Viernes, 20 de abril, 2018

Los y las activistas de los derechos sobre la tierra son blanco de violencia y otros abusos. Varias empresas nacionales y transnacionales tratan de hacerse con el control de la tierra y el territorio de grupos que incluyen a pueblos indígenas y campesinos en países como Perú, Honduras y Nicaragua


En muchos países del mundo, los pueblos indígenas sufren discriminación y siguen viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban. Los y las activistas de los derechos sobre la tierra son blanco de violencia y otros abusos.

Varias empresas nacionales y transnacionales tratan de hacerse con el control de la tierra y el territorio de grupos que incluyen a pueblos indígenas y campesinos en países como Perú, Honduras y Nicaragua.  

Las Américas

En Perú se promulgan nuevas leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavan su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú que confirma la absolución de la defensora de los derechos humanos Máxima Acuña Atalaya, tras cinco años de procedimientos judiciales infundados por usurpación de tierras, lo que marca un hito para los defensores y defensoras medioambientales.

En Ecuador se sigue violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluyen intrusiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoce la falta de consultas previas con el pueblo indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se ha visto negativamente afectado por la actividad minera.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala, y especialmente quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, afrontan constantes amenazas y ataques y son objeto de campañas difamatorias. Asimismo, con frecuencia se hace un uso indebido del sistema de justicia para atacar, hostigar y silenciar a quienes defendían los derechos humanos.

Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defendían los derechos humanos, especialmente para quienes trabajan en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas personas son objeto de acciones de agentes tanto estatales como no estatales, sufren campañas difamatorias que desprestigian su labor y sufren de manera habitual intimidación, amenazas y ataques.

La mayoría de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedan impunes. Apenas se avanza en la investigación del asesinato de la defensora medioambiental indígena Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Desde su asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras habían sido objeto de hostigamiento y amenazas.

Hay un incremento en el número de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacían campaña en favor del proceso de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, casi 100 defensores y defensoras han sido víctimas de homicidio.

El asesinato de Gerson Acosta (líder del cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, que recibió varios disparos al abandonar una reunión comunitaria) ilustra de manera trágica la ineficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para proteger la vida y la seguridad de líderes comunitarios y otros integrantes de los pueblos indígenas.

Se sigue criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades emplean procedimientos penales para hostigarlos; hay denuncias de ataques policiales, que incluyen palizas e intimidación. Rafael Nahuel, de la comunidad Mapuche, murió de manera violenta en noviembre durante un desalojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.

En enero, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), una policía federal militarizada, ha cerrado todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut.

En Brasil, varios conflictos sobre la tierra e invasiones de territorios de pueblos indígenas por parte de madereros y mineros ilegales tienen como consecuencia ataques violentos contra comunidades indígenas. 62 defensores y defensoras han sido víctimas de homicidio entre enero y septiembre, lo cual supone un aumento en relación con el año anterior. La mayoría muere en el contexto de conflictos por la tierra y los recursos naturales.

El 20 de abril, al menos nueve hombres mueren y otras personas resultan heridas en Colniza, en el estado de Mato Grosso, cuando unos hombres armados atacan a trabajadores rurales en el asentamiento de Taquaruçu do Norte. Siguiendo una tendencia iniciada 10 años atrás, persisten los ataques frecuentes y violentos por parte de hombres armados a sueldo de latifundistas y de madereros ilegales.

En Chile, Rodrigo Mundaca y otros líderes del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) en la provincia de Petorca reciben amenazas de muerte. Hay una investigación en curso sobre el acoso y la intimidación a los que se ha sometido durante varios años a los líderes de esta organización.

En Paraguay, han comenzado las negociaciones entre el gobierno y representantes de los pueblos indígenas ayoreo totobiegosode que viven en aislamiento voluntario, con miras a aplicar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a dichas comunidades de terceros que intentasen acceder a sus tierras ancestrales, y para alcanzar un acuerdo de solución amistosa en un caso pendiente ante la CIDH por la violación de los derechos de estos pueblos indígenas.

Además, la Cámara de Diputados mantiene el veto del ejecutivo a un proyecto de ley que expropiaría 900 hectáreas de tierra a sus ocupantes para devolvérselas a la comunidad campesina guahory, desalojada a la fuerza en 2016.

