Cifras oficiales omiten muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado

 El investigador y profesor de criminología de la UCV, Keymer Ávila, sostiene en su más reciente análisis sobre las cifras de violencia, delitos y homicidios en 2017, publicadas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela; que la información suministrada no contiene algunos casos de homicidios o “se están dejando por fuera las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Ávila explica que en un tuit publicado por el ministro Néstor Reverol solo se informa que entre 2016 y 2017 hubo una variación de -20,9% en los delitos, entre los que se encuentran los de robo de vehículos, hurto, lesiones personales, víctimas de homicidios, hurto de vehículos, robo, resistencia a la autoridad, violación y secuestro.

Ante esta situación, el miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec) señaló que “la evaluación genérica sobre la disminución o no de los delitos en general nos dice muy poco si lo que interesa es analizar y comprender las situaciones de violencia y de seguridad ciudadana en el país”.

Lee el trabajo de investigación completo del profesor Keymer Ávila:
 http://issuu.com/amnistia/docs/cifras_delictivas_de_venezuela_an__?e=1057477/58584001

 Muertes a manos de las fuerzas de seguridad

Ante la poca claridad en la información suministrada por el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, el especialista en Criminología recalca que “la tendencia general durante los últimos años es de un claro y acelerado incremento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado”, ya que tanto los datos suministrados de forma oficial como extraoficial provenientes de registros criminales así lo indican.

“No solo en número de casos, sino en el porcentaje que estas muertes ocupan dentro del total de homicidios en el país, que según las cifras que son objeto de análisis alcanzarían el 26% de los mismos para el año 2017”, prosigue.

Este indicador demuestra que el Estado venezolano ha sido incapaz de contener la violencia institucional y delictiva en el país, lo que contribuye con la prolongación, profundización y retroalimentación de la violencia estructural.

Para el jurista, “omitir la información sobre las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no solamente es un maquillaje de las cifras totales, es el ocultamiento y naturalización de posibles violaciones graves a los derechos humanos y en consecuencia su tolerancia y promoción”.

Cifras reales

Luego de analizar el contexto y la forma con la que fueron presentados los datos sobre la violencia, criminalidad y muertes en Venezuela durante el 2017, el investigador señala que para obtener una cifra un poco más aproximada a la realidad se tendría que realizar una suma entre los homicidios dolosos y las muertes a manos de fuerzas de seguridad del Estado.

“Si se hace un ejercicio arbitrario de hacer la suma de homicidios dolosos y los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, la tasa de homicidios para 2017 presentada por el MIJ, alcanzaría la cifra de 62 hpcmh. Si se hace el mismo ejercicio con los datos del OVV la cifra sería de 67. Estas tasas parecieran ser las más comprensibles, en especial cuando las contrastamos con la tasa del año 2016 que fue de 70 hpcmh”, explica el profesor de la UCV.

Reducción de la tasa

Ante el resultado que arroja el ejercicio realizado, en el que se observa la leve reducción de la tasa de homicidios y de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, el criminólogo insiste en que podría tener su origen en las protestas que se realizaron por 5 meses en el país, pero también se pudo haber producido por la emigración de venezolanos.

Ávila explica que las estimaciones que se realizan de forma oficial en la actualidad se basan en los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que se sustentan en proyecciones y solo se actualizan cada 10 años con los censos demográficos, por lo que no se incluyen los venezolanos que han emigrado en los últimos años, que de acuerdo a estimaciones no oficiales alcanzan los 4 millones.

“Esta situación afecta el número real de la población en el país, si de facto la población del país disminuye considerablemente, pero los cálculos de la tasa de homicidios se hacen basados en las estimaciones poblacionales del INE, se pudiera estar sobreestimando el número de población y la consecuencia sería una subestimación de las tasas de homicidio”, dilucidó Ávila.

Por ello, el abogado advierte enfáticamente que “aventurarse a adjudicarle esta baja coyuntural de los homicidios a las políticas de mano dura no solamente sería temerario, es además política e ideológicamente peligroso, pues no sería más que un instrumento de legitimación para futuras masacres”.

Acceder a la información

Recuerda que en Venezuela la desconfianza hacia las cifras publicadas por organismos estatales, especialmente hacia las instituciones del sistema penal, ha estado presente desde hace décadas, que se suma a la dificultad que tienen los investigadores para acceder a la información y a todos los datos que no son conocidos por la inexistencia de denuncias.

Adicionalmente el criminólogo Keymer Ávila explica que otras fuentes no oficiales por su parte presentan “muertes violentas (que incluye, entre otras, muertes accidentales, suicidios, homicidios en todas sus modalidades, etc…) y homicidios dolosos como si se tratase del mismo fenómeno”. Lo que incrementa la confusión sobre estas cifras.

“Podría afirmarse que las categorías de muertes violentas son difusas, mientras que los homicidios dolosos son más específicos y se constituyen en objeto de estudio, seguimiento y comparabilidad a nivel internacional”, agrega.

