Entre las recomendaciones del CEDAW y la realidad: justicia, salud y violencia contra la mujer
La impunidad sigue siendo la regla, la ausencia de estadísticas actualizadas imposibilita el análisis necesario de las políticas públicas, instancias, organismos y programas destinados a propiciar la erradicación de la violencia contra la mujer
“Llamamos a que los gobiernos reconozcan la magnitud y las implicaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas, y se comprometan a recoger datos con los cuales cuantificarla y no sólo a proveer servicios para las sobrevivientes y víctimas, sino a incrementar sustantivamente una fuerte acción judicial para lograr el cierre de casos y las respectivas condenas; además de esfuerzos constructivos y creativos para prevenir y castigar todos los crímenes violentos contra las mujeres y las niñas”. ONU Mujeres
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) es uno de los llamados “órganos de tratados”, está conformado por expertos independientes cuya labor es la de supervisar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer por los Estados Parte.
La Convención, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, entro en vigencia en septiembre de 1981. Venezuela ratifico la Convención en 1983 y el Protocolo Facultativo en 2002.
Uno de los mecanismos implementados para dicha supervisión, en la presentación de Informes periódicos que deben efectuar los Estados Parte, donde reflejan las medidas adoptadas para hacer efectivo el contenido de la Convención. Sobre este Informe, la CEDAW realiza observaciones y recomendaciones cuya implementación se evalúa en la siguiente presentación de informes.
Venezuela: temas que preocuparon a la CEDAW en 2014
En octubre de 2014, Venezuela presento el séptimo y octavo informes combinados periódicos ante el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW).
En noviembre de ese mismo año, el Comité presentó su Informe de Observaciones finales, en el cual manifestó su preocupación por la situación de la mujer venezolana e hizo recomendaciones – alguna de las cuales mencionaremos- en los siguientes temas:
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Asamblea Nacional: resaltó el papel fundamental del Poder Legislativo en cuanto a la promulgación de leyes que garanticen la aplicación efectiva del contenido de la Convención. Asimismo le pidió “tomar las medidas necesarias con respecto a la aplicación de las presentes observaciones finales entre hoy y el próximo período de informes de la Convención”.
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Marco Legislativo: resalto la eliminación de normas discriminatorias y recomendó la pronta promulgación de la Ley Sobre los Derechos de las Mujeres a la Igualdad y la Equidad de Género.
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Acceso a la Justicia: mostró preocupación ante la evidencia de que las mujeres no contaban con mecanismos efectivos que le garantizaran el debido acceso a la justicia, así como también por la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanas que realizó el Estado venezolano en 2012 y que hizo efectiva la salida del país de la jurisdicción de la Corte IDH en 2013.
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Mecanismo Nacional para el adelanto de la Mujer: el Comité manifestó su preocupación ante “la falta de mecanismos eficaces para diseñar, ejecutar y supervisar las políticas y programas pertinentes” especialmente por la ausencia de estrategias para evaluar programas como “Juana Ramírez La Avanzadora” y “Mamá Rosa”. Otro de los aspectos sobre los que manifestó su inconformidad el Comité, estuvo referido a “la falta de comprensión por parte de las autoridades del Estado” en cuanto a la necesidad de implementar medidas especiales, como las cuotas de paridad, a fin de propiciar la inclusión de las mujeres en espacios donde están “subrepresentadas o desfavorecidas”.
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Estereotipos: ante la evidencia de que las actitudes patriarcales persistían en la sociedad venezolana, y de que las medidas adoptadas por el Estado no resultaban suficientes, el Comité insto a fortalecer programas educativos dirigidos a erradicar estereotipos, sensibilizar a los funcionarios y hacerle seguimiento a los medios de comunicación para verificar la eliminación de imágenes sexistas, entre otras recomendaciones.
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Violencia contra la Mujer: solicitó priorizar la aplicación efectiva del marco legal en materia de protección, cumplir con la construcción de las Casas de Abrigo, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, adoptar e implementar sistemas de apoyo y capacitación y tomar las medidas conducentes a garantizar el levantamiento de estadísticas actualizadas.
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Trata y Explotación de la Prostitución: resalto la ausencia de información sobre la incidencia de trata y explotación en el país, sobre todo en las zonas fronterizas, así como el retraso en la adopción de medidas legislativas ajustadas al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo).
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Educación: recomendó implementar medidas especiales para asegurar que las niñas y niños tengan las mismas oportunidades de estudiar.
