Martes, 23 de octubre, 2018

Amnistía Internacional publicó en su Informe Anual 2017-2018 las vulneraciones al derecho al acceso a la información, así como las consecuencias que esta acción tiene en áreas de la vida como la salud sexual y reproductiva, la discriminación y la libertad de expresión


En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra la erradicación de la pobreza. Para ello, el organismo destaca que la utilización de las nuevas tecnologías de la información puede permitir que los Estados y la sociedad actúen eficazmente para solventar los problemas que existan.

Amnistía Internacional publicó en su Informe Anual 2017-2018 las vulneraciones al derecho al acceso a la información, así como las consecuencias que esta acción tiene en áreas de la vida como la salud sexual y reproductiva, la discriminación y la libertad de expresión.

América

Venezuela: Amnistía Internacional Venezuela señaló en el sitio web Salida De Emergencia que el Estado no ha proporcionado información transparentada en materia de salud pública desde diciembre de 2016, pese a que diferentes organizaciones de la sociedad civil han declarado que en el país se vive una emergencia humanitaria compleja.

La falta de disponibilidad de datos actualizados hace que sea imposible evaluar el alcance total de los problemas de salud que enfrenta la población, y supone además un riesgo para la salud pública de otros países en la región.

Las organizaciones civiles y los gremios médicos, cifran el desabasto de medicamentos en el país entre un 80 y 90%, un colapso hospitalario de más del 50%, y una disminución del personal médico de también el 50% en los centros de salud públicos, que suponen el 90 % de los entes prestadores de servicios.

Estados Unidos: El gobierno implementó la denominada “regla de la mordaza global”, que prohibía cualquier tipo de asistencia financiera estadounidense a hospitales u organizaciones que facilitaran información sobre abortos seguros y legales o proporcionaran acceso a éstos.

El Departamento de Justicia había presentado una propuesta para crear un sistema de seguimiento de esas muertes en virtud de la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, pero la medida no era obligatoria para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que podría ocurrir que el número de casos registrados fuera inferior al real. No se difundió información sobre si el proceso de registro se había puesto en marcha durante el año.

Bolivia: El 6 de febrero, los líderes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tomaron durante varias horas la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la capital, La Paz, y exigieron la destitución de su presidenta. La toma para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno información sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por estas organizaciones. Tal solicitud se había hecho en nombre de pueblos  indígenas en aislamiento voluntario alegando que su supervivencia estaría en peligro si se concretaba la propuesta de extracción petrolera en sus territorios.

Cuba: Tras décadas de censura tradicional, no relacionada con Internet, se impusieron restricciones indebidas al acceso a la información y la libertad de expresión en línea, lo que debilitaba los avances de Cuba en materia de educación.

México: La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4.390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial. Las autoridades federales no anunciaron la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con el delito de tortura.

Uruguay: El Sistema de Monitoreo de  Recomendaciones (Simore), que desde diciembre de 2016 había recopilado información sobre la implementación por parte de Uruguay de las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, todavía no contaba con un mecanismo efectivo de participación de la sociedad civil. Aún no se había desplegado en su totalidad la Red Interinstitucional para la Elaboración de Informes y Seguimiento de la Implementación de Recomendaciones y Observaciones en Materia de Derechos Humanos, creada también en 2016.

La tasa de embarazo de niñas y adolescentes seguía siendo elevada debido, en parte, a la ausencia de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y de información para prevenir los embarazos no deseados.

Europa

Polonia: El 4 de octubre, un día después de una protesta nacional contra las restrictivas políticas sobre el aborto, la policía llevó a cabo registros simultáneos en cuatro sedes de ONG de defensa de los derechos de las mujeres que habían apoyado la acción, situadas en ciudades diferentes. La policía confiscó discos duros y datos informáticos, incluidas bases de datos con información sobre particulares, así como informes médicos de víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Reino Unido: Seguían pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actuaciones relativas a la legalidad del régimen de vigilancia masiva y de las prácticas de intercambio de información secreta anteriores a la Ley de Poderes de Investigación, presentadas por Amnistía Internacional y otros demandantes. Al terminar el año no se había dictado aún sentencia.

Rusia: En mayo, el presidente aprobó la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información para 2017-2030, que establecía la “prioridad de los valores espirituales y éticos tradicionales rusos” en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se amplió aún más la legislación contra el extremismo, que se utilizó de forma arbitraria contra los discursos amparados por la libertad de expresión. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial mostró su preocupación por el uso de dicha legislación para silenciar a personas pertenecientes a grupos vulnerables a la discriminación y reiteró su recomendación de que se incluyera en la legislación una definición jurídica clara de extremismo y se abandonara la lista federal de material de contenido extremista.

