceso a la justicia.

Por otra parte, no sólo los Estados han fallado categóricamente al maltratar a los pueblos indígenas de forma directa en las Américas, sino que estos también propician que particulares y empresas privadas despojen a las personas indígenas de sus tierras y recursos, basta con echar un vistazo a situaciones como las de la comunidad apika’y en la región brasileña de Mato Grosso do Sul para darse cuenta de que los problemas que afectan al pueblo guaraní kaiowá y a otros pueblos indígenas de Brasil son realmente desoladores, lo que antes eran hectáreas de bosque con vasta diversidad ahora son campos de caña de azúcar y soja; durante más de un siglo estas comunidades han sido expulsadas de sus tierras por la expansión de la agricultura a gran escala y dicho proceso aún continúa hoy en día.

En el mundo, los indígenas sufren tasas superiores de pobreza, carencia de tierras, malnutrición, desplazamiento interno, niveles inferiores de alfabetización y menos acceso a los servicios de salud. No es una casualidad que hablemos de discriminación histórica al referirnos a los pueblos indígena y realmente soñamos, como defensorxs de los derechos humanos, que los avances logrados en materia de acceso a la justicia a mujeres en México y Estados Unidos sean tan sólo algunas de las iniciativas que se propaguen en el imaginario y -sobre todo- en las acciones que rigen a los Estados y sus prácticas institucionales.

Los derechos humanos son para el disfrute y defensa de todas las personas; sin importar su origen, dialecto, vestimenta ni color de piel.