El Estado de Derecho es un requisito sine qua non para la existencia de la seguridad ciudadana, donde lo órganos de seguridad del Estado actúan apegados al imperio de la ley y los programas y políticas públicas de gobierno se corresponden a los estándares de derechos humanos, lográndose exteriorizar cuando los índices de homicidios son bajos, hay confiabilidad de los ciudadanos en las instituciones, prosperidad económica, empleo y las personas ejecutan sus proyectos de vida

El Estado, como ente en el que se organiza la sociedad bajo un gobierno, sobre un territorio determinado, está en la obligación de cumplir un conjunto de cometidos esenciales que le permiten al ciudadano vivir y desenvolverse con la mayor armonía posible. Uno de los principales fines del Derecho es la seguridad jurídica y el Estado a su vez debe conservar el orden público y mantener la paz social, pues este como soberano responsable es quien tiene el monopolio de la fuerza pública para usarla de manera justificada y quien crea leyes para lograrlo.

La búsqueda de la tranquilidad, paz y un entorno que le permita vivir con seguridad al ciudadano, es por su parte consecuencia de la violencia que desde hace tiempo ha experimentado la humanidad y es una de las grandes demandas de la sociedad al Estado. Ahora bien, el ambiente propicio para garantizar la seguridad jurídica y la seguridad en su sentido más amplio, no es otro que el Estado de Derecho donde rige el principio de legalidad  que delimita el marco de actuación de los funcionarios públicos que se encarga de preservar la seguridad de los ciudadanos, se reconocen y respetan los derechos humanos y existe la democracia como sistema político que permite controlar el poder.

Por otra parte, la seguridad ciudadana para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es concebida como:

(...) aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales[1].

Es decir, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana que es “ausencia de temor y ausencia de carencias”[2]  y parte fundamental de la seguridad jurídica, pues en la seguridad ciudadana como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las personas deben tener certeza de que sus derechos o bienes jurídicos no serán vulnerados o que si lo fueren por causa de violencia estatal o no estatal, el Estado les asegura protección y reparación.

El derecho a la seguridad ciudadana a su vez está estrechamente vinculado, en primer lugar, al derecho humano a la libertad  de la persona, pues estos aparecen estrechamente relacionados en la mayoría de las constituciones posteriores a la Revolución Francesa y ninguno de los conceptos se basta a sí mismo. En segundo lugar, a la estabilidad y correcto funcionamiento de las instituciones públicas que realizan el Estado de Derecho. En tercer lugar, en la seguridad y estabilidad del derecho que vincula y organiza las relaciones entre las personas y entre éstas y los bienes[3].

Por otra parte, no hay seguridad ciudadana cuando hay delincuencia, violencia y crimen organizado, los cuales son problemas que afectan gravemente a América Latina, pues usando como indicador la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de una determinada sociedad (por disponer de cifras relativamente más confiables que otros) esta región como señala el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2019, es una de las más afectadas del mundo con un promedio anual de 17,2 por cada 100.000 habitantes, casi el triple del promedio mundial y casi seis veces más que Europa.

Centroamérica con 25,9, Sudamérica con 24,2 y el Caribe con 15,1 son subregiones con tasas de homicidios muy altas en el mundo. Asimismo, los únicos 4 países con tasas de homicidios de más de 40 personas por cada 100.000 habitantes en América Latina y gran parte del mundo son: 1) El Salvador con 62,1, 2) Venezuela con 57, 3) Jamaica con 57 y 4) Honduras con 41,7[4].

Resulta preocupante además que desde el 2009 entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68.9/100.000. Para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89.7/100.000[5].

Estos elementos aunados a la fragilidad de las instituciones hacen que la seguridad ciudadana sea infringida o menoscaba por el Estado, por acción u omisión, ya que gran parte de los países con mayores índices de violencia por lo general sufren un gran déficit en cuanto a Estado de Derecho se refiere, al no garantizar un ambiente ideal donde los ciudadanos puedan gozar de tranquilidad y ejecutar sus proyectos de vida, lo que se traduce en baja confianza de la sociedad hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial. Bajo esta idea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala:

El sistema democrático y la vigencia del estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos. El estado de derecho a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos implica el buen funcionamiento del Estado, y el cumplimiento efectivo y equitativo de sus responsabilidades en materia de justicia, seguridad, educación o salud. En definitiva, el estado de derecho implica pleno respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de los Estados garantizando que se acceda a mejores y mayores formas de protección de los valores de la dignidad humana[6].

Históricamente, las políticas públicas de seguridad ciudadana implementadas en numerosos Estados de las Américas se han caracterizado generalmente por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria, lo que se denomina en la doctrina como “violencia institucional” y que se desvincula de la seguridad al servicio del ciudadano.

Por estas razones, el Estado de Derecho es un requisito sine qua non para la existencia de la seguridad ciudadana, donde lo órganos de seguridad del Estado actúan apegados al imperio de la ley y los programas y políticas públicas de gobierno se corresponden a los estándares de derechos humanos, lográndose exteriorizar cuando los índices de homicidios son bajos, hay confiabilidad de los ciudadanos en las instituciones, prosperidad económica, empleo y las personas ejecutan sus proyectos de vida.