Jueves, 22 de marzo, 2018

Daniela Quinnelle, quien desde los 4 años de edad vive junto a sus padres en la ciudad de Londres, Reino Unido, y llegó a Venezuela en diciembre pasado para visitar a su familia, no ha podido regresar a su país de residencia por la imposibilidad de obtener su cédula de identidad y pasaporte a través del SAIME


El pasado 27 de febrero fue interpuesta una acción de amparo ante el Tribunales de Protección del Niño, Niña y Adolescentes de Caracas con el fin de que el Estado garantice el derecho a Daniela Quinnelle, adolescente venezolana de 13 años, su derecho a obtener sus documentos de identidad y al libre tránsito.

La adolescente, quien desde los 4 años de edad vive junto a sus padres en la ciudad de Londres, Reino Unido, y llegó a Venezuela en diciembre pasado para visitar a su familia, no ha podido regresar a su país de residencia por la imposibilidad de obtener su cédula de identidad y pasaporte a través de Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El pasado 31 de enero la familia consiguió cita para su hija, se dirigieron a una de las oficinas del SAIME en Caracas donde le fue tomado los datos sin el chequeo de huella dactilar, situación que la imposibilita de igual modo a obtener su cédula de identidad y posteriormente su pasaporte. “Al día de hoy ningún personal de SAIME nos han querido atender y ayudarnos a resolver el problema”.

Los argumentos de los funcionarios del SAIME apuntan a que no está disponible el sistema de huella dactilar a nivel nacional, situación que ha obligado a sus padres a postergar el viaje de regreso y a disponer de recursos económicos para mantenerse en Venezuela hasta que se solvente la situación de su hija.

“No obtuvimos ninguna respuesta por parque del SAIME para obtener la cédula de identidad de nuestra hija. Razón por la cual se cambiaron los pasajes”, señaló Daymi Rivas madre de Quinnelle, quien además destacó que cada modificación en la fecha de ida implica el pago de una penalidad y ya no cuentan con los recursos para otra modificación en el itinerario del viaje.

Esta grave situación ha afectado la salud física y psicológica de la adolescente. “Mi hija ha sufrido dolores estomacales y pérdida de cabello. Ella está muy afectada porque se quiere regresar a su casa y aquí se encuentra presa sin poder salir”, dijo su madre. De igual forma, su padre también ha manifestado alteraciones en la salud por el estrés que le ocasiona la incertidumbre no saber cómo solventar el problema de la falta de identificación de su hija y cómo mantenerse en el país sin recursos económicos.

La familia enfatizó en que la adolescente no puede verse afecta en el ejercicio de sus derechos frente a las debilidades de instituciones del Estado. “Es su derecho estar plenamente identificada y salir del país en compañía de sus representantes legales”.

El recurso legal fue interpuesto por sus padres Daymi Rivas Blanco y David Ramírez, ambos venezolanos y residenciados hace más de 10 años en la ciudad de Londres, Reino Unido, representados por Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap).

Dentro del petitorio de la acción de amparo se solicita específicamente lo siguiente:

1. Admita y declare con lugar la presente Acción de Amparo Constitucional;

2. Ordene al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), ciudadano JUAN CARLOS DUGARTE, que cumplan sus deberes según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir, emita la cédula de identidad y pasaporte de nuestra hija de Daniela Alejandra Quinnelle Rivas.

Leyes y pactos internacionales que amparan sus derechos

La interposición de la acción legal destaca la violación de los derechos al libre tránsito y a obtener documentos públicos de identificación contra la adolescente, aspectos plenamente reconocido en los artículos 50 y 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 22 y 39 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Según los artículos de la carta magaña venezolana mencionados toda persona puede (…) cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver; Toda persona tiene derecho (…) a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley.

Además, la constitución reconoce y destaca el hecho de que todo niño y niña es sujeto pleno de derechos, resaltando que es deber del Estado priorizar la garantía de su protección integral, así como adoptar todas las medidas necesarias establecidas en las convenciones y pactos internacionales de los que forma parte en materia infantil.

Como el caso de Daniela Quinnelle, existen muchos otros que no son de conocimiento público pero que, de igual manera, exponen la transgresión de los derechos de niñas y niños por las deficiencias internas en las instituciones del Estado venezolano. Las autoridades deben ser diligentes en la protección de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de la población infantil. 

 

Por Daniela Damiano @amnistia