Martes, 19 de junio, 2018

El  asesinato de Rubi Mori el 3 de junio del 2017, pone de relieve la violencia extrema a la que están expuestas muchas mujeres trans de República Dominicana, por ende existe la necesidad de que se refuerce la protección legal a los grupos discriminados.


Amnistía Internacional se encuentra preocupada por la situación de las personas trans, tanto por tratarse de un colectivo que es objeto de las formas más graves de violencia, como por las dificultades que tienen para que se reconozca legalmente su género sentido.

Según el Observatorio Trans de Personas Asesinadas, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2016, se registraron 2.343 homicidios de personas trans, de los que 1.834 se produjeron sólo en América Central y del Sur. El último asesinato se producía en República Dominicana, donde Jessica Rubi Mori era brutalmente asesinada el pasado 3 de junio del 2017.

"El horroroso asesinato de Jessica Rubi Mori es un trágico recordatorio de que las autoridades dominicanas deben tomar medidas más firmes para erradicar la discriminación, incluida la basada en la identidad de género y la orientación sexual", afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

El cuerpo de Jessica Rubi Mori (cuyo nombre legal era Elvis Guerrero), trabajadora sexual transgénero y activista de la organización comunitaria Este Amor, fue encontrado descuartizado el 3 de junio de 2017 en un terreno baldío del municipio de Higüey, en el este del país. Los medios de comunicación han informado de la detención de un sospechoso.

Según Cristian King, director ejecutivo de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), hasta la fecha sólo han sido declaradas culpables cuatro personas en los 38 casos de homicidio de mujeres transgénero que ha documentado la organización desde 2006. King dijo a Amnistía Internacional que su organización trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República en casos recientes.

Las organizaciones LGBTI dominicanas llevan tiempo pidiendo una ley sobre identidad de género para proteger los derechos de las personas transgénero, recordó Amnistía Internacional.

En el 2016 se elaboró una propuesta de Ley Antidiscriminación para abordar la arraigada e histórica discriminación que afecta a numerosos grupos del país, sobre todo la basada en la identidad de género, la orientación sexual y la etnia, entre otras categorías. El proyecto de ley aún no ha sido presentado al Congreso.

“Las autoridades dominicanas deben seguir trabajando con los grupos de la sociedad civil para dar efecto a estas propuestas. Este crimen debe investigarse de forma independiente e imparcial. Las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para descubrir cualquier motivación potencialmente discriminatoria del crimen.”

Según un estudio de la coalición Comunidades Vulnerables del Caribe (CVC) publicado en 2012, en la República Dominicana menos del 35% de trabajadoras sexuales transgénero han terminado la enseñanza secundaria. Expulsadas de la educación, muchas empiezan a ejercer el comercio sexual con tan sólo 16 años. Esta exclusión social temprana las lleva a la pobreza y a sufrir más violencia. Las personas transgénero suelen verse empujadas a hacer trabajo sexual, en un contexto de criminalización, lo que las expone más aún a sufrir abusos policiales y detenciones arbitrarias.

El estudio halló asimismo que el 80% de las mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual consideraba que estaban más discriminadas por ser trans que por ser trabajadoras sexuales. Más del 35% de las mujeres transgénero que se dedican al trabajo sexual había sufrido violencia física mientras caminaban por la calle, más del 40% la había sufrido de manos de sus clientes y más del 20%, de su pareja. El 80% habían sido arrestadas o detenidas al menos una vez, y el 36% habían mantenido relaciones sexuales con policías para evitar la detención.

El terrible asesinato de Rubi Mori en la República Dominicana, pone de relieve la violencia a la que están expuestas muchas mujeres trans del país. Desde Amnistía Internacional manifestamos la necesidad de que se refuerce la protección legal a los grupos discriminados.