Día para la Cero Discriminación: Retrocesos y avances en los derechos de la comunidad LGBTI en el mundo

A propósito de conmemorarse hoy el Día para la Cero Discriminación se hace imposible no recordar y reconocer que los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) continúan a las sombras de la discriminación en muchos lugares del mundo. Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2017/18 revela numerosos casos donde los ataques, los crímenes de odio y la impunidad contra estas personas representan hoy en día graves violaciones a los derechos humanos que los Estados no han podido afrontar con eficacia.

En América fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de esta comunidad. Las personas LGBTI afrontan condiciones persistentes de discriminación, hostigamiento y violencia en la región, en países como Haití, Honduras y Jamaica, entre otros.

En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional invalidó parte de una ley que daba derecho a contraer matrimonio civil a las personas transgénero que hubieran cambiado de género en sus documentos de identidad. El defensor del Pueblo del país propuso modificar el Código Penal para tipificar como delito los crímenes de odio contra personas LGBTI. En República Dominicana se encontró descuartizado en un terreno baldío el cuerpo de una mujer transgénero, Jessica Rubi Mori. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia por su muerte.

Uruguay seguía sin contar con una política integral contra la discriminación, que protegiera a las personas LGBTI de la violencia en los colegios y en los espacios públicos o que garantizara el acceso de estas personas a los servicios de salud.

En Venezuela los defensores y defensoras de los derechos humanos, en especial los que pertenecen a la comunidad LGBTI, sufrieron de ataques y malos tratos por parte de funcionarios públicos.  En febrero de 2017, un agente de policía amenazó al abogado transgénero Samantha Seijas cuando este acudió a presentar, acompañado de su hija, una denuncia en la comisaría de policía del estado de Aragua.

Según el Grupo Gay de Bahía, en Brasil, 277 personas LGBTI fueron víctimas de homicidio en Brasil entre el 1 de enero y el 20 de septiembre, la cifra más alta desde que esa organización empezó a recopilar datos en 1980.

Entre enero y septiembre, la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) denunció 28 ataques graves, sobre todo asesinatos, perpetrados contra personas LGBTI.

Los asesinatos de personas LGBTI se incrementaron durante el año en un marco de discriminación continuada contra ese colectivo en la legislación estatal y federal de Estados Unidos. El país carecía aún de protección federal alguna que prohibiera la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el lugar de trabajo, la vivienda o la atención de salud. Las personas transgénero seguían viéndose particularmente marginadas. La administración del presidente Trump revocó directrices que protegían a alumnos y alumnas transgénero de colegios públicos que empleaban las instalaciones correspondientes a su identidad de género.

El Senado haitiano respaldó proyectos de ley que discriminaban a las personas LGBTI; estos proyectos estaban pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados al concluir el año. En julio, el Senado votó a favor de que se emitieran certificados que darían fe de la “moralidad” de las personas; cualquier persona considerada “homosexual” quedaría excluida de estos certificados. En agosto, el Senado aprobó una ley que ilegalizaba los matrimonios entre personas del mismo sexo y el apoyo público o la defensa de la homosexualidad.

Perú carecía aún de legislación específica que reconociera y protegiera los derechos de las personas LGBTI, quienes seguían afrontando discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género. Las personas transgénero seguían sin contar con un reconocimiento social y jurídico de su identidad de género, y se veían privadas de sus derechos a la libertad de circulación, la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros

Asia y Europa

En Corea del Sur, la población LGBTI continuaba estando ampliamente discriminada en la vida pública. Durante el servicio militar obligatorio, los gays eran víctimas de violencia, acoso e insultos; se condenó a un soldado por haber mantenido relaciones homosexuales.

En Azerbaiyán, más de 100 personas LGBTI fueron detenidas arbitrariamente en un solo día en la capital, Bakú. En Uzbekistán y Turkmenistán, las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían siendo delito punible con la cárcel.

En la nueva Constitución de Georgia se restringió la definición de matrimonio para excluir a las parejas del mismo sexo. El Parlamento de Lituania aprobó legislación que discriminaba a las personas LGBTI. En Rusia se siguió aplicando la “ley sobre propaganda gay” a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había resuelto que era discriminatoria.

En Malasia, Papúa Nueva Guinea y Singapur, la población LGBTI sufría discriminación. En Australia, pese a la introducción de nuevas penas, aumentaron las noticias sobre discursos de odio contra la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y en cuestionamiento). En Indonesia, en la provincia de Aceh, dos hombres recibieron en público 83 azotes con vara cada uno por haber mantenido relaciones sexuales consentidas.

