Venezuela está sumida en una crisis de derechos humanos que ha obligado a un importante y creciente número de personas a emprender el arriesgado viaje a Curazao en busca de seguridad y subsistencia

La última vez que Génesis Vásquez oyó la voz de su esposo,  él estaba a punto de abordar un pequeño bote de madera que navegaría desde Venezuela hasta la cercana isla de Curazao. Sin poder encontrar un trabajo permanente en Venezuela y luchando por mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance esperaba encontrar nuevas oportunidades en el exterior.

"Reza por mí y enciende una vela", le dijo a Génesis, antes de despedirse de ella y unirse a otros 30 pasajeros hacinados en la frágil embarcación.

El barco salió del puerto de San José de la Costa antes del amanecer, pero nunca llegó a Curazao, naufragando el 10 de enero, cerca de la costa sureste de la isla. Las operaciones de búsqueda y rescate lideradas por las autoridades de Curazao se vieron obstaculizadas por la  interrupción temporal del tráfico aéreo y marítimo con la isla, además de Aruba y Bonaire, ordenada unilateralmente el 5 de enero por el gobierno venezolano. Los equipos de rescate encontraron solo cinco cuerpos. La mayoría, incluido Jóvito, siguen desaparecidos.

"Él se fue por nosotros, por nuestros sueños", nos dice Génesis el caluroso día en el que la visitamos en su casa al noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que querían, explica. Ahora todo lo que Génesis puede hacer es esperar noticias, pues sus sueños de una familia están destrozados.

Venezuela está sumida en una crisis de derechos humanos que ha obligado a un importante y creciente número de personas a emprender el arriesgado viaje a Curazao en busca de seguridad y subsistencia. Muchos huyen de la persecución política, tras una ofensiva contra la disidencia que provocó la muerte de al menos 120 manifestantes en el 2017.

Las y los venezolanos están saliendo  porque ya no pueden alimentar a sus familias, debido a la hiperinflación y la escasez de alimentos. Otros parten en busca de servicios de salud o medicamentos que ya no están disponibles en su país. El naufragio en enero fue una señal de cuán desesperada es la situación.

Mientras que la esposa de Jóvito está atrapada en un tortuoso limbo sin noticias del paradero de su esposo, los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, que murió en el hundimiento, tratan de equilibrar su dolor con sus preocupaciones sobre el futuro.

Jeanaury ya había sido deportada antes de Curazao, y le prometió a sus padres que nunca repetiría el arriesgado viaje. Cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuramente, la familia luchó por alimentarlas y Jeanaury decidió regresar a Curazao con la esperanza de encontrar trabajo.

Días después de que se encontró el cuerpo de Jeanaury, su madre se paseaba por la casa familiar en la ciudad costera de La Vela de Coro con las gemelas en sus brazos. Se he hecho cada vez más difícil encontrar leche o fórmula para las niñas. El padre de Jeanaury miraba al suelo mientras nos explicaba que su salario como camionero ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Las fotos de Jeanaury cuelgan de las paredes de la sala; pasarían otras dos semanas antes de que su cuerpo fuese repatriado.

Mientras las familias como las de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las rutas que salen de Venezuela se han hecho cada vez más inaccesibles. Los costos de los vuelos o incluso de los viajes por tierra son prohibitivos para la mayoría de las personas, mientras que el cierre intermitente de las fronteras ha llevado a la aparición de rutas clandestinas peligrosas controladas por contrabandistas. Las mujeres, los niños, los adolescentes y las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a las preocupaciones sobre salud y seguridad.

Muchos países vecinos carecen de sistemas de asilo para apoyar la llegada de los venezolanos en necesidad de protección, y una serie de controles de inmigración impuestos en los últimos años indica que se han vuelto más estrictos con esta población. En 2016, la gobernadora de Curazao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que alegaba que casi todos los que llegaban de Venezuela venían "de las áreas delictivas, trabajo ilegal [...] y prostitución".

Aún así, la gente continúa saliendo, dispuesta a arriesgarse a la discriminación y al peligroso viaje por la necesidad de sobrevivir y tener la oportunidad de una vida más segura. De 2014 a 2017, más de 133,000 personas de Venezuela solicitaron asilo en otros países del mundo, mientras que otras 350,000 solicitaron un estatus legal alternativo en el extranjero, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La familia Razz de La Vela de Coro sabe muy bien lo que  puede llegar a ser uno de los viajes más peligrosos para salir de Venezuela. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el fatal hundimiento el 10 de enero, y su hermana Nereida, de 31 años, está esperando noticias de su esposo Oliver, quien todavía está desaparecido. Ambos hombres viajaban a Curazao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias.

Normelys recuerda su última llamada telefónica con su marido Danny antes de zarpar.

"Me dijo: 'Dile a mis hijas que las amo, adónde voy a ir, estaré bien. No estés triste'. Su voz era la de alguien que se despide".

Danny había estado en Curazao ya dos veces, incluso había ahorrado suficiente dinero para abrir un negocio de moto taxi en Venezuela. Pero los problemas financieros en curso lo llevaron a regresar. Es común que aquellos que llegan a Curazao sean arrestados y deportados, y que hagan intentos repetidos para llegar a la isla.

Una tercera hermana Razz, Neyra, de 26 años, pasó dos meses viviendo en la isla sin papeles en el 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero el temor a las redadas policiales era constante. Eventualmente la arrestaron, la detuvieron durante dos semanas y la enviaron a Venezuela.

Al igual que muchas personas, Neyra había ido a Curazao con la esperanza de comprar insumos básicos como alimentos y medicinas que ya no están disponibles en Venezuela. Rápidamente descubrió que las cosas no eran fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.

"Mi vida allí fue horrible", dice Neyra. "Quería traer medicamentos, alimentos, pero no te permiten comprar medicamentos, incluso con registros médicos. Te sientes totalmente impotente".

Venezuela ha ignorado los llamamientos internacionales para abordar las causas de la crisis de derechos humanos que obliga a las personas a partir  y se niega a aceptar la cooperación internacional que necesita para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. En cambio, el gobierno adopta medidas represivas contra quienes protestan esta situación, haciendo la vida insoportable para quienes se quedan.

El estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los venezolanos, mientras que la comunidad internacional debe brindarle a Venezuela el apoyo para hacerlo.

Los países vecinos comparten la responsabilidad de proponer soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido a los Estados implementar mecanismos para la protección y el trato humano de los migrantes y refugiados. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero es necesario hacer mucho más para evitar futuras tragedias.

Dos meses después del naufragio, las familias de los desaparecidos siguen instando a las autoridades venezolanas y de Curazao a mantener la búsqueda de los desaparecidos y a realizar las pruebas de ADN de los cuerpos ya encontrados. Pero dicen que sus llamadas han sido recibidas con silencio.

"Venezuela no está bien", dice Nereida Razz. No ha habido noticias de su esposo Oliver. Pero aunque está desconsolada, Nereida entiende por qué OIiver tuvo que irse:

"Se fue en busca de algo mejor, porque vivir de esta manera te rompe el corazón".

Por Carolina Jiménez y Alicia Moncada de Amnistía Internacional

Este artículo fue originalmente publicado en inglés por The Washington Post