Europa

Persisten las definiciones jurídicas imprecisas del terrorismo y la aplicación indebida de la legislación antiterrorista a un amplio grupo de personas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas ambientales, periodistas y personas refugiadas y migrantes, de forma notable en Turquía, aunque también en el resto de Europa Occidental.

Oceanía

En Australia, el sistema de justicia sigue sin proteger a la población indígena, en particular a los niños y niñas; la tasa de encarcelación es alta, y se denuncian abusos y muertes bajo custodia. Se han filtrado imágenes de vídeo que revelan que en el Territorio del Norte se infligen malos tratos a niños y niñas indígenas, como rociarlos con gas lacrimógeno o someterlos a técnicas de inmovilización, asfixia y reclusión en régimen de aislamiento.

África

En Egipto, activistas nubios protestan para pedir a las autoridades la derogación de un decreto presidencial de 2014 que clasifican 16 localidades situadas en tierras ancestrales nubias como zonas militares y prohíben a sus habitantes vivir en ellas.

En la región de Ecuatoria de Sudán del Sur, en la que anteriormente había abundancia de alimentos, las fuerzas del gobierno y de la oposición restringen el acceso de la población civil a los alimentos como forma de controlar sus movimientos u obligarla a abandonar sus hogares y tierras. Quienes se quedaron se enfrentan a una grave escasez de alimentos, y los niveles de desnutrición aumentan. En todo el país, los desplazamientos y la amenaza de violencia afectan a la agricultura e impidieron que la población civil cuidara el ganado o recibiera ayuda alimentaria suficiente y sostenida.

En junio, después de 10 meses de detención en espera de juicio acusado de organizar una protesta que degeneró en violencia, en Madagascar, el activista medioambiental Clovis Razafimalala fue excarcelado de la prisión de Tamatave. En julio, el tribunal de Tamatave le impuso una condena condicional de cinco años de prisión.

Asia

En febrero, Tep Vanny, destacada activista en favor del derecho a la tierra de la comunidad del lago Boeung Kak, en Camboya, fue declarada culpable de “actos deliberados de violencia con agravantes” en relación con una protesta de 2013 y condenada a dos años y seis meses de prisión. En diciembre, el Tribunal Supremo confirma la condena de seis meses de prisión impuesta a Tep Vanny y a otras dos mujeres de la comunidad por una protesta en 2011.

En India se han cometido más de 6.500 delitos contra miembros de las tribus reconocidas en la Constitución. Las comunidades indígenas adivasis continúan siendo desplazadas por proyectos industriales. En aplicación de una ley especial, el gobierno adquiere tierras para la explotación de yacimientos de carbón, sin pedir el consentimiento libre, previo e informado de la población adivasi.

En Vietnam hay al menos 98 personas detenidas o encarceladas por motivos de conciencia, lo que supone un incremento con respecto a años anteriores. Entre ellas figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos que se dedican a cuestiones relacionadas con la tierra o a asuntos laborales, activistas políticos, fieles de diferentes religiones y miembros de minorías étnicas.

Medio Oriente

En Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, las autoridades israelíes aprobaron la denominada “ley de regularización”, que legalizó con carácter retroactivo la apropiación por colonos de miles de hectáreas de tierras palestinas de propiedad privada y alrededor de 4.500 viviendas de colonos. Además, anunciaron y sacaron a concurso decenas de miles de nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

Avances jurídicos

En septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoce la falta de consulta previa al pueblo indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se había visto negativamente afectado por las actividades de la mina de San Rafael Las Flores.

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena a Guatemala proteger los derechos de unas 400 personas, entre ellas niños, niñas y personas de edad avanzada, varadas en condiciones insalubres en la frontera norte con México.

En Francia entra en vigor una ley que impone un “deber de vigilancia” a las grandes empresas, obligándolas a establecer y aplicar un “plan de vigilancia” para prevenir abusos graves contra los derechos humanos y daños medioambientales que pudieran producirse como consecuencia directa o indirecta de sus propias actividades y de las actividades de sus empresas subsidiarias y otros socios empresariales.

El gobierno de Ghana ha puesto en marcha un proyecto de cinco años de duración para proporcionar a los mineros ilegales medios de vida alternativos en el sector minero legal. Más de 300 personas están detenidas por presunta extracción ilegal de oro, y una persona murió por disparos de la policía durante las detenciones. Todavía no se ha publicado ningún informe oficial sobre esta muerte.