Venezuela: Violencia criminal y de Estado contra las mujeres indígenas al sur del Orinoco

Por: Andrea Pacheco

La minería es una actividad masculinizada y en este contexto se producen formas de violencia y explotación dramáticas como: prostitución, trata de mujeres para las minas, trabajo semi-esclavo; migración forzada, femicidios, violencia en aumento, embarazo adolescente, entre otras.

La preminencia de las poblaciones indígenas del país retrata una distribución geográfica relacionada directamente con procesos extractivistas, tales como, el Arco Minero del Orinoco.

La conflictividad en esa zona se ha visto agudizada no solo por la Emergencia Humanitaria Compleja, sino por el plan macroeconómico del Estado que ha reconfigurado la explotación del territorio nacional, seccionándolo en las llamadas Zonas Económicas Especiales. Esto sumado a la implementación del plan denominado ¨15 Motores Económicos¨ que se formalizó en el año 2014 y que ha afianzado la lógica extractivista en detrimento de los bienes naturales y su explotación descontrolada.

Mundialmente, las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y, muy particularmente, las de estas mujeres se inscriben dentro de ciertos patrones que acentúan las desigualdades y afectan de manera negativa los indicadores de mortalidad, educación formal, esperanza de vida, entre otros.

La necesidad de incluir la especificidad de la población femenina indígena en estos contextos, evidencia el  enfoque de interseccionalidad, incluyendo la cosmovisión de las mujeres racializadas frente a un estereotipo universal en su carácter criollo/ urbano. Esto configura la dinámica y las múltiples opresiones entre el sexo, el género, la clase, la raza y la orientación sexual que pesan sobre los hombros de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas.

Los avances en términos de marcos jurídicos y de reconocimiento de los derechos indígenas, así como la inclusión de los principios de la pluriculturalidad, multietnicidad y multilingüismo en la Constitución de Venezuela, no han sido suficientes para la reivindicación efectiva de los pueblos originarios, lo que ha profundizado su situación de pobreza y discriminación.

 Amo: mujeres, niñas y adolescentes

El creciente proceso de degradación ambiental producido por la puesta en marcha y profundización de proyectos extractivos en el territorio nacional, del cual el Arco Minero del Orinoco es un caso alarmante, está incidiendo de manera creciente y con diversos grados de intensidad sobre la calidad de vida de toda la población, especialmente de las comunidades indígenas, afectando directa e indirectamente su salud y condiciones de existencia.

Las comunidades indígenas venezolanas, que representan el 2,7% de la población (INE, 2011), participan intensivamente en la defensa de sus territorios y la preservación de sus entornos, constantemente asediados por complejos intereses.

No hay que perder de vista que varias de las principales causas del deterioro ambiental están determinadas por profundas inequidades sociales, económicas y de manera especial y acentuada por razones de género, en un contexto de emergencia humanitaria compleja.

Algunos testimonios recopilados para el informe Mujeres en Línea 2019 confirmaron la presencia de focos de explotación de oro en el cauce del Rio Caroní.

“No te tienes que ir al Dorado ni adentrarte al sur del estado Bolívar. A 5 minutos de la Alcabala del km 70 hay explotación minera, y lo que prolifera es la malaria, el dengue y las enfermedades” dijo Ana Páez, docente de 48 años.

Páez también explicó que en la zona no hay módulos de salud y que las mujeres deben trasladarse al menos una hora para llegar al centro asistencial más cercano ya que el Hospital Guaiparo fue clausurado por estar fuera de condiciones.

“El único hospital que tenemos los guayasitanos es el Hospital del Seguro Social y en Ciudad Bolívar”, indicó.

Violencia militar y paramilitar contra las mujeres en el arco minero

En los últimos años, el sector militar (expresado en componentes de la FANB) se ha consolidado en la intervención directa e indirecta del proceso de extracción, procesamiento y comercialización del oro y demás minerales explotados en la región, en todas sus escalas.

Con el decreto del Arco Minero se le otorgan poderes especiales a este sector para garantizar el pleno desarrollo de todas las actividades mineras y comerciales realizadas en la zona, a lo que habría que agregar el establecimiento de las minas como zonas de seguridad administradas directamente por el Ministerio de Defensa tal como lo establece el artículo 38 de la Ley de Exploración y Explotación del Oro (2015).

La militarización del territorio del Arco Minero, decretado también como Zona Militar, no ha disminuido los niveles de violencia y la criminalidad en los estados que abarca. Más bien, es el Estado que actúa a través de una serie de imbricaciones entre el “pranato” y las fuerzas de seguridad, constituyendo lo que algunos investigadores han insistido en denominar ¨pranato minero¨.

En los contextos de violencia aumenta considerablemente la de género como lo es el aumento de femicidios, violencia sexual, trata y explotación, entre otras. El Observatorio Guayanés de Violencia de Género reporta que en el estado Bolívar se registraron 28 femicidios durante el primer semestre del 2017, con un 40% de víctimas de edades comprendidas entre 13 y 21 años.