Ávila recuerda que en el país existe una “hipertrofia legislativa” en el área penal, ya que “los delitos y las leyes penales se reproducen de manera acelerada (en 2003 existían unas 70 leyes penales y más de mil delitos), razón por la cual pretender dar una panorámica “delictiva” del país en una lámina de PowerPoint con solo 9 delitos no solo es incompleto, es también ficticio”.

“Hay que tener en cuenta que mezclar las cifras de distintos delitos no hace más que fusionar fenómenos disímiles entre sí, teniendo como resultado la imposibilidad de analizar y comprender con claridad lo que en realidad está sucediendo, por el contrario se presta para confundir y distraer”, advierte el especialista en criminología.

Análisis de los delitos

El investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, precisó que los delitos de resistencia a la autoridad incluyen supuestos como la “amenaza a un funcionario público o a sus parientes, perturbar reuniones de órganos públicos, hasta hacer oposición a algún funcionario en el cumplimiento de sus deberes”, de acuerdo a lo establecido en los artículos 215 al 221 del Código Penal de Venezuela.

Sin embargo, “bajo esta categoría genérica el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) administrativa y discrecionalmente suele agrupar, también, los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado (enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos), con independencia de la legalidad o justificación, o no, de las mismas”, observó.

El ministro de Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, explicó en 2017 que “se excluyen o separan los delitos de homicidio, que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”.

No obstante, el profesor de criminología señala que en la actualidad la medición de estos delitos va más allá de lo establecido en las normativas, ya que bajo la premisa de “muertes por intervención legal” se podrían ocultar casos de violaciones a los derechos humanos, que daría una visión parcializada de la realidad en el país.

Ávila argumenta que, basado en lo establecido en el “Protocolo de Bogotá sobre la Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe”, en el cual el mismo participó, el indicador denominado “resistencia a la autoridad” debe contarse como homicidios.

“Esto significa que la cifra de homicidios presentada se elevaría en un 34% y la tasa real según esta fuente sería de 62 homicidios por cada cien mil habitantes (hpcmh)”, denuncia.

Análisis coyuntural

Para poder adentrarse en lo que significa una disminución de la tasa de delitos, como la presentada por el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, es necesario evaluar cómo fue el desarrollo de la sociedad durante el año analizado, así como la tendencia registrada en períodos anteriores.

Por ello, Ávila apunta que “presentar una línea de tiempo solo de dos años se presta para hacer apenas un análisis coyuntural interesado, mientras más extensa la línea de tiempo se puede hacer un análisis más serio y estructural”.

Sin embargo, apegándose a lo publicado por el Ministerio de Interiores, se puede decir que el 2017 fue un año en el que gran parte del país estuvo paralizado por las constantes y masivas protestas, así como por los hechos violentos registrados, en los que murieron al menos 124 venezolanos, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Los delitos son también fenómenos sociales que se ven afectados por esta dinámica social, la gente al estar encerrada en sus hogares por casi la mitad del año, privándose de la mayoría de sus actividades sociales, cotidianas, que realizan en la calle, hace que se reduzcan considerablemente las oportunidades de comisión de al menos 7 de los 9 delitos que el Ministerio presenta”, deduce Ávila, al tiempo que aclara que “en modo alguno se puede reducir estas presuntas disminuciones delictivas a la paralización del país, pero esta debe tenerse en cuenta para el análisis, no puede dejarse por fuera”.

Subraya que para realizar un análisis pormenorizado es necesario contar con la información desagregada que indique cuál es el perfil de las víctimas, de los victimarios, las modalidades de los delitos o crímenes, así como su ubicación en el país.

Por otra parte, recuerda que Venezuela se ha mantenido en los dos primeros lugares del ranking de países más violentos y con mayores tasas de homicidios del planeta, que en 2016 llegó a ser la más alta de nuestra historia reciente.

“Durante el año 2016, siguiendo la tendencia sostenida de un acelerado incremento de la violencia homicida, Venezuela alcanzó a tener la tasa más alta, llegando a 70,1 homicidios por cada cien mil habitantes (hpcmh), con un número total 21.752 personas víctimas de homicidio (Ministerio Público, 2017), de la cuales 4.667 fueron fallecidas debido a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado (Ortega, 2017), lo que representa un 22% de las víctimas totales”, precisa.

“Esto se explica porque se están presentando como resistencia a la autoridad solo los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado y no lo que normativamente se entiende por este delito”, declara Ávila.

Un punto que destaca el abogado en su análisis es la inexistencia, en la presentación del Ministerio, de los delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en un año en el cual múltiples organizaciones no gubernamentales e interestatales, así como gobiernos de todo el mundo, se han pronunciado ante la presunta comisión de las violaciones, sin dejar a un lado los escándalos y juicios que se han llevado a cabo contra personas que presentan algún vínculo con funcionarios venezolanos o con instituciones del Estado.

Para leer el análisis completo del profesor Keymer Ávila haga click en el siguiente enlace: http://issuu.com/amnistia/docs/cifras_delictivas_de_venezuela_an__?e=1057477/58584001