A pesar de que se declaró no culpable, Asim Omar fue detenido y condenado a muerte por ser acusado de matar a un policía durante las protestas de la Universidad de Jartum en mayo de 2016.

En abril de 2016 ocurrieron unas protestas en la Universidad de Jartum y al mes siguiente, en mayo, detuvieron a Asim Omar, acusándolo de matar a un policía en el contexto de estas protestas. A pesar de que Asim no se declaró culpable, el 24 de septiembre de 2017 se dictó contra él una sentencia condenatoria y fue condenado a muerte.

Tras recurrir contra la condena, el juez ordenó un nuevo juicio de su caso en agosto de 2018, sin embargo, Asim alega que sufrió graves abusos mientras estuvo en prisión, fue sometido a palizas brutales y terribles lesiones en una pierna, en los testículos y en los oídos, todo ello imposibilitó que pudiese asistir a una de las sesiones.

En el último juicio se declaró como “no culpable"; condenado originalmente a muerte por matar supuestamente a un agente de policía durante unas protestas en 2016, lo que supone una victoria para él.

“Nos sumamos a la familia de Asim en la celebración de esta buena nueva, que representa un enorme alivio después de que fuera condenado originalmente a muerte por un delito que no había cometido" Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

A pesar de la libertad de Asim, las autoridades deben realizar una investigación independiente y efectiva sobre las denuncias de que fue torturado en prisión, sólo así se estará haciendo justicia cuando los funcionarios responsables de los malos tratos a que fue sometido rindan cuentas de sus actos y se le proporcione el resarcimiento debido por sus lesiones y encarcelamiento.

"Aunque Asim ha sido absuelto, sólo se hará justicia de verdad cuando los funcionarios responsables de los malos tratos a que fue sometido rindan cuentas de sus actos. 

Según Joan Nyanyuki, directora de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos "Las autoridades sudanesas deben revisar las leyes que permiten la tortura y los malos tratos de las personas detenidas, sobre todo a manos de los Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía”.