Es así como en 2018, la violencia contra la mujer aumentó en todo el estado Bolívar. De acuerdo con el 8vo y 9no informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género que preparó la Organización No Gubernamental (ONG) Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu)6, entre enero y junio se suman un total de 14 femicidios en lo que va de año, concentrados en el estado Bolívar y Monagas con casos de violencia sexual y física y una mujer desaparecida. Los registros también señalan que hubo 5 víctimas de violencia sexual y abuso de autoridad por parte de efectivos del Estado, e incluso femicidios en grado de frustración.

Aunque no existen datos discriminados por etnicidad respecto a la violencia de género y femicidio, podemos inferir que los contextos mineros son profundamente agresivos con mujeres criollas e indígenas. En el caso de las mujeres indígenas resulta aún más compleja la situación de violencia ante la poca posibilidad de acceso a la justicia y las herramientas para la denuncia.

Degradación de la vida de mujeres y niñas en zonas mineras

La lógica devastadora del proyecto Arco Minero del Orinoco no se encuentra circunscrito solamente en la delimitación del territorio que establece el Decreto Nro. 2.248. La minería de pequeña escala está proliferando al sur del Rio Orinoco, reproduciendo enormes desigualdades en los estados Bolívar y Amazonas.

Las actividades mineras realizadas en el territorio han producido constantes enfrentamientos entre las bandas armadas y de estos con las fuerzas de seguridad, conflicto motivado por el control de territorios. Muchos de los enfrentamientos han tenido lugar en las inmediaciones de las propias comunidades indígenas, desplazando y atemorizando a la población.

Recientes casos de asesinatos de indígenas en la comunidad pemón de San Luis de Morichal del municipio Sifontes y en la comunidad de Jivis en el municipio Sucre, hablan de la violencia estatal y paraestatal de la que son objeto estas poblaciones. Cabe señalar que los reportes suelen visibilizar solo las muertes masculinas, mientras que se hace poca referencia a casos de intimidación contra mujeres indígenas y abuso sexual.

Según la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, en el informe Mujeres al Límite 2019, la violencia hacia las mujeres por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que derivan a su vez en altos índices de feminicidios y violencia territorial. Estos espacios de prostitución o currutelas, dominados por los agentes encargados para llevar los trabajos mineros, compran mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias en los negocios.

La mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por militares, mineros o grupos armados. Al mismo tiempo, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10), siendo las más pequeñas las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y por tanto, más económica.

Criminalización contra mujeres indígenas y luchadoras ambientales

En Venezuela a lo largo del año 2018 se registraron numerosos casos de intimidación, hostigamiento y omisión institucional contra mujeres indígenas lideresas de sus comunidades, y objeto de agresiones que van desde la difamación y acusación sin pruebas hasta el secuestro y tratos crueles. Los casos de mujeres indígenas que protagonizaron algunos de estos conflictos ambientales y/o territoriales fueron notables durante el año 2018, pero siguen estando invisibilizados por los medios de comunicación y las instituciones del Estado.

Lideresas indígenas agredidas u hostigadas durante el año 2018

Lisa Henrito

Fecha y características de la agresión: 23 de julio de 2018

Fue señalada de “traición y secesión” por un alto vocero militar en un programa por la televisora del Estado

Situación actual: Aunque la agresión fue duramente rechazada por el pueblo Pemón, el hostigamiento ha continuado y el gobierno no se ha retractado de los señalamientos.

Mary Fernández

Fecha y características de la agresión: 24 de noviembre 2018

Maestra Yukpa hija de la cacica Carmen “Anita” Fernández. Fue secuestrada y torturada por intereses relacionados a la ganadería en el estado.

Situación actual:

Fue liberada el 29 de noviembre y aunque la denuncia fue interpuesta todavía no se ha avanzado en la identificación de los responsables de este crimen.

Cacica Carmen ¨Anita¨ Fernández

Fecha y características de la agresión: 23 de noviembre 2018

La casa de Anita Fernández, cacica de Kuse en Sierra de Perijá fue saqueada y quemada y las reses de su propiedad fueron robadas.

Situación actual: El caso permanece impune y sus pérdidas no fueron repuestas.

Lucia romero

Fecha y características de la agresión: A lo largo de 2018

Su lucha por justicia en el caso del asesinato de su esposo Cacique Sabino Romero la ha llevado a una denuncia férrea que ha traído más muerte y represión a su familia. Durante 2018 denuncio agresiones contra sus familiares y amenazas.

Situación actual: Continúan sin procesar a los autores intelectuales señalados por la comunidad Yukpa. No hay medidas de protección para efectiva para Lucia ni su familia.

La minería es una actividad altamente masculinizada y en este contexto se producen formas de violencia y explotación dramáticas: prostitución; trata de mujeres para las minas; trabajo semi-esclavo; migración forzada; femicidios; violencia en aumento; embarazo adolescente, entre otras.

La amenaza de la proliferación de estas dinámicas en todo el país es sumamente peligrosa, generando afectación directa e indirecta en casi toda la población y el territorio. En esa dinámica de devastación niñas y mujeres llevan la peor parte, sin embargo, el estado las ignora. El esfuerzo por visibilizar estas realidades y asumir la denuncia como una causa urgente está en nuestras manos.