Armenia: El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la falta de datos sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por los grupos minoritarios y las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Igualmente, expresó su preocupación por la falta de información disponible sobre pequeños grupos étnicos minoritarios, como los lom (también llamados bosha) y los molokans, y solicitó a las autoridades que recopilaran datos sobre indicadores económicos y sociales desglosados por etnia, nacionalidad y país de origen.

África

Angola: Con el propósito de silenciar las voces críticas, sobre todo de periodistas e intelectuales, las autoridades utilizaron la legislación sobre difamación y otras leyes para restringir la libertad de expresión y el acceso a la información

Eritrea: En un contexto de escasa información sobre la suerte que corrían las personas expulsadas a través de la frontera sudanesa, se tuvo noticia de que 30 habían sido expulsadas  desde la ciudad de Kassala (en el este de Sudán) tras haber sido acusadas de entrar ilegalmente en el país.

Sudáfrica: El gobierno no abordó la negativa de los profesionales de atención de la salud a prestar servicios de aborto y facilitar información sobre el emplazamiento de esos servicios, en contra de las normas internacionales de derechos humanos. La falta de acceso a información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos —lo que incluía cómo y dónde acceder a servicios de aborto legal— y las desigualdades en el acceso a esos servicios que sufrían los grupos marginados de mujeres y niñas agravaban las barreras existentes para el aborto sin riesgos.

Tanzania: El 31 de octubre, Zitto Kabwe fue detenido de nuevo por la policía por difundir presuntamente estadísticas falsas sobre las cifras de crecimiento económico nacional. Según la sección 37.5 de la Ley de Estadísticas de 2017, cometen delito los organismos o personas que publiquen o comuniquen información estadística oficial que pueda dar lugar a la distorsión de datos. La sanción por esta infracción podía ser una multa, prisión por un periodo mínimo de tres años, o ambas penas. Zitto Kabwe quedó en libertad sin cargos el 31 de octubre.

Medio Oriente

Irán: El Parlamento aprobó en octubre una ley que imponía severas restricciones a la difusión de información sobre métodos anticonceptivos. Las mujeres tenían acceso limitado a métodos anticonceptivos modernos y asequibles, puesto que las autoridades no habían restablecido el presupuesto para programas estatales de planificación familiar, recortado en 2012.

Kuwait: En septiembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que se garantizara a todas las personas bidun el acceso a unos servicios sociales adecuados y a la educación en condiciones de igualdad con los ciudadanos kuwaitíes y que, en su próximo informe periódico, Kuwait facilitara información sobre el acceso a la educación de los bidun.

Uzbekistán: Las autoridades permitieron la publicación de algunas informaciones críticas en los medios de comunicación y pusieron en libertad a varios presos condenados por cargos de motivación política. Sin embargo, el gobierno mantuvo un control firme sobre el acceso a la información.

Asia

Camboya: Camboya no presentó el informe, que debía haber presentado en octubre, sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en 2013 por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ni proporcionó la información solicitada relativa a la violencia sexual y de género, en particular en cuanto a la reparación y la protección para las víctimas.

China: En marzo, el presidente del Tribunal Supremo Popular anunció que, durante los últimos 10 años, desde que el tribunal recuperara la facultad de revisar y aprobar todas las condenas a muerte, la pena capital “se había controlado estrictamente y empleado con prudencia” y sólo se aplicaba “a un número muy reducido de personas responsables de delitos de extrema gravedad”. Sin embargo, el gobierno continuaba ocultando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte, pese a que los órganos de la ONU y la comunidad internacional llevaban más de 40 años pidiendo más información.

Corea del Norte: El gobierno siguió restringiendo severamente el intercambio de información entre la población norcoreana y el resto del mundo. Todos los servicios de telecomunicaciones, postales y de radiodifusión continuaban siendo de propiedad estatal, y no había periódicos, otros medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil que fueran independientes.

Tailandia: Tanto las autoridades gubernamentales como empresas privadas presentaron cargos penales por difamación contra activistas, periodistas y trabajadores por haber divulgado información sobre violaciones de derechos, cuestiones medioambientales o conducta indebida de funcionarios públicos.

Pocos avances

Ghana: En mayo, la ministra de Género, Infancia y Protección Social puso en marcha una estrategia para el periodo comprendido entre2017 y 2026 a fin de abordar el problema del matrimonio precoz. Algunas regiones se veían desproporcionadamente afectadas por el matrimonio prematuro, y el 34% de las niñas en el norte de Ghana se casaban antes de cumplir 18 años. La estrategia incluía acelerar el acceso a una educación de calidad, y a información y servicios de salud sexual y reproductiva, así como aplicar los marcos jurídicos y de política existentes en relación con el matrimonio infantil.

Irlanda: El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa señaló la información sobre los posibles efectos negativos que penalizar la compra de servicios sexuales tenía para las víctimas de trata. El Grupo pidió a Irlanda que examinara tales efectos en la identificación, protección y asistencia de las víctimas de trata, así como en el enjuiciamiento de los tratantes de seres humanos.