En Bangladesh agentes tanto estatales como no estatales seguían hostigando y sometiendo a detención arbitraria de forma habitual a activistas LGBTI. Los homicidios de activistas perpetrados por Ansar al Islam en 2016 aumentaron los temores ya existentes entre las personas LGBTI; un buen número de activistas siguieron ocultos.

Oriente Medio y África

En Egipto, en la peor oleada de represión ejercida en más de un decenio, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a personas por su presunta orientación sexual tras la exhibición en septiembre de la bandera arco iris en El Cairo, en un concierto de Mashrou’ Leila, grupo libanés al que se había prohibido actuar en Jordania poco tiempo antes. Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 76 personas y sometieron a exámenes anales, práctica que constituye tortura, como mínimo a 5.

En algunos países, como Marruecos y Túnez, se detuvo y condenó a personas a prisión en aplicación de leyes que penalizaban las relaciones homosexuales consentidas. En Túnez, aunque la policía sometía a los hombres acusados de relaciones homosexuales a exámenes anales forzados, el gobierno aceptó la recomendación, formulada en el examen periódico universal de la ONU en septiembre, de poner fin a esta práctica. En otros países, como Irán y Arabia Saudí, algunas conductas homosexuales consentidas seguían siendo punibles con la muerte.

Las personas LGBTI sufren una fuerte discriminación, hostigamiento, persecución y violencia en países como Senegal, Ghana, Malawi y Nigeria. En Ghana, el presidente del Parlamento pidió una modificación constitucional para que la homosexualidad fuera considerada ilegal y punible por ley. En Liberia, un hombre detenido en 2016 y acusado de “sodomía voluntaria” en virtud del Código Penal permanecía recluido en espera de juicio.

En Nigeria se denunciaron detenciones, humillaciones públicas, extorsiones y discriminación de personas por su orientación sexual. En una decisión histórica, un Tribunal Superior de Botsuana ordenó al gobierno cambiar la mención relativa al sexo que figuraba en el documento de identidad de una mujer transgénero, y determinó que su negativa a hacerlo no era razonable y conculcaba los derechos de la mujer.

El gobierno de Tanzania prosiguió su represión contra las personas LGBTI: cerró centros de salud y amenazó con anular la inscripción en registro de las organizaciones que prestasen servicios y apoyo a estas personas. El 17 de febrero, la ministra de Salud cerró 40 centros de salud privados, a los que acusó de promover las relaciones homosexuales, un delito punible con hasta 30 años de prisión.

Avances importantes para la comunidad LGBTI

A pesar de que la discriminación contra la comunidad LGBTI se impone en gran parte del mundo, existen lugares donde se ha comenzado a reconocer algunos de sus derechos humanos a través de modificaciones en las legislaciones y el aumento en el grado de tolerancia hacia manifestaciones públicas.

En Japón, aunque la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, reales o percibidas, seguía siendo generalizada, en los municipios hubo ciertos avances. Las autoridades de la ciudad de Osaka reconocieron por primera vez a una pareja homosexual como progenitores de acogida, y dos municipios más avanzaron hacia el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

Por su parte, Taiwán, gracias a un histórico fallo de su más alto tribunal, estaba cerca de convertirse en el primer país asiático que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, dando así un paso importante para los derechos LGBTI. Los jueces resolvieron que la ley taiwanesa sobre el matrimonio era inconstitucional en tanto que discriminaba a las parejas del mismo sexo, y dieron a los parlamentarios un plazo de dos años para reformar o promulgar la legislación pertinente. En consecuencia, el Parlamento de Taiwán estaba estudiando un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo

La Red LGBT rusa organizó una línea telefónica de emergencia y facilitó la evacuación de personas LGBTI a lugares seguros desde Chechenia y otros lugares del Cáucaso Septentrional. En Ucrania se celebró el mayor desfile del Orgullo jamás organizado allí. El Parlamento de Malta aprobó legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y amplió todos los derechos del matrimonio a las parejas homosexuales. Alemania reconoció los derechos del matrimonio a todas las parejas, con independencia del género o la orientación sexual, así como los mismos derechos en materia de adopción que las parejas casadas.

En Portugal, el gobierno presentó al Parlamento un anteproyecto de ley para poner la protección de los derechos de las personas LGBTI en consonancia con las normas internacionales. Ese anteproyecto se estaba examinando al terminar el año. Una de sus propuestas era suprimir el requisito de la evaluación psicológica e introducir el del consentimiento expreso a cualquier tratamiento médico dirigido a determinar el género para las personas intersexuales, niñas y niños incluidos.

El gobierno de Pakistán reconoció a las personas que lo desearan el derecho a registrarse como “tercer sexo” en el documento nacional de identidad, lo que suponía un avance histórico para los derechos de las personas LGBTI. Las personas transgénero fueron reconocidas por primera vez en el censo nacional, por orden del Tribunal Superior de Lahore.