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Empleo: solicitó establecer mecanismos que permitan aplicar el principio de igual remuneración por igual trabajo, con la finalidad de reducir la brecha salarial.
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Salud: las elevadas tasas de mortalidad, la falta de servicios de salud adecuados, ausencia de programas de educación sexual y reproductiva, embarazo adolescente, escasez de medicamentos contra el cáncer y el VIH y la despenalización del aborto fueron algunos de los puntos focales en este tema.
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Empoderamiento de la mujer: instó a fortalecer programas de microcréditos para favorecer la independencia económica de las mujeres, especialmente de aquellas tradicionalmente excluidas como las mujeres indígenas, con discapacidad o afrodescendientes.
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Mujeres Rurales: el Comité solicitó diseñar e implementar estrategias destinadas a asegurar que las niñas y mujeres rurales tengan acceso a la justicia, empoderamiento económico y servicios básicos.
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Mujeres Detenidas: expresó preocupación por la existencia de detenciones arbitrarias y violencia contra las privadas de libertad.
Tres temas preocupantes: acceso a la justicia, salud y violencia de género
El último Informe presentado por el Ministerio Público, en 2016, señalaba que esa instancia había presentado 108 acusaciones, de las cuales 50 habrían llegado a condena y otras 20 se encontraban en fase de juicio. Sin embargo no presentó estadísticas sobre las denuncias formuladas ante los órganos receptores de denuncias, lo cual permitiría contrastar la información y evaluar la efectividad de los mecanismos implementados para que niñas y mujeres puedan acceder a la justicia. En el informe 2016/2017 de Amnistía Internacional, capítulo Venezuela, la organización señalaba: “Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio Público indicaban que, de las más de 70.000 denuncias de violencia de género recibidas en 2014, menos del 1% habían llegado a juicio. Según organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 96% de los casos que llegaron a los tribunales no acabaron en condena”.
La impunidad sigue siendo la regla, la ausencia de estadísticas actualizadas imposibilita el análisis necesario de las políticas públicas, instancias, organismos y programas destinados a propiciar la erradicación de la violencia contra la mujer.
En 2014 el Comité solicito reconsiderar la salida de Venezuela de la Corte IDH, la cual se materializo en 2013. En abril de este año el Estado venezolano manifestó su intención de abandonar la Organización de Estados Americanos. De concretarse esta acción, se habrían cercenado dos espacios para la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Con relación a la salud, han sido reiteradas las denuncias de ONG como PROVEA, CODEVIDA, Acción Solidaria, Stop VIH, entre otras, sobre las cada vez más precarias condiciones del sistema público de salud, además de la escasez de medicamentos. En 2014 el Comité mostró preocupación por la tasa de muertes materno-infantiles. Esta tasa se ha venido incrementando de manera alarmante durante este año, hasta el punto de que médicos y enfermeras han debido manifestarse públicamente, algunos con riesgo de perder sus puestos de trabajo o ser objeto de represalias. En el estado Bolívar la crisis de salud se ha visto agravada por la presencia de malaria. En Maturín, médicos denunciaron que las fallas de la Unidad de Cuidados Intensivos ha producido la muerte de al menos 40 recién nacidos este año.
Finalmente, en lo relacionado con la violencia de género, siguen sin construirse las Casas de Abrigo necesarias para garantizar la protección debida a las niñas y mujeres que sufren violencia. Tampoco se han levantado las estadísticas requeridas para evaluar las actuaciones de las fiscalías especializadas y los tribunales en materia de violencia contra la mujer. Tampoco se han evaluado con perspectiva de género las consecuencias de la violencia generalizada que cada vez cobra más víctimas femeninas, ni de aquellas que pierden a sus parejas por causa de dicha violencia.
Venezuela debe presentar el próximo informe ante el CEDAW en 2018.
“Nuestros esfuerzos deben garantizar que:
ELLA está a salvo de la violencia de género.
ELLA tiene derechos humanos que se respetan, incluidos los derechos reproductivos.
ELLA consigue el empoderamiento económico y en otros ámbitos a través de la educación y la igualdad de oportunidades, participación y liderazgo”. Phumzile Mlanbo, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
Imagen: Simone van den Berg/Shutterstock.com
Fuentes:
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2420/impunidad-y-violencia-de-genero
http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteEliminacionDiscriminacionContraMujer-CEDAW.htm