Lunes, 02 de septiembre, 2019

“Finlandia es un modelo para la igualdad de género en muchos aspectos, pero sus anticuadas leyes sobre violación están fallándoles gravemente a las mujeres. La definición de violación en la legislación finlandesa, que se basa en la violencia física y la incapacidad, está desfasada y disuade de denunciar a las sobrevivientes de violencia sexual, que se merecen leyes que las protejan, vías para obtener justicia y que sus derechos humanos sean respetados a lo largo de todo el proceso", declaró Anna Blus, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las mujeres en Europa


Tras la publicación hoy de un nuevo informe del Consejo de Europa que concluye que Finlandia les está fallando a las sobrevivientes de violación, Anna Blus, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las mujeres en Europa, ha declarado:

“Finlandia es un modelo para la igualdad de género en muchos aspectos, pero sus anticuadas leyes sobre violación están fallándoles gravemente a las mujeres. La definición de violación en la legislación finlandesa, que se basa en la violencia física y la incapacidad, está desfasada y disuade de denunciar a las sobrevivientes de violencia sexual, que se merecen leyes que las protejan, vías para obtener justicia y que sus derechos humanos sean respetados a lo largo de todo el proceso".

El nuevo informe ha sido elaborado por el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), que vigila la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

Según este tratado de derechos humanos, la violación y todos los demás actos de naturaleza sexual no consentidos deben ser considerados delito. Sin embargo, las leyes de Finlandia siguen sin definir la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento. En vez de ello, utilizan una definición basada en si hubo violencia física o amenazas de violencia, o en si se determina que la víctima fue incapaz de oponer resistencia debido, por ejemplo, a que estaba dormida o presentaba un elevado grado de intoxicación.

La ministra de Justicia finlandesa ha creado recientemente un grupo de trabajo para la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal. Se prevé que el grupo presente sus recomendaciones a finales de mayo de 2020.

“Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta iniciativa, pero es fundamental que los cambios respondan a las necesidades de las víctimas cuyo clamor de justicia no se está escuchando. Sólo de esta forma sus derechos estarán plenamente protegidos”, ha subrayado Anna Blus.

Información complementaria

En Finlandia, cada año unas 50.000 mujeres sufren violencia sexual, incluida violación. La mayoría de los responsables de estos delitos nunca son llevados ante la justicia. En 2017, sólo se dictaron 209 sentencias condenatorias por violación.

En un informe publicado en abril de 2019, Amnistía Internacional ya alertó del elevado grado de impunidad de la violencia sexual en Finlandia y de la falta de respuesta estatal ante los delitos sexuales. Las supervivientes contaron a Amnistía Internacional que la falta de comprensión era reflejo de unos mitos profundamente arraigados sobre la violación y la sexualidad femenina que repercuten de forma directa en su acceso a la justicia.

Sólo nueve de los 31 países del Espacio Económico Europeo tienen leyes que definen como violación las relaciones sexuales sin consentimiento.. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos europeos que refuercen sus leyes sobre violación y garanticen una educación sexual adecuada y otras medidas para evitar la violación y otros actos de violencia sexual y cuestionar los mitos sobre la violación que obstaculizan el acceso de las sobrevivientes a la justicia, aumentando la sensibilización y formando a la policía y a la fiscalía.

Los expertos del GREVIO criticaron también a Finlandia por las pocas sentencias condenatorias dictadas por violación y la poca dureza de las penas impuestas, especialmente en los casos de delitos sexuales contra niños y niñas y cuando el delito sexual se ha cometido abusando de la posición de autoridad del perpetrador sobre la víctima. También criticaron que la probabilidad de una sentencia condenatoria desciende radicalmente si la víctima no denuncia a la policía el delito sexual de inmediato, sino transcurridos unos días, algo que también señalaba Amnistía Internacional en su investigación.